Un vídeo expone la doble moral del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco
La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido todas las concentraciones el 8 de marzo en la capital de España. El Gobierno argumenta que las posibles confluencias y los desplazamientos que se iban a ocasionar en un período de tiempo relativamente corto han sido las principales razones para suspenderlas.
El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha explicado que había convocadas hasta 104 manifestaciones, el 70% de las cuales era para reivindicar el Día Internacional de la Mujer. Por motivos de salud pública, se ha abortado cualquier posibilidad de concentración masiva en la calle.
«Lo que ha pasado es que ha habido una acumulación de concentraciones previstas. Solo entre domingo y lunes había 104 de manifestaciones, no que el número fuera de 500 personas por concentración. Había de todo tipo, había reivindicativas y de otro tipo que nada tenía que ver con el 8M. Lo hemos hecho desde el máximo rigor, teniendo en cuenta los recorridos, los lugares de celebración y dada la situación sanitaria de Madrid… tenemos las UCI por encima del 40%, hemos pedido informes a Sanidad y a la Policía y no es caprichosa ni contradictoria. Si alguien hay defensor de los derechos de la mujer es este delegado del Gobierno y este partido», explicó el delegado a La Ser.
Irene Montero, ministra de Igualdad, ha reaccionado a la decisión de la Delegación del Gobierno. «Debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias, qué duda cabe, pero esto no significa que no sepamos el señalamiento a las mujeres, a la lucha feminista por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria», ha explicado.
Franco y la diferenciación entre manifestaciones
Llama la atención que José Manuel Franco haga una diferenciación tan grande entre la manifestación del 8M y, por ejemplo, la manifestación negacionista en la que los asistentes ni siquiera portaban mascarilla. De ello se ha hecho eco Miquel Ramos, que ha publicado un vídeo de una entrevista en Café y Parole, de Telemadrid, en el que expone la doble moral del delegado:
«Durante el periodo del estado de alarma se han consentido manifestaciones de todo tipo», explicó el delegado. «Se exigía que se mantuviesen las medidas adecuadas de seguridad en todo momento, medidas de salud pública», apuntaba José Manuel Franco.
«Es más -aclaraba-, durante el estado de alarma hubo algunas delegaciones del Gobierno que prohibieron manifestaciones y luego la justicia le dieron la razón a los convocantes y esas manifestaciones se realizaron».
«Una vez que se inicia la manifestación esta -haciendo referencia a la manifestación negacionista celebrada en Madrid-, la policía hace lo que a mi juicio tiene que hacer: hace el perímetro, impidió ocupar las calles adyacentes y en cuanto ve que hay muchas personas sin mascarilla intenta identificar al mayor número posible de personas sin ella», señaló Franco.
«Si en aquel momento llegásemos a disolver la manifestación, hubiese sido peor el remedio que la enfermedad, porque esa gente se hubiese dispersado», finalizó el delegado.
Indignación por el trato desigual del 8M ante la ultraderecha
Resulta llamativa también esta decisión de frenar en seco las manifestaciones del 8M mientras se permitió en Madrid bares abiertos, metros abiertos y tiendas llenas para no perjudicar la economía. Y más que llamativo, resulta ofensivo que se permitiesen manifestaciones contra la Ley Educativa, contra el propio Gobierno, o incluso manifestaciones fascistas.
Todas las plataformas feministas habían anunciado su intención de hacer encuentros controlados y no masivos para evitar el contagio en un contexto de pandemia, por lo que sería fácilmente controlable si se tuviese intención de permitir estos actos.
Uno de los actos permitido que más pueden ofender al movimiento feminista y a los ciudadanos y ciudadanas que apoyan la libertad de reunión y de manifestación es el que el 13 de febrero se permitió un homenaje neonazi a la División Azul en el que saltó a la palestra la joven falangista Isabel Peralta con un mensaje antisemita.
La policía acaba de confirmar que Peralta cometió un delito de odio al infringir el artículo 510 del Código Penal, que contempla penas de hasta cuatro años de prisión.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
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