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Ni el Gobierno ni la oposición entienden que detrás de cada cuota hay una persona al límite de la resistencia económica.
UN SISTEMA QUE NO ESCUCHA A QUIEN LO MANTIENE
El Gobierno ha vuelto a poner a los autónomos en el punto de mira. La nueva propuesta del Ministerio de Seguridad Social prevé subir las cuotas entre 217 y 796 euros anuales a partir de 2026, dentro de una reforma iniciada en 2022 para que el colectivo cotice por sus “ingresos reales” en 2032. Una década de transición para un sistema que sigue sin entender la realidad de quien trabaja por cuenta propia.
La ministra Elma Saiz insiste en que “no es un impuesto, sino una mejora en la protección social”. Pero cuesta verlo así cuando casi el 40% de los autónomos vive por debajo del salario mínimo, encadenando meses irregulares, facturas impagadas y jornadas sin fin. Se les pide “sosiego”, pero el sosiego no paga el alquiler ni la cuota de la luz.
El argumento oficial suena razonable: quien gana más, paga más. El problema es que la facturación no equivale a beneficio, y la mayoría de los autónomos sobrevive con márgenes tan estrechos que cualquier subida los empuja al cierre. Un autónomo que factura 900 euros al mes no está “bajamente cotizando”, está tratando de no hundirse.
Antes de la reforma, el 85% cotizaba por la base mínima. No por egoísmo, sino por pura supervivencia. El resultado es conocido: pensiones un 30% más bajas, prestaciones de enfermedad insuficientes y un paro de autónomos que apenas llega a una minoría. La promesa de “mayor protección social” suena hueca cuando el sistema no garantiza ni siquiera estabilidad económica.
NI LA DERECHA NI EL GOBIERNO ENTIENDEN EL PROBLEMA
La reforma de 2022 fue impulsada por el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos, bajo el argumento de que equipararía las condiciones de los autónomos con las de los asalariados. Tres años después, el resultado es un sistema más caro, más complejo y con la misma precariedad de fondo.
La derecha ahora habla de “sablazo fiscal”, pero ni entonces presentó alternativas ni hoy plantea soluciones estructurales. El PP aprovecha el malestar para hacer campaña, mientras olvida que durante su etapa de gobierno dejó a los autónomos con una protección social raquítica y un paro prácticamente inexistente.
El Ejecutivo, por su parte, se refugia en el discurso técnico de la sostenibilidad y la equidad, sin atender a la realidad diaria de millones de trabajadores que pagan religiosamente cada mes aunque no sepan cuánto ingresarán el siguiente. La izquierda que prometía justicia social ha acabado construyendo un modelo de cuotas que castiga a los más vulnerables con la misma lógica burocrática de siempre.
Las asociaciones del sector tampoco han logrado romper el cerco. ATA (vinculada a la CEOE) repite el eslogan del “sablazo”, UPTA (ligada a UGT) bendice la reforma y UATAE (de CCOO) pide ajustes menores. Ninguna aborda lo esencial: que un sistema justo no puede sostenerse sobre la precariedad permanente de quienes lo mantienen.
El Ministerio presume de que “los autónomos con menores ingresos seguirán pagando menos que en 2022”, pero omite que la inflación desde entonces ha superado con creces esa diferencia. En la práctica, muchos pagarán más por ganar menos.
Cotizar por lo que se gana solo es justo si se puede vivir de lo que se gana.
Hoy, el Estado exige estabilidad a los que viven del desequilibrio, regularidad a quienes trabajan en la incertidumbre, y sacrificio a quienes ya no tienen nada más que sacrificar.
Los autónomos no piden privilegios. Piden ser escuchados.
Y en este país, eso sigue siendo demasiado pedir.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.