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El neonazismo español no es un accidente, es una amenaza organizada que crece al calor del odio y la impunidad
EL ODIO NO ES UNA OPINIÓN, ES UN DELITO
La Audiencia de Barcelona ha decidido mantener en prisión a C.L., el líder del grupo neonazi ‘Deport Them Now’, por el riesgo claro de que vuelva a incitar disturbios racistas como los que encendieron Torre Pacheco el pasado verano. La decisión judicial no solo es justa, sino necesaria: la extrema derecha española ya no se esconde, y quienes siembran odio deben responder ante la ley.
C.L. no es un “lobo solitario”. No lo fue ni lo será. Su caso desmonta esa narrativa tan cómoda que el sistema repite cada vez que un ultra actúa: “un caso aislado”. Pero los lobos solitarios no tienen grupos en Telegram, ni canales donde llaman a “cazar magrebíes”, ni fotos de personas racializadas con dianas en la cabeza. Los lobos solitarios no organizan protestas racistas en Mataró junto a militantes de Vox, ni guardan armas ilegales en su casa mientras predican la “limpieza étnica digital”.
La Audiencia lo ha dejado claro: su conducta no fue “un acto impulsivo” ni “irracional”. Fue un plan coherente con una ideología “claramente racista y promotora de la violencia hacia el colectivo magrebí”. Es decir, terrorismo ultra. Y el tribunal ha recordado lo que tantas veces se olvida: el racismo organizado no se combate con advertencias, sino con justicia.
El joven —que trabajó como vigilante de seguridad y llegó a ser interino de la Generalitat— trató de escabullirse alegando que actuó solo, que fue un “arrebato”, que las armas eran “de aire comprimido” y que se iba a matricular en la universidad. Pero su arrepentimiento de última hora no convenció a nadie. Ni sus excusas, ni su intento de presentarse como un muchacho despistado con acceso a Telegram.
Los jueces han visto lo que hay que ver: un agitador que utilizó las redes para llamar a la violencia y crear miedo. Un hombre que alentó una “cacería” de migrantes y pidió “reunirlos con Alá”. Y, sobre todo, un peligro real en un país donde el fascismo sigue blanqueado por parte de la política y la prensa.
LA IMPUNIDAD ULTRA COMO PROBLEMA DE ESTADO
Lo que ocurrió en Torre Pacheco no fue una anécdota. Fue un aviso. Y no solo por el incendio, sino por la indiferencia institucional que permitió que durante semanas el odio circulara libremente por redes, bajo siglas como ‘Deport Them Now’. Ese grupo no era un foro marginal: era un espacio de coordinación para quienes comparten el ideario de la ultraderecha parlamentaria.
Mientras Vox convoca protestas racistas en Catalunya y habla de “invasión migratoria”, otros actúan. La frontera entre el discurso y la violencia hace tiempo que se cruzó. Las palabras de odio matan. Los mensajes en Telegram incendian pueblos. Las dianas digitales acaban convirtiéndose en víctimas reales.
Y el Estado, tantas veces indulgente con los ultras, debe decidir si los seguirá tratando como a exaltados o como lo que son: una amenaza organizada contra la convivencia.
El tribunal fue claro: no basta con prohibirle usar redes sociales, porque la tecnología permite seguir actuando bajo otros nombres o direcciones IP. Solo la prisión garantiza que no destruya pruebas ni vuelva a incitar a la violencia. La prisión preventiva no es un castigo anticipado: es la única barrera ante la repetición del delito.
Pero el caso C.L. también expone una contradicción: un neonazi con antecedentes ideológicos y arsenal propio pudo trabajar como vigilante de seguridad y como interino de una administración pública. ¿Cuántos más están infiltrados en los cuerpos del Estado, en empresas de seguridad o en organizaciones políticas?
El fascismo español no aparece de la nada. Se nutre de la permisividad institucional, del silencio mediático y del blanqueo político. Cuando un partido con representación parlamentaria comparte espacio con neonazis en una manifestación, eso no es libertad de expresión. Es colaboración ideológica.
Su sitio es la cárcel, sí. Pero la responsabilidad no acaba ahí.
Porque cada vez que un político normaliza el racismo, otro C.L. se siente autorizado a prender fuego.
Y cuando la justicia actúa, llega tarde, pero al menos deja un mensaje: la democracia no se defiende mirando hacia otro lado.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.