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El Gobierno recula ante la presión y congela las cuotas de 1,4 millones de autónomos mientras pospone una reforma que sigue sin tocar el fondo del problema.
UN CAMBIO OBLIGADO, NO CONVENCIDO
El Gobierno ha hecho algo poco habitual: reconocer un error, aunque sin admitirlo del todo. La rectificación en las cuotas de autónomos no nace del diálogo social ni de una reconsideración técnica. Nace del ruido, de la presión política y del miedo a perder apoyos.
Después de anunciar una subida de entre 11 y 206 euros mensuales —una bomba que estalló en pleno puente mediático—, el Ministerio de Seguridad Social tuvo que volver a la mesa con una propuesta mucho más tímida: una congelación para 1,4 millones de personas trabajadoras por cuenta propia y aumentos simbólicos de entre 2,9 y 14,75 euros al mes para quienes ganan más de 1.167 euros mensuales.
El cambio afecta a quienes se encuentran en los tres primeros tramos del sistema de cotización —es decir, a los que ingresan menos de 1.166,70 euros al mes. Es el sector más frágil de un colectivo que ya arrastra la precariedad como norma: profesionales que trabajan sin red, que pagan impuestos sin vacaciones ni bajas, y que durante la pandemia fueron el último eslabón de la cadena económica.
La medida, aunque bienvenida, no repara el daño acumulado ni corrige la desigualdad estructural que sigue marcando la vida de los autónomos. Solo evita una crisis política más.
UNA REFORMA SIN DIRECCIÓN NI CORAJE
El volantazo del Ejecutivo deja a todo el mundo descontento. Ni los sindicatos lo aplauden, ni las asociaciones empresariales lo celebran. El Gobierno ha intentado contentar a todos y ha conseguido enfadar a todos.
La UGT y CCOO denuncian que el Ministerio de Elma Saiz ha desvirtuado el acuerdo de 2022, aquel que debía equiparar progresivamente las cotizaciones de autónomos y asalariados.
La patronal ATA (vinculada a la CEOE) presume de haber frenado “el sablazo”, pero sigue exigiendo mejoras en la protección social, subsidios y permisos que el Gobierno no ha incluido. Y Sumar, desde dentro del propio Consejo de Ministros, se alinea con las críticas, calificando la propuesta inicial de poco progresiva.
El resultado es una reforma sin sentido de dirección, más preocupada por la coyuntura parlamentaria que por la justicia social.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, reconoció que la marcha atrás se debía al aluvión de críticas. Pero insistió en que el plan original —más duro con las cuotas bajas— era “el más adecuado” para alcanzar la convergencia con los asalariados en 2032.
Esa frase lo resume todo: el Gobierno sigue atrapado entre los números y los gestos. No se atreve a tocar los privilegios fiscales del gran empresariado, pero sí tantea subir las cuotas del pequeño trabajador.
EL PESO DEL MIEDO Y EL PRECIO DE LA PACIENCIA
No es una reforma fiscal ni una estrategia de modernización. Es una maniobra de supervivencia.
El Ejecutivo sabe que la legislatura se tambalea y que el Congreso está más fragmentado que nunca.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ya ha avisado que no apoyará el cambio, considerándolo “insuficiente”. La oposición de derechas lo tilda de “electoralista”. Y los sindicatos hablan de “pendulazo” político.
La consecuencia: un Gobierno que promete justicia contributiva y termina legislando por impulso.
Mientras tanto, los autónomos siguen pagando los platos rotos de un sistema que nunca les ha considerado trabajadores plenos. Pagan cuando no facturan, cotizan sin saber si tendrán pensión y viven pendientes de un BOE que cambia más rápido que sus ingresos.
En 2023, casi medio millón de personas declaró no haber tenido rendimientos netos, y muchas de ellas —entre 200.000 y 300.000— cotizaron solo de forma esporádica. El sistema ni las ve.
No hay justicia social posible cuando quien factura 900 euros paga lo mismo que quien gana 1.100. Y no hay modernización posible cuando el Estado confunde sostenibilidad con castigo.
El Gobierno ha rectificado, sí. Pero lo ha hecho por cálculo, no por convicción.
Rectificar no es reformar. Es tan solo detener el golpe.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.