Guerra, gasolina y saqueo: el conflicto con Irán como impuesto oculto a la ciudadanía 

Mientras las familias pagan hasta 1.096 dólares más, el negocio fósil y el militarismo se reparten beneficios récord

La guerra vuelve a presentarse como una decisión estratégica, pero sus efectos reales se miden en algo mucho más tangible: el coste de la vida. El conflicto impulsado por Estados Unidos contra Irán está teniendo una consecuencia directa que atraviesa fronteras: el encarecimiento de la energía. Y, con ello, una nueva transferencia de riqueza desde la mayoría social hacia las grandes corporaciones.

Un análisis elaborado por la oficina del senador Ed Markey estima que cada conductor estadounidense pagará una media de 1.096 dólares adicionales en 2026 por el aumento del precio de la gasolina. La cifra se basa en un escenario en el que el galón alcanza los 4,14 dólares, lo que supone un incremento de 1,16 dólares por galón desde febrero, coincidiendo con el inicio de la ofensiva militar. El propio informe advierte de que estos datos podrían quedarse cortos si el conflicto se prolonga (análisis oficial sobre precios del gas y beneficios petroleros).

La guerra no es solo destrucción lejana, es precariedad inmediata. Cada subida en el precio del combustible se traduce en transporte más caro, alimentos más caros y una presión constante sobre los hogares. Y no se trata de una consecuencia inevitable, sino de una decisión política con efectos económicos previsibles.

Desde España, donde el coste energético sigue marcando el pulso de la desigualdad, esta dinámica resulta reconocible. La dependencia global de los combustibles fósiles hace que cualquier conflicto en regiones estratégicas acabe impactando en Europa. Lo que sucede en Oriente Medio se convierte en una factura más elevada en cualquier estación de servicio del país.

Sin embargo, el impacto no es simétrico. Mientras la mayoría paga más, una minoría gana más. Durante el primer año de mandato, las cinco mayores compañías petroleras del mundo —ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell y BP— acumularon más de 75.000 millones de dólares en beneficios. Una cifra que contrasta con el deterioro del poder adquisitivo de millones de personas.

Este desequilibrio no es casual. La industria de los combustibles fósiles destinó 445 millones de dólares en 2024 a apoyar campañas políticas alineadas con sus intereses. Esa inversión tiene retorno: políticas energéticas centradas en el petróleo, desmantelamiento de alternativas limpias y conflictos que tensionan los mercados y elevan los precios.

Además, ejecutivos del sector vendieron acciones por valor de 1.400 millones de dólares antes y durante la guerra, anticipando la volatilidad. Un movimiento que refleja cómo el conflicto no solo genera costes sociales, sino también oportunidades de especulación para quienes controlan la información y los tiempos.

El patrón se repite: socializar pérdidas, privatizar beneficios. Mientras las familias ajustan sus presupuestos, las grandes empresas refuerzan su posición. Y el Estado actúa como intermediario, trasladando el impacto hacia la ciudadanía en lugar de regular o redistribuir.

La percepción social confirma esta realidad. Según un estudio del Pew Research Center, el 69% de la población estadounidense identifica el aumento del precio del combustible como su principal preocupación vinculada al conflicto. Muy por encima de otras cuestiones como el envío de tropas (61%) o las bajas militares (59%).

Pero el coste del militarismo va más allá del precio del combustible. Un informe del National Priorities Project calcula que cada contribuyente aportó una media de 4.000 dólares en 2025 para financiar el aparato militar y sus estructuras. Y la cifra podría aumentar si se aprueba el nuevo presupuesto de defensa propuesto, que asciende a 1,5 billones de dólares.

Se trata de una transferencia masiva de recursos públicos hacia la industria de la guerra. Dinero que no se invierte en servicios esenciales ni en transición energética, sino en mantener un modelo basado en la confrontación permanente.

Desde una perspectiva europea, este modelo no resulta ajeno. El aumento del gasto militar y la dependencia energética siguen marcando las decisiones políticas también en España. Y cada conflicto internacional refuerza una lógica que prioriza el beneficio de unos pocos frente al bienestar colectivo.

La consecuencia es clara. El militarismo no solo destruye territorios, también empobrece sociedades. Y lo hace de forma sistemática, desplazando recursos, encareciendo la vida y consolidando un sistema económico que necesita la guerra para sostenerse.

Porque cuando el conflicto se convierte en negocio, la factura siempre acaba en el mismo sitio: en manos de quienes no deciden, pero sí pagan.