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Ni el Gobierno ni la oposición entienden que detrás de cada cuota hay una persona al límite de la resistencia económica.
UN SISTEMA QUE NO ESCUCHA A QUIEN LO MANTIENE
El Gobierno ha vuelto a poner a los autónomos en el punto de mira. La nueva propuesta del Ministerio de Seguridad Social prevé subir las cuotas entre 217 y 796 euros anuales a partir de 2026, dentro de una reforma iniciada en 2022 para que el colectivo cotice por sus “ingresos reales” en 2032. Una década de transición para un sistema que sigue sin entender la realidad de quien trabaja por cuenta propia.
La ministra Elma Saiz insiste en que “no es un impuesto, sino una mejora en la protección social”. Pero cuesta verlo así cuando casi el 40% de los autónomos vive por debajo del salario mínimo, encadenando meses irregulares, facturas impagadas y jornadas sin fin. Se les pide “sosiego”, pero el sosiego no paga el alquiler ni la cuota de la luz.
El argumento oficial suena razonable: quien gana más, paga más. El problema es que la facturación no equivale a beneficio, y la mayoría de los autónomos sobrevive con márgenes tan estrechos que cualquier subida los empuja al cierre. Un autónomo que factura 900 euros al mes no está “bajamente cotizando”, está tratando de no hundirse.
Antes de la reforma, el 85% cotizaba por la base mínima. No por egoísmo, sino por pura supervivencia. El resultado es conocido: pensiones un 30% más bajas, prestaciones de enfermedad insuficientes y un paro de autónomos que apenas llega a una minoría. La promesa de “mayor protección social” suena hueca cuando el sistema no garantiza ni siquiera estabilidad económica.
NI LA DERECHA NI EL GOBIERNO ENTIENDEN EL PROBLEMA
La reforma de 2022 fue impulsada por el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos, bajo el argumento de que equipararía las condiciones de los autónomos con las de los asalariados. Tres años después, el resultado es un sistema más caro, más complejo y con la misma precariedad de fondo.
La derecha ahora habla de “sablazo fiscal”, pero ni entonces presentó alternativas ni hoy plantea soluciones estructurales. El PP aprovecha el malestar para hacer campaña, mientras olvida que durante su etapa de gobierno dejó a los autónomos con una protección social raquítica y un paro prácticamente inexistente.
El Ejecutivo, por su parte, se refugia en el discurso técnico de la sostenibilidad y la equidad, sin atender a la realidad diaria de millones de trabajadores que pagan religiosamente cada mes aunque no sepan cuánto ingresarán el siguiente. La izquierda que prometía justicia social ha acabado construyendo un modelo de cuotas que castiga a los más vulnerables con la misma lógica burocrática de siempre.
Las asociaciones del sector tampoco han logrado romper el cerco. ATA (vinculada a la CEOE) repite el eslogan del “sablazo”, UPTA (ligada a UGT) bendice la reforma y UATAE (de CCOO) pide ajustes menores. Ninguna aborda lo esencial: que un sistema justo no puede sostenerse sobre la precariedad permanente de quienes lo mantienen.
El Ministerio presume de que “los autónomos con menores ingresos seguirán pagando menos que en 2022”, pero omite que la inflación desde entonces ha superado con creces esa diferencia. En la práctica, muchos pagarán más por ganar menos.
Cotizar por lo que se gana solo es justo si se puede vivir de lo que se gana.
Hoy, el Estado exige estabilidad a los que viven del desequilibrio, regularidad a quienes trabajan en la incertidumbre, y sacrificio a quienes ya no tienen nada más que sacrificar.
Los autónomos no piden privilegios. Piden ser escuchados.
Y en este país, eso sigue siendo demasiado pedir.
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