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Cada año, 10.000 millones de euros se evaporan por la evasión fiscal, mientras la desigualdad se profundiza en el corazón de Europa.
España pierde 10.000 millones de euros anuales por el abuso fiscal de multinacionales y grandes patrimonios. De esta cifra, 9.000 millones provienen de los beneficios empresariales que se ocultan en territorios como Países Bajos, Suiza o las Islas Caimán, mientras que otros 1.000 millones corresponden a fortunas individuales que se refugian en las mismas guaridas. Un informe de la Red de Justicia Fiscal señala que España ocupa el decimoquinto lugar entre los países más afectados por esta hemorragia fiscal.
Estos números no solo reflejan un problema técnico de recaudación, sino una complicidad estructural del sistema global. El llamado “eje de la evasión fiscal” –Reino Unido y sus territorios, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza– es responsable del 33% de las pérdidas fiscales mundiales. España, a pesar de ser víctima, también forma parte del entramado. El impuesto de Sociedades recauda en nuestro país un exiguo 2,8% del PIB, mientras que las ganancias empresariales están en máximos históricos tras haberse duplicado desde 2012.
A nivel europeo, la brecha fiscal es evidente. En 2023, el impuesto de Sociedades en España ingresó 35.000 millones de euros, muy por debajo de los 45.000 millones recaudados en 2007, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria. En términos relativos, esto significa un déficit de 0,6 puntos del PIB respecto a la eurozona, lo que equivale a 8.000 millones de euros que podrían haberse destinado a sanidad, educación o la transición ecológica.
Mientras tanto, las medidas para frenar esta evasión siguen siendo tímidas. El tributo mínimo del 15% para multinacionales, promovido por la Unión Europea, es insuficiente. No solo por su bajo porcentaje, sino porque está repleto de exenciones y bonificaciones que perpetúan la injusticia fiscal. La falta de ambición política en la transposición de esta normativa es un ejemplo más de cómo los intereses de los más ricos prevalecen sobre los de la mayoría.
LA AGENDA POLÍTICA: PROMESAS Y CONTRADICCIONES
En el foro del G20 celebrado en Brasil, el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se presentaron como abanderados de la justicia fiscal global. Sánchez pidió un impuesto global al patrimonio y Cuerpo instó a los países más ricos a ser valientes para redistribuir la riqueza. Sin embargo, esta retórica contrasta con las dificultades internas para implementar medidas fiscales justas.
El compromiso del Gobierno español de crear impuestos permanentes sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas sigue sin cumplirse. En 2022, estos sectores obtuvieron ganancias récord gracias al aumento de los tipos de interés y la crisis inflacionaria. No obstante, sus aportaciones fiscales siguen siendo mínimas en comparación con sus beneficios.
El problema no es solo nacional. A nivel global, el abuso fiscal es posible gracias a la falta de coordinación internacional. Según la Red de Justicia Fiscal, el 43% de las pérdidas tributarias globales se deben a ocho países que se oponen a una convención fiscal de la ONU, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Estas potencias no solo bloquean avances, sino que amenazan con represalias a los países que intentan aplicar impuestos más progresivos, como ha ocurrido con Canadá y su impuesto a los servicios digitales.
A pesar de los esfuerzos de economistas como Gabriel Zucman o el Nobel Joseph Stiglitz, las reformas internacionales se enfrentan a una oposición feroz por parte de sectores monopolísticos, como la banca y la energía, y de partidos políticos conservadores. En España, esta resistencia está liderada por el Partido Popular, Junts y el PNV, quienes protegen los intereses de las élites económicas.
LOS COSTES HUMANOS DE LA INJUSTICIA FISCAL
La evasión y elusión fiscal no son solo cuestiones técnicas. Cada euro que no se recauda es un euro menos para las y los profesionales de la sanidad, para las y los docentes que educan a las próximas generaciones o para las infraestructuras públicas que sostienen nuestras ciudades. Según Oxfam, los impuestos son el “superpoder social” que permite reducir desigualdades y enfrentar crisis globales como la emergencia climática.
En un momento en el que las crisis se acumulan –económica, sanitaria, ambiental–, resulta intolerable que las grandes empresas y fortunas eludan su responsabilidad mientras las clases trabajadoras sostienen el peso del sistema. Las guaridas fiscales no son solo un refugio para el dinero; son la expresión más pura de un sistema que privilegia la acumulación de riqueza por encima del bienestar colectivo.
La fiscalidad progresiva no es una opción ideológica, sino una necesidad. Sin ella, el futuro será un lugar donde la desigualdad y la precariedad se conviertan en la norma, mientras un puñado de multimillonarios decide el destino de la mayoría.
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