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En enero de 2011, Marlaska mandó arrestar a Iñigo González. Tras cinco días incomunicado en manos de la Guardia Civil, González denunció torturas en forma de golpes, asfixia con una bolsa y simulaciones de violación.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a indemnizar con 20.000 euros a Iñigo González por no investigar adecuadamente las torturas que este denunció haber sufrido tras ser detenido por la Guardia Civil.
González, que fue condenado en 2016 por Fernando Grande-Marlaska -ahora ministro del Interior- a dos años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, acudió al Tribunal de Estrasburgo el 6 de marzo de 2017 alegando una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
Según recogió el diario ‘Gara’ en aquel momento, González expuso que había sido víctima de «golpes por todo el cuerpo, simulacros de violación y de aplicar electrodos», así como de amenazas relacionadas con la familia y prácticas como la de «la bolsa».
La corte de Estrasburgo ha considerado que, “dada la ausencia de una investigación profunda y efectiva sobre las denuncias del demandante de que había sido maltratado durante su detención incomunicada”, “se ha producido una violación del artículo 3 de la Convención en su aspecto procedimental” y, en consecuencia, ha condenado a España a pagar 20.000 euros a González en concepto de “daño moral”.
Ignorado por la justicia española
Las supuestas torturas fueron investigadas por los juzgados de instrucción y la Audiencia Provincial de Madrid, aunque la justicia desestimó las denuncias de González Etayo al considerar que no había indicios. El Tribunal Constitucional también rechazó el recurso de amparo, lo que le llevó hasta el Tribunal de Estrasburgo.
Los tribunales revisaron los informes de los médicos forenses que examinaron a González tanto en custodia policial como en la cárcel de Estremera. Escucharon su testimonio, pero se negaron a identificar a los guardias civiles señalados por el denunciante.
En 2015, un informe psicológico determinó que sufría síntomas de estrés postraumático.
España, reincidente con las torturas
Estrasburgo ha condenado en más ocasiones a España por no investigar torturas a detenidos que se encontraban bajo la custodia de Grande-Marlaska, entonces juez: a estos, se suman también los casos de Beatriz Etxebarria —cuyo juicio se ordenó repetir al no haberse tenido en cuenta las torturas denunciadas— en 2014 y de Igor Portu y Mattin Sarasola en 2018, autores estos últimos de los atentados de la T4 del aeropuerto de Barajas.
Estrasburgo considera que las autoridades españolas “deberían establecer un código de conducta claro en el procedimiento a seguir para interrogar a los responsables de vigilar a los detenidos que estén incomunicados y garantizar su integridad física”.
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