El presidente de la Plataforma por la Defensa del Transporte de Mercancías, Manuel Hernández, tilda el acuerdo con el Gobierno de “migajas y propinas”
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las patronales mayoritarias de transportistas, agrupadas en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), para bonificar con 20 céntimos el litro de gasoil a cambio de poner fin al paro en el sector no satisface a la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, la asociación minoritaria a la que el Gobierno no reconoce como interlocutor.
De este modo, la Plataforma mantiene los paros y la protesta convocada en Madrid pese al acuerdo alcanzado esta madrugada.
El presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, ha considerado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno se traduce en “migajas y propinas” y ha advertido de que el paro continuará hasta que esta asociación sea recibida por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, según recoge El País.
“Con nosotros no ha hablado nadie, siguen sentándose con la gente equivocada, y siguen ofreciendo migajas y propinas para desconvocar un conflicto que para nada pasa por un descuento en el precio del gasóleo”, ha señalado Hernández en declaraciones a RNE.
Desde el Gobierno se ha señalado a Vox como instigador de los paros bajo el paraguas de este grupúsculo. Desde la sociedad civil también se ha comenzado a percibir este aspecto partidista en el paro del transporte.
«No recuerdo que un conflicto empresarial se haya resuelto nunca en este país poniendo más de mil millones de euros de dinero público encima de la mesa: 700 euros al mes por camión. Una vez que se han resuelto las negociaciones con éxito, continuar el paro es un sabotaje político», ha explicado el periodista Daniel Bernabé.
«Esto certifica el trasfondo real de la convocatoria por parte de esta asociación minoritaria: poner en jaque al gobierno, no defender los intereses de los camioneros», añade Joan Josep Solpor.
«El objetivo no es conseguir mejoras, sino provocar el caos».
«Cuando tienes motivos políticos y un ego que no te cabe en los pantalones, pues pasa esto… En los niños se le llama deficit de cariño. En los mayores, payaso».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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