El Supremo, la filtración y la obsesión: cómo se fabrica un lawfare 

En el juicio al fiscal general ya no se dirime solo una posible revelación de secretos, sino hasta qué punto ciertos sectores están dispuestos a retorcer la justicia para cobrarse una pieza política.

EL LABERINTO JUDICIAL

La pasada semana quedó visto para sentencia el juicio contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y desde entonces siete magistradas y magistrados del Tribunal Supremo deliberan sobre un caso que dice más del ecosistema judicial y mediático español que del propio acusado. La causa, iniciada en marzo de 2024 y ampliada tras la instrucción del TSJM y del juez del Supremo Ángel Hurtado, ha desembocado en un rompecabezas procesal donde se mezclan filtraciones a las 22:10, correos del 12 de marzo, un bulo firmado por Miguel Ángel Rodríguez y un supuesto borrado de dispositivos del que no existe una sola prueba concluyente.

Las y los jueces deberán determinar si el fiscal general incurrió en revelación de secretos, violación de secretos, prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos. Sobre el papel, se enfrenta hasta a 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación o 400.000 euros entre multa e indemnización. Pero a estas alturas, incluso dentro del propio Supremo, se admite que el corazón del caso es otro. Quién filtró primero la información y si existe realmente una prueba que vincule a García Ortiz con esa divulgación.

Del lado acusador están el abogado de Alberto González Amador, el ICAM, APIF, Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír. Un arco que va desde la ultraderecha orgánica hasta el corporativismo más conservador. Del otro, la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que reclaman la absolución al entender que no se ha aportado nada sólido. Una forma delicada de decir que hay ruido, mucha narrativa y muy poca evidencia.

La pregunta que flota en la deliberación es de dónde salió la información que permitió a la Cadena SER publicar, a las 23:51 del 13 de marzo, que el abogado de González Amador reconocía “dos delitos contra la Hacienda Pública”. Para la defensa, ese secreto ya estaba roto desde que laSexta lo adelantó a las 22:10, citando la oferta de conformidad proveniente del compañero de Ayuso y no de la Fiscalía. Y según la doctrina del propio Supremo, no se puede revelar lo que ya ha sido revelado.

TESTIGOS, FILTRACIONES Y LA SOMBRA ALARGADA DE MAR

En sala, los testimonios han reforzado un patrón incómodo para la acusación. Los cuatro periodistas que declararon ante el Tribunal Supremo dijeron lo mismo: la filtración no vino de García Ortiz. Y aportaron pruebas de que recibieron la información por otras vías y en horas previas. Ese punto, unido al análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los registros del 30 de octubre de 2024, inclina la balanza hacia la absolución. Más aún cuando la defensa sostiene que ese volcado es nulo por vulneración de derechos fundamentales.

La causa también ha dejado en evidencia el comportamiento institucional de Madrid. El decano del Colegio de Abogados, Eugenio Ribón, habló de vulneración del secreto profesional, aunque admitió que el abogado de González Amador nunca pidió amparo al ICAM. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se negó a desmentir el bulo que el jefe de gabinete de Ayuso difundió sobre el origen de la oferta de conformidad. Y en sala, el propio Miguel Ángel Rodríguez reconoció que mintió.

La pregunta es qué hace el Supremo con todo esto. Puede absolver al fiscal general al entender que no filtró nada y que las primeras revelaciones surgieron fuera de su órbita. O puede optar por una condena menor, como la infidelidad en la custodia de documentos, para calmar a quienes llevan meses construyendo un relato inquisitorial. Esa alternativa exigiría una inhabilitación de tres años y una multa de 144.000 euros, a los que González Amador quiere sumar otros 300.000 euros de indemnización.

La deliberación ya ha empezado. No hay fecha para conocer la sentencia. Lo único claro es lo que este proceso deja al descubierto: la capacidad del poder para convertir una filtración mediática en un arma política, siempre que los objetivos sean los adecuados.