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El partido de ultraderecha normaliza el franquismo mientras decide sobre los presupuestos públicos
Esmeralda Pastor, destituida hace apenas dos meses como directora general de Justicia en Aragón tras un año de polémicas, ha encontrado acomodo en el grupo parlamentario de Vox en Balears. El nombramiento, realizado por el presidente de la Cámara balear, Gabriel Le Senne, la sitúa como asesora con un salario anual de 22.246 euros públicos, financiado con los impuestos de las y los ciudadanos. Su experiencia más destacada: posar en 2017 con una bandera franquista y publicar, al año siguiente, un rótulo en redes sociales calificando a Franco como “el gran dictador”.
Las reacciones no se han hecho esperar. Marta Carrió, diputada de Més per Mallorca, denunció en redes que “contratar con dinero público a franquistas reconocidos no debería ser posible”. La indignación es comprensible: ¿cómo se justifica que alguien con un historial tan explícito de apología del franquismo ocupe un puesto financiado por el erario público?
El caso Pastor no es un incidente aislado. Bajo la justificación de que sus manifestaciones fueron “anteriores al ejercicio de sus cargos”, figuras como Jorge Valero, exdirector general de Caza y Pesca en Aragón, también han mantenido posiciones institucionales tras homenajear a figuras como Millán-Astray, fundador de la Legión Española. La estrategia es clara: normalizar y blanquear símbolos y discursos que representan los 40 años de dictadura franquista, un período que dejó cientos de miles de víctimas, desapariciones y un legado de terror.
El mensaje de este nombramiento es inequívoco: para Vox, el franquismo no solo no es un problema, sino que forma parte de su identidad. Pero el hecho de que estas decisiones sean validadas por el Partido Popular, su socio de gobierno en varias comunidades, evidencia una peligrosa connivencia.
LOS MENORES MIGRANTES, VÍCTIMAS DE LA POLÍTICA DE ODIO
Mientras Vox asegura puestos públicos a figuras con ideologías autoritarias, negocia los presupuestos de Balears con medidas que afectan directamente a la población más vulnerable. A cambio de su apoyo a las cuentas del PP, el Govern balear ha aceptado someter a menores migrantes a pruebas dentales para verificar su edad, una práctica ampliamente cuestionada por organismos internacionales como UNICEF y tachada de inhumana por numerosas organizaciones de derechos humanos.
Estas pruebas, que han sido calificadas como invasivas y poco precisas, refuerzan la narrativa de Vox: criminalizar a quienes buscan refugio y oportunidades en España. El coste humano de estas políticas es incalculable. En lugar de garantizar una acogida digna, se prioriza un discurso de sospecha y exclusión.
El uso de herramientas pseudocientíficas para justificar medidas políticas recuerda otros episodios oscuros de la historia reciente, donde la ciencia fue manipulada para legitimar abusos. Someter a niños y niñas a procedimientos que cuestionan su humanidad no solo es éticamente reprochable, sino que sienta un precedente alarmante en el tratamiento a los migrantes.
UN MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL RENCOR
El pacto entre PP y Vox en Balears se traduce en un modelo de gobernanza que pone en el centro el odio y la nostalgia por un régimen totalitario. Mientras se otorgan salarios públicos a personas que ensalzan símbolos de opresión, se precarizan los derechos de quienes ya se encuentran en situaciones vulnerables.
No se trata de errores aislados, sino de una estrategia estructural que pone en riesgo los valores democráticos. Desde la bandera preconstitucional hasta las pruebas dentales, todo forma parte del mismo engranaje: el retroceso de derechos bajo el pretexto de la seguridad y la tradición.
En este contexto, resulta evidente que el franquismo no es solo un recuerdo del pasado para Vox, sino una herramienta política activa. La pregunta no es si hay límites, sino hasta dónde llegarán mientras les sigan cediendo poder.
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Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
Sony quiere matar el disco: juegos digitales para ricos y propiedad de mentira
Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.
La compañía lo presenta como adaptación al consumo. Reuters informó el 1 de julio de que Sony dejará de producir discos físicos para los nuevos lanzamientos de PlayStation desde enero de 2028, en un giro que llega después de que cerca del 80% de sus ventas completas de juegos en el año fiscal 2025 fueran digitales. La cifra parece aplastante. Lo digital ya domina. Pero una cosa es que millones de personas compren digital porque es cómodo, porque hay rebajas puntuales o porque las empresas empujan el mercado hacia ahí; otra muy distinta es convertir esa tendencia en una jaula.
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Porque la política no es una camiseta de fútbol. No se vota para quedar bien con el jefe, ni para parecer más “moderado”, ni para repetir lo que dice la tertulia de la mañana. Se vota sabiendo de qué lado cae cada medida cuando llega la factura.
Si trabajas para vivir, no votes a quienes gobiernan para que otros vivan de tu trabajo.