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El regreso de los recortes amenaza a las mayorías sociales mientras el FMI propone una salida que evita dañar más a las rentas bajas.
La deuda pública española, que ya alcanza un récord de 1,63 billones de euros (104,4% del PIB), vuelve a colocar al país en la mira de Bruselas. La Comisión Europea exige un ajuste fiscal de 3,6 puntos porcentuales del PIB entre 2025 y 2028, un esfuerzo que, aunque menor que el realizado tras la crisis de 2011, reabre las heridas de una austeridad que devastó servicios públicos y precarizó la vida de millones.
El Gobierno, presionado por las nuevas reglas fiscales europeas y la debilidad de las principales economías de la eurozona, se enfrenta al dilema de cómo cumplir con Bruselas sin hundir el crecimiento económico. El Banco de España ya advierte que cualquier recorte en inversión pública puede reducir el PIB en un 0,5%, mientras que recortar otras partidas afectará en un 0,3%. Ambas opciones tienen consecuencias graves para una economía que sigue arrastrando altas tasas de desempleo y desigualdad.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insiste en que los gobiernos deben “reconstruir los colchones fiscales”. Para el organismo, retrasar el ajuste solo agravará la situación, aunque reconoce que las rentas bajas serán las más afectadas por los recortes sociales. Las recomendaciones apuntan a recortes en transferencias públicas, subsidios y prestaciones, una fórmula que históricamente ha profundizado las brechas sociales.
IMPUESTOS A LOS MÁS RICOS: UNA SOLUCIÓN LIMITADA, PERO NECESARIA
El FMI plantea una alternativa que podría evitar el colapso social: aumentar los impuestos progresivos a las rentas más altas. Este enfoque, que minimiza el impacto en el consumo y protege a las rentas más bajas, choca con la realidad política y económica. Los tramos superiores del IRPF, los impuestos a la banca y a las energéticas, aunque necesarios, generan una recaudación limitada, lo que podría no ser suficiente para cubrir el ajuste exigido.
En España, las deducciones fiscales y bonificaciones representan una renuncia a ingresos de 45.268 millones de euros, un espacio que el FMI recomienda revisar. Los beneficios fiscales a empresas y grandes patrimonios siguen siendo una de las grietas más importantes del sistema tributario. Sin embargo, la resistencia de los sectores privilegiados y los grupos de presión convierte esta reforma en un desafío político de alto riesgo.
Los expertos señalan que la subida de impuestos progresivos no solo es una cuestión de justicia social, sino también una medida para proteger el crecimiento económico. Las rentas más altas, menos dependientes de su consumo, tienen capacidad para absorber mejor estas cargas, evitando así una contracción en la demanda interna. Sin embargo, economistas como Diego Martínez advierten que este enfoque debe complementarse con una estrategia más amplia, que incluya inversiones productivas y una mejora en la eficiencia del gasto público.
UNA ENCRUCIJADA ENTRE RECORTES Y FISCALIDAD JUSTA
Mientras que países como Francia han optado por recortes masivos en prestaciones sociales, España aún tiene margen para evitar esta ruta. Subir el Salario Mínimo Interprofesional y combatir la precariedad laboral se presentan como herramientas para sostener el mercado interno y garantizar un ajuste menos traumático. Pero las señales de Bruselas y el FMI son claras: el ajuste debe ser estructural y sostenido.
La austeridad regresa con fuerza, pero esta vez no puede recaer únicamente en las clases trabajadoras. La clave está en gravar a quienes más tienen y en redistribuir los recursos de manera justa, porque el verdadero lujo es que las mayorías puedan vivir dignamente.
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