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El neonazismo español no es un accidente, es una amenaza organizada que crece al calor del odio y la impunidad
EL ODIO NO ES UNA OPINIÓN, ES UN DELITO
La Audiencia de Barcelona ha decidido mantener en prisión a C.L., el líder del grupo neonazi ‘Deport Them Now’, por el riesgo claro de que vuelva a incitar disturbios racistas como los que encendieron Torre Pacheco el pasado verano. La decisión judicial no solo es justa, sino necesaria: la extrema derecha española ya no se esconde, y quienes siembran odio deben responder ante la ley.
C.L. no es un “lobo solitario”. No lo fue ni lo será. Su caso desmonta esa narrativa tan cómoda que el sistema repite cada vez que un ultra actúa: “un caso aislado”. Pero los lobos solitarios no tienen grupos en Telegram, ni canales donde llaman a “cazar magrebíes”, ni fotos de personas racializadas con dianas en la cabeza. Los lobos solitarios no organizan protestas racistas en Mataró junto a militantes de Vox, ni guardan armas ilegales en su casa mientras predican la “limpieza étnica digital”.
La Audiencia lo ha dejado claro: su conducta no fue “un acto impulsivo” ni “irracional”. Fue un plan coherente con una ideología “claramente racista y promotora de la violencia hacia el colectivo magrebí”. Es decir, terrorismo ultra. Y el tribunal ha recordado lo que tantas veces se olvida: el racismo organizado no se combate con advertencias, sino con justicia.
El joven —que trabajó como vigilante de seguridad y llegó a ser interino de la Generalitat— trató de escabullirse alegando que actuó solo, que fue un “arrebato”, que las armas eran “de aire comprimido” y que se iba a matricular en la universidad. Pero su arrepentimiento de última hora no convenció a nadie. Ni sus excusas, ni su intento de presentarse como un muchacho despistado con acceso a Telegram.
Los jueces han visto lo que hay que ver: un agitador que utilizó las redes para llamar a la violencia y crear miedo. Un hombre que alentó una “cacería” de migrantes y pidió “reunirlos con Alá”. Y, sobre todo, un peligro real en un país donde el fascismo sigue blanqueado por parte de la política y la prensa.
LA IMPUNIDAD ULTRA COMO PROBLEMA DE ESTADO
Lo que ocurrió en Torre Pacheco no fue una anécdota. Fue un aviso. Y no solo por el incendio, sino por la indiferencia institucional que permitió que durante semanas el odio circulara libremente por redes, bajo siglas como ‘Deport Them Now’. Ese grupo no era un foro marginal: era un espacio de coordinación para quienes comparten el ideario de la ultraderecha parlamentaria.
Mientras Vox convoca protestas racistas en Catalunya y habla de “invasión migratoria”, otros actúan. La frontera entre el discurso y la violencia hace tiempo que se cruzó. Las palabras de odio matan. Los mensajes en Telegram incendian pueblos. Las dianas digitales acaban convirtiéndose en víctimas reales.
Y el Estado, tantas veces indulgente con los ultras, debe decidir si los seguirá tratando como a exaltados o como lo que son: una amenaza organizada contra la convivencia.
El tribunal fue claro: no basta con prohibirle usar redes sociales, porque la tecnología permite seguir actuando bajo otros nombres o direcciones IP. Solo la prisión garantiza que no destruya pruebas ni vuelva a incitar a la violencia. La prisión preventiva no es un castigo anticipado: es la única barrera ante la repetición del delito.
Pero el caso C.L. también expone una contradicción: un neonazi con antecedentes ideológicos y arsenal propio pudo trabajar como vigilante de seguridad y como interino de una administración pública. ¿Cuántos más están infiltrados en los cuerpos del Estado, en empresas de seguridad o en organizaciones políticas?
El fascismo español no aparece de la nada. Se nutre de la permisividad institucional, del silencio mediático y del blanqueo político. Cuando un partido con representación parlamentaria comparte espacio con neonazis en una manifestación, eso no es libertad de expresión. Es colaboración ideológica.
Su sitio es la cárcel, sí. Pero la responsabilidad no acaba ahí.
Porque cada vez que un político normaliza el racismo, otro C.L. se siente autorizado a prender fuego.
Y cuando la justicia actúa, llega tarde, pero al menos deja un mensaje: la democracia no se defiende mirando hacia otro lado.
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