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La muerte de Sandra Peña revela el fracaso estructural de un sistema que protege más la reputación de los colegios que la vida de las niñas.
EL SILENCIO QUE MATA
Sandra tenía 14 años. Dos veces su madre denunció el acoso que sufría en el colegio concertado Las Irlandesas de Loreto, en Sevilla. Dos veces el centro eligió mirar hacia otro lado. Cuando el silencio institucional se convierte en rutina, deja de ser omisión para ser cómplice.
La Fiscalía de Menores ha abierto dos investigaciones: una dirigida a las presuntas acosadoras, y otra al propio colegio, por no haber activado el protocolo antiacoso ni el de prevención del suicidio. La Junta de Andalucía reconoce que el centro, pese a estar obligado por normativa, se limitó a separar a la víctima de sus agresoras. Y eso fue todo.
Sandra murió una semana después. Tenía 14 años. Su madre pidió que no compartiera aula con quienes la hostigaban. El colegio lo planteó como si fuese un favor, no una obligación. Según el expediente, la dirección no activó ni un solo mecanismo oficial, ni avisó a los servicios psicológicos, ni aplicó el plan de protección del alumnado en riesgo.
Lo que sí hizo fue cuidar su imagen. Callar. Evitar el escándalo.
Las Irlandesas de Loreto es un centro privado concertado. Es decir, recibe dinero público. Y con dinero público decidió no cumplir su deber de proteger a una menor en riesgo vital. La Junta ha advertido que podría perder el concierto educativo. Pero no basta con advertir: la impunidad mata más que el acoso.
UN SISTEMA QUE FALLA A LAS VÍCTIMAS
Según una encuesta del sindicato CSIF, el 63,3% del profesorado sevillano ha gestionado personalmente casos de acoso escolar. Sin embargo, sólo un 10% se siente preparado para intervenir. Nueve de cada diez docentes no se sienten capaces de actuar ante una agresión infantil.
El mismo estudio revela que las formas más comunes de acoso son la exclusión social (73,3%), la violencia física o verbal (66,6%), el ciberacoso (53,3%) y el acoso por orientación o identidad sexual (23,3%). Son datos que deberían activar una alarma nacional. En cambio, se archivan en informes que nadie lee y en protocolos que nadie aplica.
Los profesores denuncian que los procedimientos actuales son una trampa burocrática. Formularios, plazos, registros. Mientras se decide qué casilla marcar, una niña se rompe. El 76,6% del profesorado considera los protocolos “poco operativos” y más del 90% reclama refuerzos reales en orientación y psicología. Pero la administración prefiere hablar de campañas de sensibilización, de carteles, de talleres. Puro maquillaje institucional.
El sistema educativo español, en su modelo concertado, externaliza responsabilidades y privatiza el dolor.
Los centros concertados reciben dinero público pero rinden cuentas como si fueran entidades privadas. No hay supervisión efectiva, ni sanciones ejemplares. En la práctica, el negocio educativo ha aprendido a blindarse frente a la rendición de cuentas. En ese vacío jurídico y moral, mueren niñas como Sandra.
EL DERECHO A LA VIDA NO SE SUBCONTRATA
La muerte de Sandra no es un accidente. Es la consecuencia directa de una cadena de negligencias: de un colegio que calló, de una administración que toleró, y de una sociedad que sólo se indigna cuando el daño ya es irreversible.
El protocolo antiacoso no se activó. El protocolo de prevención del suicidio tampoco. Los protocolos no sirven si quienes deben aplicarlos están más preocupados por los padres que pagan que por las hijas que sufren.
Sandra pidió ayuda. Su madre también. No fue escuchada. No fue protegida. Y el Estado, que se arroga el deber de proteger a la infancia, le falló en todas sus instancias: educativa, sanitaria y social.
En nombre de la privacidad institucional, se protegió el prestigio de un centro concertado católico. En nombre de la burocracia, se enterró a una menor de 14 años.
No hay consuelo posible ni castigo suficiente, pero sí una obligación: que ningún colegio vuelva a tener la posibilidad de decidir entre la vida de una alumna y su imagen corporativa.
Porque cuando un sistema permite que una niña muera tras denunciar acoso y nadie activa nada, ya no hablamos de un caso de bullying: hablamos de violencia estructural, amparada por el silencio del Estado.
Sandra Peña no murió sola. La mató un sistema que considera opcional proteger a la infancia.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
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Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
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El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.