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La sanidad privada impone sus condiciones mientras la pública sufre el desgaste de sostener lo común.
El Gobierno se encuentra frente a una encrucijada: resolver el enigma de Muface, el sistema que permite a 770.000 funcionarios y a 424.000 de sus familiares optar por seguros de salud privados financiados con dinero público. Las aseguradoras, que han rechazado “la mayor subida de la historia” para renovar el concierto de 2025-2026, están ahora obligadas a justificar los costos que tanto aseguran no poder asumir.
El presupuesto rechazado, que ascendía a 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 millones para el segundo, incluía un incremento de 300 millones de euros respecto al contrato anterior. Sin embargo, las empresas privadas, encabezadas por gigantes como Adeslas, Asisa y DKV, consideran insuficiente incluso un aumento del 25%. Alegan la carga de atender a una población mutualista con una edad media de 57,8 años, los efectos de la inflación y unas prestaciones “por encima de la sanidad pública”.
Resulta irónico que las mismas empresas que promueven un modelo de salud como rentable y eficiente argumenten pérdidas al recibir fondos públicos. La paradoja de un sistema diseñado para privilegiar a un colectivo específico se sostiene sobre la precarización del resto de la ciudadanía.
La sanidad pública, que atiende a más de 48 millones de personas, debe hacer malabares para sobrevivir con presupuestos insuficientes mientras el Gobierno destina recursos significativos a sostener un modelo que perpetúa la desigualdad en el acceso a la salud. Este sistema bifurcado no solo es insostenible; también es un ejemplo de cómo el neoliberalismo impregna las estructuras públicas para beneficio privado.
TRANSPARENCIA, UN ARMA DE DOBLE FILO
La decisión del Ministerio de Función Pública de exigir transparencia en los costos representa un cambio significativo en la gestión de Muface. Hasta ahora, el Gobierno estimaba los costos que las aseguradoras deberían asumir. Ahora serán estas las que presenten pruebas sobre la construcción de sus primas, incluyendo datos por tramos de edad. El plazo de 10 días para justificar estas cifras refleja la urgencia de un problema que lleva años incubándose.
Sin embargo, esta iniciativa plantea preguntas incómodas. ¿Qué ocurre si las cifras justificadas por las aseguradoras resultan aún más elevadas? ¿Estará dispuesto el Estado a ceder más recursos públicos para alimentar un sistema que beneficia a una minoría? Es evidente que cualquier incremento en el presupuesto de Muface implica recortes en otras áreas sociales. Las consecuencias son claras: menos inversión en la sanidad pública, la educación o la vivienda, pilares fundamentales de un estado de bienestar que se tambalea.
Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad, que no tiene competencias sobre Muface, ha emitido un informe que plantea la posibilidad de incorporar a la población mutualista al sistema público. Este movimiento no solo sería viable, sino también razonable. No obstante, desde Función Pública aseguran que esta opción no está en sus planes inmediatos. El debate sobre la transparencia parece un parche temporal en un modelo que acumula décadas de contradicciones.
La propuesta de que los mutualistas elijan “de una vez y para siempre” entre sanidad pública o privada es otro intento por maquillar el problema. Este cambio permitiría a las aseguradoras planificar ingresos, pero no soluciona la raíz del problema: un sistema que segrega y privilegia a un colectivo en detrimento de la mayoría.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.
Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete a Silicon Valley en el corazón de Defensa
Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete el tecnofascismo en Defensa
Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.