El agitador que iba de periodista y acabó denunciado por Renfe por presunta estafa 

Mientras el Congreso le cierra la puerta por sus altercados, Renfe le acusa de convertir el fraude en espectáculo público y propaganda ultra

Hay personajes que llevan años construyendo un discurso sobre “los privilegios de la élite”, la “corrupción del sistema” y el supuesto abuso de lo público. Luego aparece una denuncia de Renfe y el decorado se cae. No por accidente. Porque debajo del personaje aparece algo mucho más viejo: el pícaro de toda la vida. El que presume de colarse. El que convierte el engaño en contenido. El que cree que las normas son para el resto.

Eso es exactamente lo que ahora persigue Renfe contra Vito Quiles, agitador ultra de 26 años, denunciado por un presunto delito de estafa tras detectar un comportamiento que, según la compañía, no habría sido un hecho aislado. La empresa pública sostiene que Quiles compraba billetes únicamente para una parte del trayecto mientras continuaba viajando más allá del destino pagado, utilizando incluso servicios exclusivos para los que no tenía autorización.

Y no hablamos de un despiste. Renfe considera que existía una conducta reiterada. Con exhibición pública incluida.

EL NEGOCIO DE LA IMPUNIDAD ULTRA

Los hechos se remontan al pasado verano. En agosto, Quiles compró un billete de AVE entre Alicante y Albacete. Hasta ahí, nada extraño. El problema llega cuando, según la denuncia, utilizó una plaza “confort” que no había contratado y siguió viaje hasta Madrid pese a que su billete terminaba en la ciudad manchega.

Cuando un interventor detectó la irregularidad, acabó pagando el exceso del trayecto. Pero la historia no terminó ahí. Porque, según las informaciones conocidas y confirmadas por fuentes de Renfe a Europa Press, el agitador también accedió a una sala Executive sin tener derecho a utilizarla. Y lo hizo, para rematar, publicándolo en redes sociales.

Ese detalle es importante. Mucho. Porque la propia compañía sostiene que la denuncia no se basa únicamente en el perjuicio económico, sino también en el “daño reputacional” derivado de la publicidad que el propio denunciado daba a esas prácticas. No era solo viajar sin pagar el recorrido completo. Era convertir el fraude en espectáculo para su audiencia.

La lógica del personaje funciona así desde hace tiempo: provocar, grabar, victimizarse y monetizar el conflicto. Da igual si es acosando a diputadas y diputados en el Congreso, buscando bronca en ruedas de prensa o presumiendo de burlar controles. Todo acaba reducido a contenido para alimentar una maquinaria ultra que vive de la confrontación permanente y del algoritmo.

Y hay algo especialmente obsceno en todo esto. Durante años, determinados sectores políticos y mediáticos han presentado a Quiles como una especie de “periodista perseguido”. Un mártir antisistema. Un supuesto defensor de la libertad de expresión. La realidad empieza a parecer bastante más cutre. Más terrenal. Más propia del listo que intenta pagar menos mientras graba vídeos para sus seguidores.

DEL CONGRESO A LOS JUZGADOS

La situación judicial tampoco parece precisamente menor. Según la información publicada, Quiles ha sido citado ya dos veces por el juzgado en el marco de este procedimiento. La primera comparecencia terminó suspendida porque no lograron localizarle. En la segunda, directamente no acudió pese a haber sido notificado “en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

No es precisamente la imagen de alguien deseoso de aclarar nada.

Todo esto ocurre, además, en una semana especialmente dura para la extrema derecha mediática que lleva años utilizando instituciones públicas como escenario de agitación. El Congreso de los Diputados decidió este miércoles suspender cautelarmente las acreditaciones de Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras múltiples denuncias por altercados y por el deterioro de la convivencia dentro de la Cámara.

La decisión fue adoptada por el órgano de gobierno de la Cámara Baja, con mayoría progresista, y llega después de meses de tensión constante con profesionales de prensa, diputadas y diputados, trabajadoras y trabajadores parlamentarios. Según las fuentes citadas por EFE, la medida busca “proteger los intereses y derechos” tanto de representantes políticos como de periodistas acreditados.

Es significativo que el Congreso haya terminado actuando. Porque durante demasiado tiempo parte de la derecha política y mediática alimentó esta dinámica. El PP, sin ir más lejos, ha mostrado en numerosas ocasiones cercanía y apoyo hacia Quiles, contribuyendo a blanquear un modelo de pseudoperiodismo basado en la provocación permanente y el hostigamiento como estrategia política.

Y aquí aparece una cuestión incómoda. Muy incómoda. Cuando se normaliza que un agitador sustituya el periodismo por el acoso, el espectáculo acaba devorándolo todo. También la credibilidad de las instituciones y de la propia profesión periodística. Porque no, perseguir a diputadas por los pasillos mientras se graba un vídeo para TikTok no es fiscalizar el poder. Colarse en servicios que no has pagado mientras lo conviertes en contenido tampoco es “rebeldía antisistema”. Es otra cosa. Bastante más simple.

La ultraderecha mediática española lleva años vendiendo que romper normas es valentía cuando quienes las rompen son los suyos. Hasta que aparece una denuncia, un juzgado o una factura pendiente. Entonces ya no hablan de libertad. Hablan de persecución.

Y quizá ese sea el verdadero retrato de toda esta historia: personajes que construyeron una carrera gritando contra “los privilegios” mientras actuaban convencidos de que las normas nunca iban con ellos.