Ayuso quiere borrar las torturas franquistas para proteger la “imagen” de su Gobierno 

La Audiencia Nacional paraliza la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria y compra el argumento más obsceno del ayusismo: que recordar a las víctimas puede dañar la marca institucional de Madrid.

CUANDO LA “IMAGEN” IMPORTA MÁS QUE LAS VÍCTIMAS

Hay decisiones judiciales que retratan una época. Y luego está esto.

La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la declaración de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño en la Puerta del Sol, como Lugar de Memoria Democrática. El edificio donde durante décadas operó la Dirección General de Seguridad franquista. El gran centro de tortura política de la dictadura. El lugar por el que pasaron miles de represaliados, militantes antifranquistas, estudiantes, sindicalistas y opositores al régimen. Personas golpeadas, humilladas y destrozadas en unos calabozos que todavía existen.

Y aun así, en pleno 2026, el debate no gira alrededor de las víctimas. Gira alrededor de la “imagen institucional” de Isabel Díaz Ayuso.

Ese es el nivel.

Los jueces han aceptado parcialmente el argumento del Gobierno madrileño: que colocar una placa recordando las torturas franquistas podría afectar negativamente a la imagen de la Comunidad de Madrid. Lo escriben prácticamente así. Como si el problema histórico fuera recordar el terror y no haberlo ejercido. Como si lo incómodo fuera la memoria y no la tortura.

La conclusión implícita resulta escalofriante: mejor esconder el pasado antes que asumirlo.

El auto judicial, que incluye un voto particular discrepante, paraliza la declaración aprobada por el Gobierno central y publicada en el BOE el pasado octubre. Aquel texto reconocía algo que es simplemente un hecho histórico: que la Real Casa de Correos desempeñó un papel “fundamental en la vigilancia, control y represión” de quienes el franquismo consideraba enemigos de España.

No es propaganda. No es revisionismo. Es documentación histórica.

Las víctimas llevan años reclamando algo bastante básico: una señalización pública que recuerde lo que ocurrió allí. Algunas asociaciones incluso piden que los antiguos calabozos puedan visitarse como espacio de memoria democrática. Exactamente igual que ocurre en otros países que entendieron hace décadas que esconder el horror solo sirve para blanquearlo.

Pero España sigue atrapada en una anomalía constante. Aquí todavía hay sectores políticos y judiciales que consideran ofensivo recordar a quienes fueron torturados por una dictadura fascista de casi 40 años.

Y eso explica muchas cosas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha reaccionado con dureza y ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. La organización acusa a los magistrados de contribuir a ocultar las torturas franquistas y recuerda algo bastante obvio: la Audiencia Nacional no está para proteger la marca política de Ayuso.

Porque ahí está el fondo real del asunto. No hablamos solo de una placa. Hablamos de un modelo político obsesionado con construir un relato edulcorado de España donde el franquismo aparece reducido a una especie de “contienda entre hermanos”, como volvió a decir Ayuso. Un lenguaje calculado. Frío. Diseñado para diluir responsabilidades.

LA DERECHA QUIERE UNA MEMORIA SIN TORTURADORES

La batalla por la Puerta del Sol no es nueva. Lleva años abierta. Y Ayuso nunca ha ocultado su posición.

Desde el primer momento, el Gobierno madrileño prometió usar “todos los resortes legales” para impedir que la sede fuera reconocida como Lugar de Memoria. Han hablado de “manchar el buen nombre” de Madrid. Han llegado a decir que vincular el edificio con el franquismo es “una auténtica barbaridad”. Como si la Dirección General de Seguridad no hubiera existido. Como si las torturas fueran una leyenda urbana.

Pero existieron. Y mucho.

Desde 1939, la Real Casa de Correos funcionó como sede de la DGS franquista. El historiador Pablo Alcántara lo resume con claridad: durante más de cuatro décadas fue el “epicentro de la represión”. No un edificio administrativo cualquiera. El centro neurálgico del aparato policial franquista.

Por sus calabozos pasaron nombres fundamentales de la resistencia antifranquista: Marcos Ana, Julián Grimau, Enrique Ruano, Juana Doña o Concha Tristán. Miles de personas fueron interrogadas, golpeadas y sometidas a torturas físicas y psicológicas dentro de esas paredes.

Rosa García Alcón todavía lo recuerda. Era estudiante de Medicina y militante del FRAP cuando fue detenida en 1978 y torturada allí. Su reacción tras la decisión judicial es demoledora: “Lo que realmente denigra la institución es negarse a una placa”.

Y tiene razón.

Porque ningún Estado democrático serio protege edificios públicos del recuerdo de sus crímenes. Alemania no tapa los campos nazis para preservar la imagen institucional de Baviera. Argentina no borra la ESMA porque pueda resultar incómoda. Chile no oculta Villa Grimaldi para no molestar a la derecha.

Solo en España seguimos atrapados en esta mezcla tóxica de miedo, revisionismo y propaganda institucional.

Lo más obsceno es que la propia Real Casa de Correos ya tiene varias placas conmemorativas. Una recuerda el levantamiento del 2 de mayo de 1808. Otra homenajea a las víctimas del 11M. Otra a las personas fallecidas por la pandemia. Es decir: la memoria sí parece aceptable cuando no incomoda ideológicamente a la derecha.

Cuando toca recordar a las víctimas del franquismo, entonces aparecen las excusas. La reconciliación. La Transición. El “no reabrir heridas”. El viejo manual.

Ayuso incluso reunió a Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina, Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz-Gallardón para grabar un vídeo contra la placa. Una especie de reunión de antiguos gestores convertidos en guardianes oficiales del olvido. Todos apelando a la concordia mientras intentan impedir que una simple inscripción recuerde que allí se torturó gente.

Lo verdaderamente peligroso no es colocar una placa. Lo peligroso es construir un país donde la democracia tenga miedo de señalar dónde estuvieron los torturadores.