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Un gobierno que llama “terroristas” a quienes protestan es un gobierno que ha elegido el lado de la violencia.
REPRESIÓN Y MUERTE EN IMBABURA
El 30 de septiembre de 2025 marca una semana de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador y ya hay un saldo de sangre: Efraín Fueres, trabajador de 46 años, asesinado por tres disparos en Cotacachi. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) ha sido clara: se trata de un crimen de Estado. Sus palabras no admiten matices: “no hay perdón ni olvido para los crímenes del Estado”.
El video que circula en redes sociales muestra cómo, tras caer herido, compañeros intentaron socorrer a Fueres. La respuesta fue brutal: un grupo de soldados los golpeó y les apuntó con fusiles. La escena se volvió símbolo de un aparato represivo que responde con fuego y botas al derecho a protestar.
La represión no ha sido un hecho aislado. Casi 100 personas han sido detenidas en diferentes provincias. Además, el 28 de septiembre se conoció el despliegue de un convoy militar de 100 vehículos desde Quito hacia Imbabura, acompañado de cortes de internet y telefonía en varias localidades. La censura digital se convierte en herramienta para silenciar denuncias y aislar comunidades.
La ONU ya ha levantado la voz. Gina Romero, relatora especial, advirtió que el uso de las Fuerzas Armadas en contextos de protesta viola estándares internacionales. “Protestar es un derecho, no puede costar vidas”, dijo con contundencia. Lo mismo hizo INREDH, recordando que los pueblos indígenas tienen protección especial en la Constitución y en tratados internacionales.
Mientras tanto, el gobierno de Daniel Noboa insiste en hablar de “terrorismo” y “emboscadas”. Zaira Rovira, ministra de Gobierno, afirmó que lo ocurrido en Cotacachi fue un ataque criminal. Es el viejo manual: criminalizar la protesta para legitimar la violencia.
EL TERRORISMO COMO EXCUSA
El libreto ya está escrito: quien protesta es terrorista. El discurso oficial busca equiparar a comunidades indígenas y trabajadores con narcotráfico y crimen organizado, para luego justificar despliegues militares y la represión indiscriminada.
Sofía Torres, de Yasunidos, lo explica sin rodeos: el gobierno lleva meses construyendo un relato donde toda oposición es tratada como “enemiga de la nación”. Los ministerios repiten que hay vínculos con economías criminales, pero nunca presentan pruebas. Mientras tanto, las organizaciones sociales demuestran lo contrario: dirigentes perseguidos, cuentas bancarias congeladas y causas judiciales abiertas sin fundamentos.
Lo grave es que Noboa presenta la cifra de detenidos como logros, como si fueran medallas que demostrarán su fortaleza ante Washington, el FMI y los mercados que le aplauden por retirar subsidios a costa del hambre popular.
La violencia estatal no es nueva. En 2019 y 2022, la CONAIE ya había puesto contra las cuerdas a Lenin Moreno y a Guillermo Lasso. La diferencia de 2025 es que las movilizaciones no tienen su epicentro en Quito, sino en Imbabura y Cotopaxi, donde se han trasladado incluso la presidencia y la vicepresidencia. Desde allí crece un movimiento plural que agrupa a trabajadores, pueblos indígenas, feministas, ecologistas, docentes, sanitarias y sanitarios, artistas y comunicadores.
Lejos de apagarse, el fuego se expande. Cada día más comunidades se suman, desafiando las amenazas y la persecución. La estrategia gubernamental de criminalización parece tener el efecto contrario: alimentar la indignación.
En el centro de todo queda una verdad imposible de maquillar: Noboa ha elegido gobernar con balas en vez de con diálogo.
La historia de Ecuador ya enseñó que los pueblos no olvidan. Hoy lo repiten desde las carreteras y plazas: si un gobierno convierte la protesta en terrorismo, lo único que demuestra es su propio miedo a la democracia.
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Más de medio millón de personas ya han visto nuestro vídeo sobre cómo los centros de datos de la IA nos están dejando sin agua
Más de medio millón de personas han visto ya nuestro vídeo sobre el verdadero coste de los centros de datos de la inteligencia artificial. Más de medio millón. Y no lo han visto porque el asunto sea una curiosidad tecnológica ni porque les interese saber cómo funciona un servidor. Lo han visto porque cada vez más gente entiende que esa cosa aparentemente abstracta llamada IA tiene una existencia muy física: edificios gigantescos, subestaciones eléctricas, tuberías, kilómetros de cableado y millones de litros de agua desapareciendo dentro de sistemas de refrigeración.
La respuesta al vídeo confirma algo que las grandes tecnológicas preferirían seguir escondiendo detrás de anuncios llenos de palabras como innovación, progreso y futuro. La preocupación es real. La gente sabe que no estamos hablando de una nube mágica flotando sobre nuestras cabezas, sino de una industria pesada que quiere apropiarse de recursos públicos para alimentar negocios privados. Y quiere hacerlo deprisa, antes de que las comunidades entiendan qué les están plantando al lado de casa.
Nuestro vídeo reúne las advertencias de Erin Brockovich, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, un exboxeador estadounidense, Alexandria Ocasio-Cortez y Naciones Unidas. Personas con trayectorias, ideologías y responsabilidades muy distintas. Todas están mirando hacia el mismo lugar. Todas están viendo cómo la expansión descontrolada de los centros de datos amenaza el agua, dispara el consumo eléctrico y concentra todavía más poder en manos de un puñado de corporaciones.
Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
Sony quiere matar el disco: juegos digitales para ricos y propiedad de mentira
Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.
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15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
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