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Una maquinaria judicial y mediática intentando convertir ruido en pruebas mientras el poder conservador busca una cabeza que exhibir
EL PROCESO QUE NUNCA DEBIÓ LLEGAR TAN LEJOS
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quedó visto para sentencia el jueves de la semana pasada. Desde entonces, siete magistradas y magistrados del Tribunal Supremo deliberan sobre un caso que, más que un proceso penal, parece la culminación de una campaña de hostigamiento político cuidadosamente engrasada por los de siempre. La pregunta central es nítida: ¿hay algo más que humo? ¿Existe una sola prueba sólida que justifique sentar en el banquillo al jefe del Ministerio Público?
El relato que se ha construido en torno a García Ortiz no se sostiene fuera del ecosistema donde la derecha y la ultraderecha convierten sospechas en dogmas de fe. La acusación intenta imputarle delitos tan graves como revelación de secretos, prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos. Sobre la mesa hay un menú punitivo que incluye hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y 400.000 euros entre multa e indemnización. Pero pedir no es demostrar.
Las acusaciones que reclaman condena forman un conglomerado tan elocuente que podría citarse en cualquier manual de lawfare: la acusación particular de Alberto González Amador (pareja de Ayuso), la APIF, el ICAM, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír. Un frente político-judicial decidido a derribar al fiscal que osó poner luz donde otros querían silencio.
Del otro lado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen algo tan básico que debería haber bastado para frenar esta deriva: no hay pruebas objetivas de filtración atribuibles a García Ortiz.
Sin embargo, el proceso siguió adelante, empujado por un clima mediático tóxico donde cualquier verdad que incomode al poder conservador se diluye en un mar de titulares incendiarios. La sentencia no tiene fecha. La presión sí.
CUANDO LOS TESTIGOS DESMONTAN EL RELATO Y ALGUNOS PREFIEREN NO ESCUCHAR
Lo determinante ahora serán los testimonios escuchados en sede judicial. Y ahí es donde el castillo de acusaciones empieza a tambalearse.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, habló de “vulneración del derecho de defensa”, aunque reconoció que el abogado de González Amador nunca pidió amparo al Colegio. Más ruido.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se negó a desmentir el bulo impulsado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que trataba de culpar a la Fiscalía de filtrar una propuesta de conformidad que, según las pruebas documentales, partió del propio González Amador. Ese correo fue publicado el 13 de marzo de 2024 por varios medios. Pero el daño ya estaba hecho. MAR reconoció en el Supremo que mintió.
Lo esencial que debe decidir ahora el tribunal es cuándo se produjo la supuesta revelación de secretos. La UCO, en coordinación con el TSJM y el instructor del Supremo, sitúa esa primera filtración a las 23:51 del 13 de marzo, minuto exacto en el que Cadena SER publicó el documento en el que el abogado de González Amador admitía “dos delitos contra la Hacienda Pública”.
Pero la defensa y la Fiscalía muestran algo crucial: laSexta publicó a las 22:10, es decir, una hora y 41 minutos antes, que la propuesta de acuerdo partía del propio implicado y no del fiscal. Y según la jurisprudencia del Supremo, “no se puede revelar lo ya revelado”. Si la primera publicación fue previa, toda la construcción acusatoria se desploma.
A esto se suma que los cuatro periodistas declarados como testigos afirmaron que García Ortiz no les filtró nada y que la información les llegó por otras vías. Ninguna contradicción. Ningún indicio de manipulación. Ninguna prueba.
El registro de la UCO del 30 de octubre de 2024 en el despacho del fiscal general y de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, tampoco aporta nada concluyente. La defensa sostiene que el volcado es nulo porque vulnera derechos fundamentales.
Con este panorama, lo único que permanece en pie es la estrategia de desgaste contra un fiscal que no era del agrado de quienes preferían un Ministerio Público dócil. Las pruebas apuntan con claridad a la absolución. Aun así, las acusaciones mantienen peticiones alternativas, como tres años de inhabilitación y 144.000 euros de multa por supuesta infidelidad documental. González Amador, por su parte, reclama 300.000 euros por “daños”.
No hay daño más evidente que el causado por quienes pretenden convertir la justicia en un arma política. Eso sí que deja marca.
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