Meloni y el camino del odio que gusta en la UE 

Europa legitima la deportación como política y la ultraderecha italiana se frota las manos

El giro migratorio de la Unión Europea ya no se disfraza de tecnicismo jurídico ni de ajuste administrativo. Tiene fecha, cifras y consecuencias humanas. El 8 de diciembre de 2025, los ministros y ministras de Interior de la UE aprobaron nuevos reglamentos de asilo y repatriación que desarman décadas de garantías mínimas. Y en Roma, Giorgia Meloni lo celebró como una victoria propia. No por casualidad. La UE ha decidido moverse hacia el marco ideológico de la ultraderecha, y la primera ministra italiana ha encontrado en Bruselas el aval político que no lograba en los tribunales.

Desde hace más de un año, el Gobierno italiano intenta externalizar la frontera, trasladando personas migrantes a un campo de internamiento en Albania. Tres intentos fallidos, 73 personas deportadas entre octubre de 2024 y enero de 2025 y todas devueltas por orden judicial. El obstáculo no era técnico. Era legal. Y por eso había que cambiar la ley.

LA UE REESCRIBE EL DERECHO DE ASILO PARA CONTENTAR A LA ULTRADERECHA

El nuevo reglamento de asilo introduce dos cambios clave que explican el entusiasmo de Meloni. El primero es la ampliación de la lista de “países seguros”. Bangladés, Egipto, Túnez, Marruecos, Kosovo, Colombia e India pasan a ser considerados estados donde se respetan los derechos humanos, aunque la evidencia empírica y los informes internacionales digan lo contrario. Para Italia, Egipto y Bangladés son centrales, porque concentran una parte sustancial de las llegadas por mar.

La consecuencia es directa. Las solicitudes de asilo de personas procedentes de esos países podrán rechazarse mediante procedimientos acelerados en frontera, bajo la presunción de que no tienen derecho a protección. El derecho a solicitar asilo se convierte así en una carrera contrarreloj administrativa, donde la tutela judicial deja de suspender automáticamente la expulsión. El juez o la jueza ya no protege. Llega tarde.

El segundo cambio es aún más grave. La UE introduce la categoría de “tercer país seguro”, permitiendo crear centros de internamiento fuera del territorio comunitario, los llamados return hubs. Espacios donde las personas migrantes quedan atrapadas en un limbo jurídico, a la espera de que se resuelva su situación o de ser deportadas directamente desde allí. Externalizar la frontera es externalizar también la responsabilidad.

Estas reformas deben superar todavía el trámite formal en la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, pero todo apunta a que lo harán sin dificultad. El reglamento de asilo entraría en vigor en el primer semestre de 2026, mientras que la norma sobre repatriaciones podría retrasarse hasta 2028. La hoja de ruta está marcada. Y es regresiva.

ALBANIA, EL EXPERIMENTO MILLONARIO DEL CASTIGO MIGRATORIO

Con este nuevo marco, Meloni prevé retomar las deportaciones a Albania a partir de marzo de 2026. El campo de Gjäder, con 1.100 plazas, ha sido reconvertido en Centro de Permanencia para la Repatriación (CPR) tras el fracaso inicial. Un proyecto que ha costado cerca de 1.000 millones de euros y que hoy sigue prácticamente vacío. Tres veces más caro que los centros similares en Italia. Tres veces más simbólico.

Hasta ahora, los jueces y juezas italianos bloquearon las deportaciones porque los países de origen no eran considerados seguros según el derecho europeo. El Tribunal de Justicia de la UE avaló en agosto de 2025 que los tribunales nacionales evaluaran cada caso individualmente. Esa fue la grieta que la Comisión Europea ha decidido cerrar.

El plan ahora es distinto. Enviar a Albania a personas migrantes desde los centros de acogida en Italia, no tras rescates en el mar, sino por su nacionalidad. El castigo deja de ser una medida excepcional y se convierte en política estructural. No importa la historia individual. Importa el pasaporte.

Las críticas jurídicas no se han hecho esperar. La Asociación para los Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI) ha denunciado que las reformas son “potencialmente arbitrarias” y que desmantelan “mecanismos esenciales de protección”. El jurista Gianfranco Schiavone va más allá. Sostiene que el modelo de Albania no encaja siquiera en las nuevas normas, porque el campo de Gjäder sigue siendo, de facto, territorio administrativo italiano. Y donde rige la jurisdicción europea, deben regir todos los derechos.

Por eso, en octubre de 2025, el Tribunal de Apelación de Roma elevó una cuestión prejudicial al TJUE. La pregunta es simple y devastadora. ¿Se pueden respetar todas las garantías del derecho comunitario en centros extraterritoriales fuera de la UE. Los magistrados dudan. Con razón.

Mientras tanto, Bruselas avanza. Ignora que un país pueda ser inseguro para una parte de su población, o en una parte de su territorio. Pasa por alto excepciones, matices y realidades. Porque el objetivo ya no es proteger derechos, sino disuadir, encerrar y expulsar.

Europa ha decidido que el problema no es el racismo institucional, ni las guerras, ni el expolio económico. El problema son las personas que llegan vivas. Y en ese marco, Giorgia Meloni no es una anomalía. Es el espejo en el que la UE ha decidido mirarse.