El director de ‘Nortes’, multado con la Ley Mordaza tras publicar un artículo sobre una intervención policial 

Diego Díaz y dos personas sancionadas más muestran un vídeo con el que niegan las acusaciones de la Policía sobre unos hechos ocurridos en Gijón el pasado julio.

El director de Nortes, Diego Díaz Alonso, y dos personas más, Jara Cosculluela y Nacho Durán, han recibido una notificación de la Policía Nacional en la que se le impone, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, una sanción administrativa de 601 euros por unos hechos sucedidos el pasado julio en Gijón (Asturias).

En la denuncia y el expediente sancionador se menciona el artículo Crónica y vídeo de una intervención policial desproporcionada, firmado por Diego Díaz, y de cuya parte audiovisual es responsable otro de los denunciados, Nacho Durán.

«Esto no es una noticia. Tampoco un reportaje. No son versiones de hechos que me hayan contado otras personas. Es la crónica personal que debía a Nortes de algo de lo que fui testigo la madrugada del domingo pasado en Xixón, cuando tras más de media hora atendiendo a Marce, un joven que se había desplomado en la calle de El Comercio, varios policías nacionales generaron una tensa situación que acabó con otros dos jóvenes en comisaría y otros tres identificados. Uno de ellos, Jorge, el mismo médico que auxilió al muchacho inconsciente mientras la UVI móvil llegaba al lugar para socorrerlo», comenzaba el artículo.

Como explica Nortes, el atestado policial acusa al periodista y a dos de sus acompañantes de “agarrar por los brazos a los agentes”, de “forcejear con ellos” y obstaculizar la actuación de los sanitarios de la UVI.

Los propios agentes dicen no haber identificado a Díaz durante los hechos, y reconocen que este “manifestó ser periodista y tener intención de publicar lo acaecido en su medio de comunicación, empleando las imágenes que otro de los allí reunidos estaba grabando en ese momento”. 

Díaz Alonso y las otras dos personas denunciadas niegan las acusaciones policiales, consideran que se trata de una represalia por cuestionar la actuación de los agentes y han presentado un recurso de alegación, en el que argumentan que el vídeo que acompañaba a la noticia “muestra que nadie de los allí presentes impidió, o trató siquiera de impedir, que el personal sanitario pudiera trabajar con seguridad”, y que fueron los propios policías quienes “de forma absolutamente contraria al criterio sanitario, tiran al suelo, ponen boca abajo e inmovilizan al acompañante de la persona que estaba siendo atendida».

Los denunciados se han negado a pagar la multa y en el recurso solicitan el sobreseimiento del expediente sancionador.