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La Junta de Andalucía incumple la ley de transparencia sanitaria mientras miles de mujeres esperan los resultados de sus pruebas de cáncer de mama. El silencio es ya una forma de violencia institucional.
LA VERDAD QUE BONILLA TEME
La pregunta es tan directa como incómoda: ¿por qué Moreno Bonilla no publica las listas de cribados oncológicos?
Porque hacerlo implicaría reconocer el fracaso de su modelo sanitario. Mostraría que el sistema público andaluz está enfermo de desinversión, de opacidad y de una privatización silenciosa que avanza bajo la propaganda de la eficiencia.
El escándalo de los cribados de cáncer de mama es el síntoma visible de un mal estructural. Miles de mujeres llevan meses esperando resultados, citas o revisiones que no llegan. Algunas descubren que sus pruebas fueron anuladas o repetidas sin explicación. Otras han tenido que recurrir a la sanidad privada para obtener un diagnóstico que el sistema público les niega.
Mientras tanto, la Junta incumple la ley que obliga a publicar las listas diagnósticas, quirúrgicas y de consultas externas. No lo hace desde hace meses, pese a los requerimientos de asociaciones de pacientes y sindicatos médicos. La razón oficial es un “problema técnico”. La real: si se conocieran las cifras, el discurso del milagro andaluz se derrumbaría.
María Jesús Montero, médica y exconsejera de Salud, lo resumió con precisión clínica: “Con la salud no se juega”. Y eso es exactamente lo que hace el presidente. Juega a la propaganda mientras los diagnósticos se retrasan, las citas se suspenden y las vidas se ponen en pausa.
EL NEGOCIO DETRÁS DEL SILENCIO
La falta de transparencia no es un error administrativo. Es una estrategia política.
Cuando no hay datos, no hay escándalo. Y cuando no hay escándalo, la privatización avanza.
En siete años de gobierno del PP, Andalucía ha perdido más de 8.000 sanitarios estructurales, según los sindicatos. Los hospitales comarcales funcionan con plantillas agotadas y las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas se han disparado.
Mientras tanto, los seguros privados crecen un 30%, según datos del sector. Cada demora en una prueba pública se traduce en una póliza vendida. Cada paciente desesperado es una oportunidad de negocio. Bonilla lo sabe. Por eso mantiene el colapso y lo viste de modernización.
El nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, fue designado el 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Ese día no visitó un hospital. No habló con las asociaciones de pacientes. Fue a los toros.
Esa imagen, aparentemente banal, resume toda una política: espectáculo en lugar de gestión, frivolidad en lugar de compasión.
El sistema sanitario andaluz se ha convertido en un tablero de rentabilidad. Las empresas concertadas crecen, los contratos externos se multiplican y la sanidad pública queda reducida a un servicio de beneficencia para quien no puede pagar otra cosa.
Por eso Bonilla no publica las listas: porque las listas serían su sentencia. Mostrarían miles de diagnósticos sin resultado, centenares de pruebas retrasadas, decenas de muertes evitables. Y esa verdad no cabe en un titular de autobombo.
LA OPACIDAD COMO MÉTODO Y EL DOLOR COMO CONSECUENCIA
Las y los profesionales lo advierten desde hace tiempo: sin transparencia no hay sanidad pública.
Los cribados son la primera línea de defensa frente al cáncer. Si fallan, todo el sistema falla. Ocultar su rendimiento es ocultar el sufrimiento de quienes dependen de él.
En muchos hospitales andaluces, los equipos de diagnóstico por imagen trabajan con aparatos obsoletos y con ratios imposibles de atender. Las demoras pueden alcanzar meses.
Pero en lugar de reforzar plantillas, Bonilla destina fondos a conciertos con clínicas privadas. En lugar de reconocer el problema, lo maquilla. En lugar de gobernar, administra el silencio.
La Junta habla de “gestión responsable”. La realidad es una gestión cruel: un modelo que degrada lo público para que lo privado parezca la única salida.
Y así, el derecho a la salud se convierte en mercancía. La vida, en estadística. El dolor, en número no publicado.
¿Por qué Bonilla no hace públicas las listas de cribados?
Porque el día que lo haga quedará claro que en Andalucía el cáncer no solo se combate en los hospitales, sino también en los despachos.
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Starmer se va hoy y deja al Reino Unido mirando al abismo ultra
Keir Starmer llega a este lunes 22 de junio al borde de anunciar su dimisión como primer ministro del Reino Unido, según The Guardian, The Observer y elDiario.es. No han pasado ni dos años desde aquella mayoría absoluta histórica que vendieron como regreso de la sensatez, del orden institucional, de la política adulta. Y ya está. Otra vez Downing Street convertido en sala de espera. Otra vez el país viendo desfilar primeros ministros como quien cambia fusibles en una casa que se cae.
La diferencia es importante. Starmer no se va arrastrado por una fiesta ilegal en pandemia, como Boris Johnson, ni por haber incendiado la economía en cuestión de días, como Liz Truss. No hay un gran caso de corrupción personal que explique la caída. Ese es precisamente el problema. Starmer no cae por un escándalo: cae por haber convertido la esperanza en gestión gris del derrumbe. Prometió reparar un país golpeado por 14 años de gobiernos conservadores, recortes, privatizaciones y Brexit. Pero ha gobernado como si bastara con administrar las ruinas con tono serio y cara de notario.
González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
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No es turismo. Es extracción.