Desde la entrada en vigor de la Reforma Laboral los contratos discontinuos fraudulentos no han dejado de crecer.
La Inspección de Trabajo ha puesto de manifiesto el desmedido porcentaje que representan los casos de los contratos fijos discontinuos fraudulentos.
En este sentido el ente público ha obligado a transformar en indefinidos 25.593 contratos que incumplían la legalidad en 9 meses de 2022.
Desde fuentes ministeriales, cercanas al Ministerio de Trabajo, y recogidas por Público, explican que se ha llegado a cotas del 66% de los contratos revisados en Aragón, del 63,2% en Asturias y del 59% en Catalunya.
«Sorprende que haya una bolsa de fraude tan grande y unos porcentajes tan elevados», señala al medio digital Vicente Lafuente, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Zaragoza.
De este modo se ha hecho latente aquello que auspiciaron los expertos al promulgarse el cambio legislativo y que ha supuesto un crecimiento magnánimo del uso de dicho tipo de contrato, antes marginal.
«Antes de la reforma laboral este contrato se utilizaba muy poco, pero ahora se ha abierto a empleos de duración cierta pero indeterminada», explica el profesor.
Aún así pide «no demonizarlo, pese a que algunas empresas estén haciendo un uso abusivo de él como antes se hacía con los de obra y servicio y con los de fomento del empleo».
Con este, sin embargo, muchos empresarios han tratado de esconder el nuevo marco legislativo, para así seguir promoviendo sectores donde la precarización laboral arrecia.
Desde Público, Eduardo Bayona recuerda que “esos 25.593 contratos de fijos discontinuos transformados en indefinidos ordinarios vienen a incrementar la intensa actividad contra el fraude en la contratación que viene desarrollando la Inspección de Trabajo que el año pasado, en vísperas de la entrada en vigor de la reforma laboral, ya forzó la transformación de 370.409 contratos eventuales fraudulentos en indefinidos”.
Se cumple así el deseo expreso de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, quien ha anunciado de forma reiterada una mayor inversión en Inspección por tal de desenmascarar el intento de trampas por parte de los empresarios y que atentan contra los derechos laborales más básicos.
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