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La sanidad privada impone sus condiciones mientras la pública sufre el desgaste de sostener lo común.
El Gobierno se encuentra frente a una encrucijada: resolver el enigma de Muface, el sistema que permite a 770.000 funcionarios y a 424.000 de sus familiares optar por seguros de salud privados financiados con dinero público. Las aseguradoras, que han rechazado “la mayor subida de la historia” para renovar el concierto de 2025-2026, están ahora obligadas a justificar los costos que tanto aseguran no poder asumir.
El presupuesto rechazado, que ascendía a 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 millones para el segundo, incluía un incremento de 300 millones de euros respecto al contrato anterior. Sin embargo, las empresas privadas, encabezadas por gigantes como Adeslas, Asisa y DKV, consideran insuficiente incluso un aumento del 25%. Alegan la carga de atender a una población mutualista con una edad media de 57,8 años, los efectos de la inflación y unas prestaciones “por encima de la sanidad pública”.
Resulta irónico que las mismas empresas que promueven un modelo de salud como rentable y eficiente argumenten pérdidas al recibir fondos públicos. La paradoja de un sistema diseñado para privilegiar a un colectivo específico se sostiene sobre la precarización del resto de la ciudadanía.
La sanidad pública, que atiende a más de 48 millones de personas, debe hacer malabares para sobrevivir con presupuestos insuficientes mientras el Gobierno destina recursos significativos a sostener un modelo que perpetúa la desigualdad en el acceso a la salud. Este sistema bifurcado no solo es insostenible; también es un ejemplo de cómo el neoliberalismo impregna las estructuras públicas para beneficio privado.
TRANSPARENCIA, UN ARMA DE DOBLE FILO
La decisión del Ministerio de Función Pública de exigir transparencia en los costos representa un cambio significativo en la gestión de Muface. Hasta ahora, el Gobierno estimaba los costos que las aseguradoras deberían asumir. Ahora serán estas las que presenten pruebas sobre la construcción de sus primas, incluyendo datos por tramos de edad. El plazo de 10 días para justificar estas cifras refleja la urgencia de un problema que lleva años incubándose.
Sin embargo, esta iniciativa plantea preguntas incómodas. ¿Qué ocurre si las cifras justificadas por las aseguradoras resultan aún más elevadas? ¿Estará dispuesto el Estado a ceder más recursos públicos para alimentar un sistema que beneficia a una minoría? Es evidente que cualquier incremento en el presupuesto de Muface implica recortes en otras áreas sociales. Las consecuencias son claras: menos inversión en la sanidad pública, la educación o la vivienda, pilares fundamentales de un estado de bienestar que se tambalea.
Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad, que no tiene competencias sobre Muface, ha emitido un informe que plantea la posibilidad de incorporar a la población mutualista al sistema público. Este movimiento no solo sería viable, sino también razonable. No obstante, desde Función Pública aseguran que esta opción no está en sus planes inmediatos. El debate sobre la transparencia parece un parche temporal en un modelo que acumula décadas de contradicciones.
La propuesta de que los mutualistas elijan “de una vez y para siempre” entre sanidad pública o privada es otro intento por maquillar el problema. Este cambio permitiría a las aseguradoras planificar ingresos, pero no soluciona la raíz del problema: un sistema que segrega y privilegia a un colectivo en detrimento de la mayoría.
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Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
Sony quiere matar el disco: juegos digitales para ricos y propiedad de mentira
Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.
La compañía lo presenta como adaptación al consumo. Reuters informó el 1 de julio de que Sony dejará de producir discos físicos para los nuevos lanzamientos de PlayStation desde enero de 2028, en un giro que llega después de que cerca del 80% de sus ventas completas de juegos en el año fiscal 2025 fueran digitales. La cifra parece aplastante. Lo digital ya domina. Pero una cosa es que millones de personas compren digital porque es cómodo, porque hay rebajas puntuales o porque las empresas empujan el mercado hacia ahí; otra muy distinta es convertir esa tendencia en una jaula.
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La campaña Desarmando Indra llevó el 30 de junio a la Junta General de Accionistas una denuncia incómoda: la empresa crece mientras crecen el rearme, las fronteras militarizadas y el genocidio contra el pueblo palestino. INDRA, BENEFICIOS Y ARMAS: EL NEGOCIO QUE SIEMPRE ENCUENTRA PRESUPUESTO…
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Porque la política no es una camiseta de fútbol. No se vota para quedar bien con el jefe, ni para parecer más “moderado”, ni para repetir lo que dice la tertulia de la mañana. Se vota sabiendo de qué lado cae cada medida cuando llega la factura.
Si trabajas para vivir, no votes a quienes gobiernan para que otros vivan de tu trabajo.