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Un tribunal que ignora tres informes oficiales abre la puerta a una indemnidad inédita
EL VACÍO DE CINCO AÑOS
La justicia valenciana está a punto de firmar uno de los episodios más desconcertantes de la historia reciente de la corrupción institucional.
Augusto César Tauroni, cabecilla de la trama que saqueó dinero destinado a cooperación internacional, podría llegar a recuperar 1.500.000 euros robados. No es una hipótesis remota. Es la consecuencia directa de una inacción judicial sostenida durante más de cinco años.
La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de València, responsable de ejecutar la sentencia de 2020 del conocido caso Blasco, no ha fijado todavía la responsabilidad civil de cuatro empresarios condenados.
El dato es relevante porque sin esa fijación, los condenados no están obligados a devolver lo robado. Y en el caso de Tauroni, podría incluso reclamar la devolución de 1,5 millones actualmente retenidos en EE UU, procedentes de la subasta de dos pisos en Miami comprados con fondos públicos desviados.
Todo esto sucede pese a que el tribunal dispone desde hace años de tres informes oficiales que cuantifican la responsabilidad civil entre 5 y 7,6 millones de euros:
- Un informe de la Generalitat Valenciana que sitúa el daño en 5.667.930,54 euros.
- Un acta del Tribunal de Cuentas que cifra la salida irregular de fondos en 5.614.823,54 euros más 2.485.636,32 euros de intereses de demora.
- Un informe del Interventor General del Estado que detalla 5.667.930,54 euros en subvenciones públicas malversadas.
La Audiencia no ha aceptado ninguno. A los tres los considera insuficientes, incompletos o no ajustados a lo que la sala necesita. Mientras tanto, el tiempo corre a favor de los condenados.
TRES INFORMES, UNA SALA INMÓVIL
En su sentencia de 2020, la Sección 5ª condenó a prisión a Félix Sanz Pardo, Rafael Cuquerella, Arturo Ignacio César Tauroni Masiá y Augusto César Tauroni Masiá, todos ellos partícipes del saqueo de fondos para ONG entre 2009 y 2011.
Pero como ninguno aceptó una conformidad con la Fiscalía, la Audiencia decidió dejar para la fase de ejecución la fijación de la responsabilidad civil.
Ahí sigue.
El 8 de octubre de 2025 la propia sección, ya con otros magistrados, volvió a afirmar que no puede fijar la cuantía, pese a tener sobre la mesa los tres informes citados. Ninguno le convence. Ninguno le parece suficientemente fundamentado. Ninguno le parece útil.
La Abogacía de la Generalitat y la Fiscalía han recurrido. Ambos escritos son duros. Muy duros. Señalan que la sala está obligada por ley (arts. 109 y 115 del Código Penal) a fijar la responsabilidad civil cuando hay daños acreditados y no existe renuncia por parte de la administración perjudicada.
No es el caso.
La Generalitat no ha renunciado a nada. De hecho, ha cuantificado expresamente su perjuicio en 5.035.942,45 euros.
La Fiscalía va más allá. Recuerda que el Tribunal de Cuentas es el único organismo competente para fijar responsabilidad contable, y que su acta es imprescindible. Considera que la Audiencia no puede obviarla. Y subraya algo que sobrevuela todo el procedimiento: la Sala podría esperar a la resolución definitiva del Tribunal de Cuentas, pero no puede negarse a fijar la cuantía.
Mientras se discute sobre informes y competencias, el cabo suelto es nítido: si no se fija esa cantidad, los condenados no devolverán nada.
MIAMI COMO SÍMBOLO
El caso Blasco ya es un símbolo en València. Saqueo de fondos para cooperación. Dinero destinado a ONG desviándose a empresas privadas. Políticos y empresarios compartiendo intereses.
Pero la deriva de la fase de ejecución puede convertirlo en algo todavía más corrosivo: un precedente donde un corrupto condenado no solo no devuelve lo sustraído, sino que recupera parte del botín.
Tauroni mantiene bloqueados en Estados Unidos 1.500.000 euros procedentes de dos apartamentos en Brickell Avenue. Inmuebles adquiridos con dinero público español y vendidos allí por orden judicial.
Sin responsabilidad civil fijada, ese dinero podría volver a sus manos.
Una secuencia casi perfecta del fracaso institucional:
corrupción probada, condena firme, informes de daños, pero ninguna voluntad efectiva de cerrar el círculo.
La Audiencia ha tenido cinco años, tres informes técnicos y un mandato legal claro.
Lo único que no ha habido es decisión.
Y ahora, por esa misma ausencia, un condenado por robar dinero destinado a cooperación internacional puede estar más cerca de cobrar que de pagar.
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