Hoteles a 200 metros de la costa: el tóxico y peligroso negocio que PP y Vox mantienen tras la tragedia de la DANA 

La política de construcción sobre terrenos devastados evidencia la prioridad de los negocios frente a la vida humana.

El pasado 29 de octubre, mientras la Comunidad Valenciana vivía una de sus mayores catástrofes naturales con la DANA, que dejó más de 200 personas fallecidas, PP y Vox sellaban un acuerdo que reducía la distancia mínima para construir hoteles junto al litoral. Esta medida, lejos de responder a las lecciones que dejan los desastres climáticos, representa una apuesta explícita por favorecer intereses económicos a costa del equilibrio ambiental y la seguridad de las personas.

El cambio legislativo, amparado en el proyecto de ley ‘Plan Simplifica’, reduce de 500 a 200 metros la distancia mínima para nuevas edificaciones hoteleras cerca del mar. El argumento: agilizar la burocracia y “reactivar la economía”, una retórica que encubre el abandono de las responsabilidades políticas hacia un modelo de desarrollo sostenible y seguro.

El portavoz de Vox, José María Llanos, justificó la medida asegurando que “la normativa permite excepciones cuando barreras naturales o artificiales minimicen riesgos”, dejando en evidencia la desconexión entre las decisiones políticas y la realidad climática. Mientras tanto, desde el PP, Juanfran Pérez Llorca defendió la importancia del proyecto como si la tragedia del 29 de octubre no hubiese tenido lugar.

La DANA arrasó viviendas, destruyó infraestructuras y dejó a cientos de familias sin hogar. El agua lo cubrió todo en cuestión de horas, un recordatorio crudo del impacto de la crisis climática en zonas mal planificadas. Sin embargo, el PP y Vox no parecen considerar estas cifras como un argumento suficiente para replantear su modelo de urbanismo descontrolado.

PRIORIDAD AL BENEFICIO: EL COSTE HUMANO DE UNA POLÍTICA CIEGA

La tragedia no ha modificado el rumbo de quienes gobiernan la Generalitat Valenciana. El grupo socialista, en boca de José Muñoz, denunció que “el acuerdo evidencia una estrategia orientada exclusivamente a proteger el beneficio de unos pocos, sacrificando la reflexión necesaria sobre la ocupación del territorio”. Muñoz también criticó la ausencia de la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en el primer pleno posterior a la tragedia, un vacío político que subraya la falta de rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

La catástrofe climática no es una anécdota; es un patrón. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las DANAS son cada vez más frecuentes e intensas debido al aumento de las temperaturas globales. Construir cerca de la costa expone no solo a los edificios, sino también a las vidas humanas, al riesgo de inundaciones, corrimientos de tierra y devastación. Pese a ello, las fuerzas conservadoras insisten en un modelo de “progreso” que hace oídos sordos a los informes científicos.

Los efectos de estas decisiones no solo se miden en números; son visibles en las cicatrices del terreno y en las historias de quienes lo pierden todo. Las enfermeras y enfermeros que trabajan en condiciones extremas durante emergencias, los y las docentes que ven a su alumnado afectado por desplazamientos y pérdidas, las familias que cargan con el peso de reconstruir lo irrecuperable. Cada cifra tiene un rostro, una vida truncada, mientras las políticas urbanísticas se dictan en despachos al margen de la realidad.

La DANA es un espejo en el que los partidos gobernantes se niegan a mirarse. Cada metro ganado al mar es un metro perdido para la seguridad colectiva. No hay plan simplificado que justifique exponer a la ciudadanía a riesgos que podrían prevenirse con un urbanismo responsable.

Los informes de organizaciones internacionales como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) advierten que España es uno de los países más vulnerables al aumento del nivel del mar y a fenómenos extremos. Pese a estas advertencias, las prioridades parecen claras: los intereses inmobiliarios valen más que la protección de las vidas humanas.

La política ambiental en la Comunidad Valenciana se ha convertido en un campo de batalla donde las decisiones favorecen a quienes buscan beneficios inmediatos. El acuerdo de PP y Vox no es solo un insulto a las víctimas de la DANA; es un recordatorio de que el precio de estas políticas lo paga siempre la misma gente.