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El presidente de Estados Unidos autoriza operaciones encubiertas en Venezuela y se jacta de “atacar por tierra”. La historia repite sus sombras: golpes, asesinatos y saqueo bajo la bandera de la libertad.
LA GUERRA QUE NUNCA TERMINÓ
Donald Trump ha dado un paso más en su cruzada imperial. Ha autorizado a la CIA a operar dentro de Venezuela, según confirmó él mismo en una rueda de prensa, dejando claro que Estados Unidos vuelve a imponer su ley del miedo sobre el continente latinoamericano.
“Vamos a detenerlos por tierra”, dijo el presidente estadounidense, refiriéndose a los supuestos cargamentos de droga procedentes de Venezuela. Lo que no dijo es que esa frase encierra la autorización para matar, desestabilizar y volver a hacer política exterior a base de cadáveres.
El anuncio se produce tras cinco ataques estadounidenses contra embarcaciones venezolanas, con un saldo de 27 personas muertas, según la prensa local. Washington asegura que eran “narcolanchas”, pero no ha mostrado una sola prueba.
La prensa norteamericana, en particular The New York Times, ha confirmado que la CIA cuenta con autorización presidencial para realizar “operaciones letales” en territorio venezolano. Lo que se traduce en asesinatos selectivos, sabotajes y guerra psicológica.
Trump habla de drogas, pero su lenguaje es el mismo que el de los viejos golpes de Estado. La misma retórica que se usó en Guatemala en 1954, en Chile en 1973, o en Nicaragua durante la guerra sucia de los ochenta. Cambian los pretextos, no las víctimas.
LA CIA VUELVE A LAS SOMBRAS
La historia de la CIA en América Latina está escrita con sangre y petróleo.
En 1954, la agencia derrocó a Jacobo Árbenz en Guatemala por intentar repartir tierras.
En 1961, organizó la invasión de Bahía de Cochinos contra Cuba, un desastre que acabó con cientos de muertos.
En 1973, participó en el golpe que llevó al poder a Augusto Pinochet, el dictador que sembró Chile de torturas y desaparecidos.
Y en los años 80, financió a la Contra nicaragüense, un ejército paramilitar que masacró campesinos en nombre de la “libertad”.
Trump retoma esa herencia sin disimulo, mientras su administración refuerza la presencia militar en el Caribe.
Diez mil soldados estadounidenses, ocho buques de guerra y un submarino ya patrullan la región.
El presidente ha roto las conversaciones diplomáticas con Caracas y amenaza abiertamente con acciones militares “por tierra”, un eufemismo que en Washington siempre ha significado invasión.
Las acusaciones contra Maduro son un calco de las que Estados Unidos usó contra cualquier líder incómodo: “narcotraficante”, “dictador”, “terrorista”.
La propia inteligencia estadounidense —según The New York Times— no respalda esas afirmaciones, pero el relato ya está en marcha.
Trump necesita enemigos externos para tapar su desastre interno: una economía fracturada, un país dividido y una presidencia que solo se sostiene a base de propaganda y miedo.
Convertir América Latina en campo de pruebas de su política interior no es nuevo. Es tradición imperial.
EL IMPERIO NO SE RETIRA, SE REARMA
Mientras el mundo observa con cansancio la repetición de la historia, Venezuela ha anunciado que llevará a Estados Unidos ante la justicia internacional por sus “amenazas y agresiones”. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, ha confirmado que promoverán responsabilidades penales ante la Fiscalía venezolana y foros globales.
El gobierno venezolano prepara un congreso internacional por la paz, para denunciar la violación del derecho internacional por parte del “imperio grosero del norte”.
Trump, sin embargo, ha encontrado en la violencia un filón electoral. Cada ataque, cada sanción, cada palabra incendiaria, alimenta su mito de fuerza entre un electorado radicalizado.
En lugar de frenar las drogas, lanza misiles. En lugar de proteger vidas, autoriza asesinatos.
Bajo su mandato, la política exterior estadounidense se ha convertido en un negocio: empresas de seguridad, contratistas militares y petroleras celebran esta nueva “guerra sucia” en el patio trasero.
Cuando un presidente justifica operaciones encubiertas con el pretexto del narcotráfico, lo que en realidad autoriza es el crimen de Estado.
El argumento de que los cárteles de la droga son “organizaciones terroristas” permite a Trump aplicar el derecho de guerra sin declaración formal. Es una legalización de la barbarie.
Y como siempre, América Latina paga el precio.
Los muertos no estarán en Miami, sino en los barrios pobres de Caracas, en los puertos del Caribe, en las aldeas donde los drones confundan pescadores con enemigos.
Estados Unidos vuelve a exportar democracia con pólvora.
Trump se autoproclama salvador del orden, pero actúa como el dueño del mundo.
Washington no libra guerras. Las fabrica.
Y lo que Trump llama “detenerlos por tierra” no es una operación antidroga. Es el regreso del fantasma colonial vestido de presidente.
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