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El presidente de Estados Unidos vuelve a usar los tribunales como arma política contra un medio público que se niega a pedir permiso para contar los hechos.
Donald Trump ha vuelto a hacer lo que mejor se le da cuando el relato se le escapa de las manos: judicializar la realidad. El 16 de diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos anunció una demanda de 10.000 millones de dólares contra la BBC, acusando a la radiotelevisión pública británica de difamación, manipulación informativa y hasta de interferencia electoral. La cifra no es casual. Es obscena. Y es, sobre todo, un mensaje.
La demanda se centra en un documental emitido en 2024 dentro del programa Panorama, titulado Trump: A Second Chance?, que analizaba el impacto político de un eventual segundo mandato de Trump. En él se incluía un fragmento de su discurso del 6 de enero de 2021, el día del asalto al Capitolio. La BBC reconoció que el vídeo contenía una edición incorrecta, al unir dos frases pronunciadas en momentos distintos del mitin. Se disculpó. Retiró el documental. Y aun así, Trump exige 5.000 millones por difamación y otros 5.000 millones por supuestas prácticas comerciales desleales.
No es una demanda para ganar un juicio. Es una demanda para amedrentar.
EL USO DEL DERECHO COMO GARROTE POLÍTICO
Trump sostiene que la edición hacía parecer que incitó directamente a la violencia, algo que, según él, no hizo. Pero los hechos son tozudos. Ese 6 de enero de 2021, Trump dijo a sus seguidores que marcharían juntos al Capitolio y les pidió que “lucharan” para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. Las palabras existieron. El contexto existió. Y el resultado también: un intento violento de revertir un proceso democrático que dejó muertos, decenas de heridos y una herida institucional que sigue abierta.
La discusión legal se apoya en un tecnicismo ético, no en una falsedad sustancial. Como recordó el periodista Bill Keller, ganador del Pulitzer, centrar el debate en una edición defectuosa sirve para ocultar la realidad central: Trump alentó, legitimó y celebró un intento de golpe institucional. La BBC pidió disculpas por el montaje, pero dejó claro que eso no convierte el contenido en difamatorio. Y ha anunciado que defenderá el caso hasta el final.
Trump, en cambio, eleva el conflicto a una escala grotesca. Habla de interferencia electoral cuando el documental no se emitió en Estados Unidos, no estuvo disponible en Florida y solo podía verse mediante VPN, con fuertes restricciones. Aun así, sostiene que pudo influir en el voto de la ciudadanía floridana. El argumento roza el esperpento, más aún si se recuerda que Trump ganó las elecciones de 2024.
Demandar por interferencia electoral después de haber ganado es una pirueta jurídica que solo se sostiene desde el poder.
CUANDO EL PODER QUIERE SILENCIO
El caso no se entiende sin el contexto. En 2025, varias grandes corporaciones mediáticas estadounidenses optaron por pactar con Trump para evitar litigios costosos. El precedente más sonado fue el acuerdo de 16 millones de dólares entre Paramount y el entorno del presidente, duramente criticado por Reporteros Sin Fronteras. La BBC ha elegido el camino contrario. No pagar. No ceder. No agachar la cabeza.
Ese gesto tiene un valor político enorme. En un ecosistema mediático cada vez más sometido a la lógica del mercado, la BBC recuerda que el periodismo no es una mercancía ni un servicio a la carta del poder. Defender un error no es justificarlo, sino impedir que se convierta en censura preventiva.
Los expertos legales consultados coinciden. El abogado británico Mark Stephens ha señalado que convencer a un tribunal de Florida de que un programa nunca emitido allí cambió la percepción del electorado es poco menos que imposible. En el mejor de los casos para Trump, una disculpa era una respuesta razonable. La BBC ya la ofreció. Exigir miles de millones revela otra cosa: una estrategia de intimidación sistemática.
No es un caso aislado. Es parte de un patrón. Trump utiliza los tribunales como herramienta de castigo contra periodistas, juezas y jueces, activistas y rivales políticos. No busca reparación, busca silencio. Y cuando el silencio no llega, sube la apuesta.
La BBC, con todas sus contradicciones y límites, ha decidido no comprar paz judicial a cambio de autocensura. En un momento histórico marcado por el avance del autoritarismo, ese gesto importa. Porque si los medios públicos se pliegan, lo que queda no es neutralidad, es propaganda.
El problema no es una edición defectuosa. El problema es un poder que no tolera que le recuerden lo que dijo, cuándo lo dijo y qué provocó.
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Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
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