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Una maquinaria diseñada para borrar testigos y responsabilidades
Hacer periodismo en este momento histórico implica mirar de frente a un poder que ya no se molesta en disimular sus impulsos más oscuros. La operación de las narcolanchas en el Caribe, convertida en una campaña militar opaca y letal, es hoy uno de los escenarios más peligrosos para la legalidad internacional. Lo es porque documentos, testimonios y filtraciones coinciden en que la orden central fue simple y brutal: “matar a todo el mundo”, según reveló The Washington Post en un reportaje sobre el “doble tap” ejecutado el 2 de septiembre de 2025, donde un segundo ataque remató a las personas que habían sobrevivido a la primera detonación.
La revelación inicial del Post puede leerse en el informe sobre el operativo y el supuesto mandato de Pete Hegseth de “kill them all” integrado en esta investigación periodística. La secuencia, que incluyó a un comandante de Operaciones Especiales ordenando un segundo impacto tras ver en directo que quedaban supervivientes, fue ejecutada por unidades de SEAL Team 6, según ampliaron fuentes citadas por The Intercept a través de su reconstrucción de los ataques múltiples a una embarcación cerca de Venezuela.
EL GIRO INESPERADO EN EL CONGRESO DE EEUU
Hasta hace apenas días, los comités de las Fuerzas Armadas en ambas cámaras se habían limitado a repetir el relato oficial de la Casa Blanca. Pero la presión por las evidencias ha forzado un viraje. El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, y el demócrata Jack Reed han solicitado información directa al Departamento de Defensa, tal como puede verificarse en su comunicación pública conjunta.
En paralelo, la dirección republicana del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes también ha anunciado su propio examen, según reflejó el comunicado difundido por el grupo en su publicación oficial. El mensaje es inequívoco: el Pentágono tendrá que explicar qué órdenes exactas se dieron y quién decidió rematar a personas ya incapacitadas.
Las acusaciones no proceden solo de voces progresistas. Truthout recogió la advertencia de un congresista que calificó la operación como “crimen de guerra o asesinato”, citado dentro de este análisis jurídico y político. Y el diagnóstico del relator de la ONU, que describió estos ataques como un “crimen contra la humanidad” con un total de 61 personas muertas, está incorporado en este informe independiente.
UN PENTÁGONO DESBOCADO Y LA DOCTRINA DE “NO DEJAR SUPERVIVIENTES”
Pete Hegseth, secretario de Defensa, ha evitado hacer cualquier comentario sobre el fondo del escándalo, algo que recoge ABC News en su cobertura de la negativa a responder.
Trump, por su parte, intenta mantener su ambigüedad habitual. Dice que él no habría querido un segundo ataque, pero defiende a Hegseth. La Casa Blanca asegura que todo es legal mientras sus propios funcionarios reconocen lo contrario. Es la arquitectura del poder absoluto: la palabra presidencial convierte lo ilegal en obediente.
La semana pasada, el presidente fue más lejos: ordenó considerar “cerrado por completo” el espacio aéreo sobre Venezuela, tal como reveló The Washington Post en su informe sobre la escalada aérea y marítima. La militarización del Caribe ya no es táctica, es estratégica. Y busca algo más profundo que perseguir lanchas.
LAS PRUEBAS SE ACUMULAN Y LOS ABOGADOS MILITARES HABLAN DE “ORDENES PATENTEMENTE ILEGALES”
El giro más contundente llegó desde un grupo de antiguas y antiguos abogados militares, expulsados por Trump tras negarse a avalar maniobras ilegales. En un documento de enorme relevancia jurídica, afirmaron que las órdenes dadas en el Caribe equivalen a crímenes de guerra y que cualquier persona que las emitiera o cumpliera podría enfrentarse a procesos penales por homicidio. Su análisis está recogido de forma íntegra en este dictamen legal.
A esta arquitectura de ilegalidad se suma la constatación —descrita en tiempo real por The Guardian— de que la administración mintió en los primeros informes a puerta cerrada, como muestra su cobertura en vivo.
Las y los especialistas en derecho internacional también han descartado la versión militar según la cual la segunda detonación buscaba “evitar riesgos de navegación”. No había riesgo. Había supervivientes. Y había una orden: eliminarlos.
Por eso, cuando The Intercept aportó más detalles sobre los ataques sucesivos —incluyendo la manipulación del “briefing” enviado al Congreso—, quedó claro que no se trataba de un error operativo, sino de una doctrina: no dejar con vida a nadie que pudiera contar lo sucedido.
UN PAÍS QUE OPERA AL MARGEN DEL DERECHO INTERNACIONAL
La operación de las narcolanchas fue clasificada durante meses, pero hoy es uno de los mayores escándalos de la administración Trump. Una campaña militar ejecutada sin supervisión parlamentaria, con mandos que interpretan las palabras del secretario de Defensa como reglas absolutas, y con soldados enviados a disparar contra personas incapacitadas, violando todas las convenciones internacionales y todos los códigos militares de Estados Unidos.
La pregunta no es si habrá consecuencias. La pregunta es si el sistema político estadounidense permite que un presidente y un secretario de Defensa conviertan la guerra en un salvoconducto para la impunidad.
Porque cada vez que se dispara contra quien ya no puede defenderse, se mata algo más que a una persona. Se mata la idea misma de legalidad.
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