Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Lorena Morales, portavoz de Mujer del PSOE, ha denunciado estas tétricas estrategias ideológicas de la Comunidad de Madrid.
La portavoz de Mujer del PSOE en la Asamblea madrile´ña, Lorena Morales, ha realizado una escabrosa denuncia que implica a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. “En lugar de mandar un vehículo de la consejería de Sanidad, envían una funeraria con un ataúd para adultos, lo que genera gran alarma y envía un mensaje ideológico durísimo”.
Esta vergonzosa acción forma parte de la demonización del aborto y la involución ideológica a la que la Comunidad de Madrid está sometiendo a sus ciudadanas. La estrategia también conlleva pagar con retraso a las clínicas de interrupción del embarazo o trabajar sin contrato con ellas.
«La Comunidad está asfixiando porque les debe cuatro meses, acumula una deuda de más de un millón de euros y trabaja con ellas sin convenio y sin contrato, lo que supone una gran inseguridad para las propias usuarias», denunciaba Morales en La SER.
Madrid y el aborto
Del total de 14.254 interrupciones del embarazo en toda la región en 2020, solo 2 se practicaron en un hospital público. Y eso a pesar de que casi la mitad de ellas -un 47 por ciento- se había informado del procedimiento en un centro público. Un gran número de estas derivaciones son debidas a la objeción de conciencia de sus médicos.
El resto de casos, 14.252, se derivan a una de estas clínicas acreditadas que, han confirmado la ausencia de un convenio estable con la Comunidad de Madrid, algo que no ocurre en otras comunidades autónomas.
La semana pasada, la portavoz de Más Madrid y médico, Mónica García, recordaba a Ayuso los casos en los que mujeres no han podido abortar en hospitales madrileños por la objeción de conciencia. Se refiere García a un caso que desvelaba la cadena Ser en el hospital Clínico de San Carlos, un centro público que se negó a practicar un aborto pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para la mujer.
«Desconozco el caso del que me habla, pero créame que yo no voy a obligar a ningún médico de la Sanidad Pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo el cual fue compañero suyo de carrera, una persona que empezó a estudiar Medicina para salvar vidas y no para hacer lo contrario», manifestaba Ayuso. «A lo mejor usted si, yo es que la tengo muy tranquila», zanjaba.
La historia de Marta
Marta Vigara, médica de Hospital Clínico San Carlos de Madrid, decidió llevar su gestación en el mismo lugar donde trabaja ya que le aportaba más seguridad «estar en casa», pero a los cuatro meses de embarazo, una rotura de bolsa complicó la situación. Sin líquido amniótico las probabilidades de supervivencia del feto eran muy bajas, por lo que los médicos del hospital le recomendaron interrumpir la gestación, pero ninguno de los ginecólogos del centro le practicaría el aborto.
Resulta que todos los médicos del Hospital Clínico San Carlos que podrían realizar el aborto son objetores de conciencia y se negaron a realizarlo. Marta tuvo que acudir a una clínica de interrupción voluntaria del embarazo.
Marta Vigara denunció con su testimonio lo que asegura que va en contra del código deontológico de su profesión: que exista una objeción de conciencia colectiva. Según ha podido saber el mismo medio, todos los médicos del departamento de Ginecología se declararon en 2009 objetores de conciencia y, desde entonces, derivan a las mujeres a clínicas privadas.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.