Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
El agitador ultra logró entrar durante horas en la Cámara Baja porque la retirada oficial todavía no había sido comunicada, hasta que la Policía terminó localizándolo y obligándolo a salir
La imagen era casi perfecta para el relato victimista que la ultraderecha lleva años fabricando. Bertrand Ndongo entrando tranquilamente en el Congreso apenas un día después de que la Mesa anunciara la retirada “cautelar e indefinida” de su acreditación de prensa. Sonrisa, cámaras y redes sociales listas para convertir aquello en otra supuesta prueba de “censura” contra los agitadores ultras.
Duró poco.
La realidad era bastante menos épica y mucho más burocrática. Ndongo consiguió acceder a primera hora porque el Congreso todavía no había comunicado oficialmente a su medio la retirada de la acreditación. Sin esa notificación formal, la seguridad no podía impedirle el paso. Así de simple. Así de cutre también. Durante unas horas, el agitador ultra estuvo dentro de la Cámara Baja mientras la Policía intentaba localizarlo para ejecutar la expulsión una vez llegó la comunicación oficial por escrito.
Y finalmente salió. Porque sí había retirada de acreditación. Sí había decisión formal. Y sí había voluntad de echarlo.
No se trata de “preguntas incómodas”. Esa es la gran mentira que intentan vender Ndongo y toda la maquinaria mediática ultra que lo rodea. La acreditación no se retira por ideología ni por disentir del Gobierno. Se retira después de acumular expedientes y denuncias por comportamientos incompatibles con el ejercicio periodístico dentro del Congreso.
Ndongo suma tres expedientes abiertos desde 2025 tras denuncias impulsadas por grupos parlamentarios y por la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Entre los motivos señalados aparecen interrupciones constantes en ruedas de prensa, grabaciones en espacios prohibidos y dinámicas de hostigamiento a representantes públicos y profesionales de la información.
Y eso importa. Mucho.
Porque la ultraderecha mediática intenta presentar cualquier límite como un ataque a la libertad de expresión, cuando lo que realmente está ocurriendo es algo mucho más concreto: instituciones hartas de convertir el Congreso en un plató de provocación permanente diseñado para TikTok, YouTube y Twitter.
EL NEGOCIO DEL ACOSO POLÍTICO
Durante años, Ndongo y otros agitadores similares han construido un modelo basado en la confrontación constante. No buscan informar. Buscan generar bronca. Perseguir a diputados por los pasillos, interrumpir comparecencias y provocar escenas que luego puedan recortarse en vídeos virales para alimentar a una audiencia ultra convencida de que cualquier norma básica de convivencia democrática es “dictadura”.
Todo está pensado para eso. El grito. La interrupción. El enfrentamiento grabado desde el móvil. Después llega el vídeo editado, el titular victimista y la recaudación política y económica alrededor del personaje.
La Mesa del Congreso fue bastante clara al justificar la retirada de acreditaciones. Fuentes del órgano explicaron que en las últimas semanas se había producido un “crecimiento casi exponencial” de las denuncias contra Ndongo y otros agitadores, junto a un aumento de la gravedad de los hechos denunciados.
La institución considera que estas actuaciones representan “una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso” y un ataque al normal desarrollo democrático de la Cámara. Y cuesta discutirlo viendo el deterioro constante del clima parlamentario convertido, demasiadas veces, en un espectáculo diseñado para ultras digitales.
Porque una cosa es el periodismo incisivo. Otra muy distinta es el acoso profesionalizado disfrazado de libertad de prensa.
La decisión se ampara en el artículo 56.2 del Reglamento del Congreso, que permite aplicar medidas cautelares para proteger los derechos de diputados, trabajadores y periodistas ante altercados reiterados. Algo que hace apenas unos años habría parecido una obviedad democrática y que ahora determinados sectores presentan como si fuera una purga política propia de una dictadura tropical.
El problema de fondo es otro. Parte de la derecha política y mediática lleva demasiado tiempo blanqueando este modelo porque le resulta útil. Porque genera ruido. Porque moviliza odio. Porque convierte la política en una pelea constante donde quien más grita parece tener siempre la razón.
Y mientras tanto, el Congreso termina persiguiendo por los pasillos a un agitador ultra para comunicarle oficialmente que tiene que abandonar el edificio.
Una escena bastante simbólica del momento político que vivimos.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.