España sanciona a los ultras de Israel, pero protege al verdugo principal 

El Gobierno presume de firmeza contra el genocidio en Gaza mientras deja fuera a Netanyahu y al ministro de Defensa, responsables directos de la masacre.

EL GESTO INSUFICIENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS

El Consejo de Ministros aprobó este 9 de septiembre la prohibición de entrada a España de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y de Bezalel Smotrich, titular de Finanzas. Ambos son conocidos por su racismo militante, sus arengas contra la población palestina y su papel en el aparato de ocupación. El Ejecutivo español vende la medida como un paso firme frente al genocidio en Gaza, pero el alcance real es limitado.

Ni Netanyahu ni el ministro de Defensa, Israel Katz, figuran en la lista. Y sin embargo, las órdenes de expulsión, los bombardeos masivos, las ejecuciones extrajudiciales y los asentamientos ilegales llevan su sello. El presidente israelí es el verdadero director de orquesta de la limpieza étnica en curso. Sobre Netanyahu pesa una orden internacional de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), pero el Gobierno español se escuda en ello para no incluirlo. Una maniobra que, lejos de mostrar coherencia, exhibe el miedo de Sánchez a incomodar más de lo imprescindible.

Mientras, otros países como Canadá, Reino Unido o Bélgica han ido más allá y sancionan abiertamente a ministros, colonos y altos cargos cómplices de la maquinaria genocida. España vuelve a llegar tarde y a medias, disfrazando de valentía lo que no pasa de un gesto cosmético.

LOS PERFILES DE LOS SANCIONADOS Y LOS PROTEGIDOS

Itamar Ben Gvir, al frente de Seguridad Nacional, es un extremista al que el propio ejército israelí vetó en su juventud por considerarlo un peligro. Ha sido condenado por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista. Hoy controla la policía y las fuerzas de seguridad que asedian Gaza y Cisjordania.

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, se autodefine sin pudor como “homófobo fascista”. Fue detenido en 2005 por participar en protestas violentas y desde entonces ha impulsado políticas de segregación racial en hospitales, colonias y escuelas. Sus discursos exigen represalias masivas contra la población palestina. Su partido, Sionismo Religioso, sostiene en el Parlamento a un Netanyahu procesado por corrupción.

Frente a ellos, Israel Katz, ministro de Defensa, queda al margen de las sanciones pese a ser quien dirige a las Fuerzas Armadas responsables de la masacre. En mayo, prometió “construir un Estado judío” sobre la tierra palestina mientras se anunciaban 22 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania. Katz no tiene una orden de arresto internacional, pero la decisión política en Madrid lo deja indemne.

El resultado es una lista que castiga a dos peones visibles del extremismo, pero protege al verdadero núcleo de poder: Netanyahu y Katz. El mensaje a Tel Aviv es claro: España protesta, pero no está dispuesta a romper con quienes dirigen el genocidio.

Albares se justifica diciendo que la lista “está abierta y en evolución”. La realidad es que el Ejecutivo prefiere sancionar a figuras ya quemadas y señaladas por la comunidad internacional antes que confrontar con quienes mueven los hilos de la maquinaria militar.

La foto final es desoladora: España se presenta como pionera de los derechos humanos mientras blinda al verdugo.

El pueblo palestino, que soporta el hambre, los bombardeos y el despojo, no necesita gestos a medias. Necesita que la impunidad termine.