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La Comunidad de Madrid vende unas rebajas en las tasas universitarias que quiso bloquear
La Comunidad de Madrid ha anunciado a bombo y platillo una bajada de las tasas universitarias del 20% en los estudios de grado y del 30% en másteres habilitantes para el curso 2022/23. «Un total de 188.000 estudiantes se beneficiarán de ella en todas las universidades públicas de la región en unos precios que están congelados por el Ejecutivo autonómico desde el curso 2019/20 tras varios años sucesivos aplicando rebajas», señala el Ejecutivo regional en un comunicado oficial.
Todo esto es muy positivo para los estudiantes, pero hay algo que chirría en el anuncio: se trata de una gran mentira propagandística del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La realidad es que la Comunidad se ve obligada a acatar estas rebajas ya que el Ministerio de Universidades presentó la propuesta de reducción de las tasas universitarias a los límites de 2011 y esta propuesta fue aprobada en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) del 27 de mayo de 2020 con el voto en contra de la Comunidad de Madrid. Tal y como suena: la Comunidad de Madrid vende unas rebajas en las tasas universitarias que quiso bloquear.
No contentos con eso, la Comunidad llegó incluso a recurrir la Resolución del Secretario General de Universidades, de 29 de mayo de 2020 por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, adoptado en la sesión de 27 de Mayo de 2020. El Estado ha contestado a dicha demanda oponiéndose, estando aún pendiente de resolución.
Obligado cumplimiento
Las comunidades autónomas tienen hasta el curso 2022/2023 para adecuar los precios y situarlos en los límites de 2011. En el caso de la Comunidad de Madrid se correspondería con una reducción del 20,7%. En el año 2020/2021 la CAM redujo los precios un 0% cuando la media española de reducción en este curso fue del 7,7%.
Estas medidas adoptadas y aprobadas en la CGPU son vinculantes a todas las comunidades autónomas y de obligado cumplimiento.
En contra de las rebajas
Y esta no es la única medida en beneficio de los estudiantes y su economía sobre la que el Gobierno de Ayuso voto en contra. Este año 2021, en el mismo seno de la CGPU, el 29 de marzo, se aprobó la equiparación de los precios de másteres habilitantes con los estudios de grado. Es decir, que los másteres habilitantes tuvieran también esos límites máximos de precios de el año 2011.
La Comunidad de Madrid fue la única comunidad autónoma que emitió un voto en contra de la medida.
Castells y lo que realmente importa
Manuel Castells, ministro de universidades, ha querido pronunciarse ante este acto propagandístico del Partido Popular, resaltando que, como decimos, la realidad es que la Comunidad de Madrid está «obligada» a acatar la rebaja. Sin embargo, también quiere dejar claro lo que para él es lo importante:
«A mí me da absolutamente igual quién se ponga las medallas o quién se atribuya los méritos», señaló Castells en declaraciones a este medio. «Lo que me importa es que los estudiantes paguen menos, porque es un escándalo lo que han estado pagando los estudiantes madrileños, y que la Comunidad de Madrid deje su obstrucción judicial y política a la mejora de las condiciones de vida de los estudiantes».
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.