Diego Díaz y dos personas sancionadas más muestran un vídeo con el que niegan las acusaciones de la Policía sobre unos hechos ocurridos en Gijón el pasado julio.
El director de Nortes, Diego Díaz Alonso, y dos personas más, Jara Cosculluela y Nacho Durán, han recibido una notificación de la Policía Nacional en la que se le impone, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, una sanción administrativa de 601 euros por unos hechos sucedidos el pasado julio en Gijón (Asturias).
En la denuncia y el expediente sancionador se menciona el artículo Crónica y vídeo de una intervención policial desproporcionada, firmado por Diego Díaz, y de cuya parte audiovisual es responsable otro de los denunciados, Nacho Durán.
«Esto no es una noticia. Tampoco un reportaje. No son versiones de hechos que me hayan contado otras personas. Es la crónica personal que debía a Nortes de algo de lo que fui testigo la madrugada del domingo pasado en Xixón, cuando tras más de media hora atendiendo a Marce, un joven que se había desplomado en la calle de El Comercio, varios policías nacionales generaron una tensa situación que acabó con otros dos jóvenes en comisaría y otros tres identificados. Uno de ellos, Jorge, el mismo médico que auxilió al muchacho inconsciente mientras la UVI móvil llegaba al lugar para socorrerlo», comenzaba el artículo.
Como explica Nortes, el atestado policial acusa al periodista y a dos de sus acompañantes de “agarrar por los brazos a los agentes”, de “forcejear con ellos” y obstaculizar la actuación de los sanitarios de la UVI.
Los propios agentes dicen no haber identificado a Díaz durante los hechos, y reconocen que este “manifestó ser periodista y tener intención de publicar lo acaecido en su medio de comunicación, empleando las imágenes que otro de los allí reunidos estaba grabando en ese momento”.
Díaz Alonso y las otras dos personas denunciadas niegan las acusaciones policiales, consideran que se trata de una represalia por cuestionar la actuación de los agentes y han presentado un recurso de alegación, en el que argumentan que el vídeo que acompañaba a la noticia “muestra que nadie de los allí presentes impidió, o trató siquiera de impedir, que el personal sanitario pudiera trabajar con seguridad”, y que fueron los propios policías quienes “de forma absolutamente contraria al criterio sanitario, tiran al suelo, ponen boca abajo e inmovilizan al acompañante de la persona que estaba siendo atendida».
Los denunciados se han negado a pagar la multa y en el recurso solicitan el sobreseimiento del expediente sancionador.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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