El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a ocho años y medio de prisión impuesta a un antiguo encargado de un banco de alimentos de una entidad religiosa de Almería por exigir a una mujer en situación de exclusión social mantener relaciones sexuales con él a cambio de comida para ella y sus dos hijos.
El condenado era el responsable de repartir alimentos a personas en situación desfavorecida de parte de la Iglesia Evangélica La Puerta en la localidad almeriense de Vícar.
En el verano de 2014 contactó con una mujer, en situación de exclusión social y necesidad, a la que, sin estar inscrita previamente en el Banco y al margen de la asignación oficial establecida para cada fase de ayuda, proporcionó diversos alimentos con el fin de ganarse su confianza.
En ese primer encuentro y antes de marcharse, el hombre le hizo tocamientos en el glúteo y se ofreció a ayudarla si ella mantenía relaciones sexuales con él, algo a lo que la víctima terminó accediendo porque su situación era desesperada y no tenía alimentos básicos para sus hijos.
La mujer mantuvo relaciones sexuales con el condenado en diversas ocasiones, siempre bajo la promesa por parte de él de que no iba a faltarle de nada. En un encuentro le entregó 15 euros, pero en otro, en el que la víctima se negó a practicar sexo anal, el hombre suspendió la entrega de alimentos.
Dinero a cambio de la inscripción y para retirar los alimentos
Además, el condenado exigía cinco euros a las personas inscritas oficialmente en el programa de alimentos y que se encontraban en situación de exclusión social, argumentando que era una condición previa necesaria para obtener la inscripción en el programa. En otros casos les exigía el pago de 2 euros para retirar los alimentos del almacén.
El Tribunal Supremo acaba de confirmar las condenas que le impuso primero la Audiencia de Almería y después el Tribunal Superior de Andalucía: ocho años y medio de prisión por un delito de abusos y otros 300 euros de multa por otro delito leve de estafa.
Según la sentencia, los hechos probados muestran «con manifiesta claridad la situación de superioridad, de marcada asimetría social y personal, en la que se encontraba el recurrente respecto a una víctima en situación de extrema necesidad con dos hijos pequeños, sin trabajo, separada, sin percepción de ayudas públicas y con problemas de adicción a las drogas».
Una testigo ofreció datos significativos sobre la existencia «de una suerte de modelo de aprovechamiento de la necesidad vital de algunas personas que acudían al banco de alimentos, en particular de mujeres, desarrollado por el recurrente».
Además, aportó audios que revelan cómo el hombre aprovechaba su posición en el banco de alimentos para obtener favores sexuales de algunas de las mujeres con las que contactaría.
También ha hecho alusión a otros testigos que revelaron que éste les pidió dinero a cambio de entregas de alimentos a pesar de que estas debían ser gratuitas o que condicionaba a mantener relaciones sexuales a la solicitante de la ayuda.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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