El show ultra de Ndongo acaba con expulsión policial del Congreso 

El agitador ultra logró entrar durante horas en la Cámara Baja porque la retirada oficial todavía no había sido comunicada, hasta que la Policía terminó localizándolo y obligándolo a salir

La imagen era casi perfecta para el relato victimista que la ultraderecha lleva años fabricando. Bertrand Ndongo entrando tranquilamente en el Congreso apenas un día después de que la Mesa anunciara la retirada “cautelar e indefinida” de su acreditación de prensa. Sonrisa, cámaras y redes sociales listas para convertir aquello en otra supuesta prueba de “censura” contra los agitadores ultras.

Duró poco.

La realidad era bastante menos épica y mucho más burocrática. Ndongo consiguió acceder a primera hora porque el Congreso todavía no había comunicado oficialmente a su medio la retirada de la acreditación. Sin esa notificación formal, la seguridad no podía impedirle el paso. Así de simple. Así de cutre también. Durante unas horas, el agitador ultra estuvo dentro de la Cámara Baja mientras la Policía intentaba localizarlo para ejecutar la expulsión una vez llegó la comunicación oficial por escrito.

Y finalmente salió. Porque sí había retirada de acreditación. Sí había decisión formal. Y sí había voluntad de echarlo.

No se trata de “preguntas incómodas”. Esa es la gran mentira que intentan vender Ndongo y toda la maquinaria mediática ultra que lo rodea. La acreditación no se retira por ideología ni por disentir del Gobierno. Se retira después de acumular expedientes y denuncias por comportamientos incompatibles con el ejercicio periodístico dentro del Congreso.

Ndongo suma tres expedientes abiertos desde 2025 tras denuncias impulsadas por grupos parlamentarios y por la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Entre los motivos señalados aparecen interrupciones constantes en ruedas de prensa, grabaciones en espacios prohibidos y dinámicas de hostigamiento a representantes públicos y profesionales de la información.

Y eso importa. Mucho.

Porque la ultraderecha mediática intenta presentar cualquier límite como un ataque a la libertad de expresión, cuando lo que realmente está ocurriendo es algo mucho más concreto: instituciones hartas de convertir el Congreso en un plató de provocación permanente diseñado para TikTok, YouTube y Twitter.

EL NEGOCIO DEL ACOSO POLÍTICO

Durante años, Ndongo y otros agitadores similares han construido un modelo basado en la confrontación constante. No buscan informar. Buscan generar bronca. Perseguir a diputados por los pasillos, interrumpir comparecencias y provocar escenas que luego puedan recortarse en vídeos virales para alimentar a una audiencia ultra convencida de que cualquier norma básica de convivencia democrática es “dictadura”.

Todo está pensado para eso. El grito. La interrupción. El enfrentamiento grabado desde el móvil. Después llega el vídeo editado, el titular victimista y la recaudación política y económica alrededor del personaje.

La Mesa del Congreso fue bastante clara al justificar la retirada de acreditaciones. Fuentes del órgano explicaron que en las últimas semanas se había producido un “crecimiento casi exponencial” de las denuncias contra Ndongo y otros agitadores, junto a un aumento de la gravedad de los hechos denunciados.

La institución considera que estas actuaciones representan “una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso” y un ataque al normal desarrollo democrático de la Cámara. Y cuesta discutirlo viendo el deterioro constante del clima parlamentario convertido, demasiadas veces, en un espectáculo diseñado para ultras digitales.

Porque una cosa es el periodismo incisivo. Otra muy distinta es el acoso profesionalizado disfrazado de libertad de prensa.

La decisión se ampara en el artículo 56.2 del Reglamento del Congreso, que permite aplicar medidas cautelares para proteger los derechos de diputados, trabajadores y periodistas ante altercados reiterados. Algo que hace apenas unos años habría parecido una obviedad democrática y que ahora determinados sectores presentan como si fuera una purga política propia de una dictadura tropical.

El problema de fondo es otro. Parte de la derecha política y mediática lleva demasiado tiempo blanqueando este modelo porque le resulta útil. Porque genera ruido. Porque moviliza odio. Porque convierte la política en una pelea constante donde quien más grita parece tener siempre la razón.

Y mientras tanto, el Congreso termina persiguiendo por los pasillos a un agitador ultra para comunicarle oficialmente que tiene que abandonar el edificio.

Una escena bastante simbólica del momento político que vivimos.