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Hay momentos en los que la dimisión no es una opción política, sino una exigencia ética. El de Juan Manuel Moreno es uno de ellos.
Miles de personas han salido a las calles de Sevilla coreando “¡Moreno, dimisión!” después de que el Gobierno andaluz reconociera lo impensable: 2.000 mujeres con posibles indicios de cáncer de mama quedaron fuera del sistema de seguimiento durante meses, incluso años. Lo supo antes la asociación de pacientes que la propia Junta. Lo contó la Cadena SER. Y solo entonces, acorralado, Moreno Bonilla compareció de urgencia para anunciar el cese de su consejera de Salud, Rocío Hernández, mientras las manifestantes exigían su propia cabeza.
No hay forma de maquillar el desastre. No fue un error técnico, ni un fallo puntual. Fue el resultado directo de una gestión que lleva años tratando la sanidad pública como un negocio. Los mismos que cierran centros de salud a las tres, que derivan pacientes a clínicas privadas con contratos a dedo, que presumen de “eficiencia” mientras los quirófanos se llenan de telarañas, son los que hoy se presentan como adalides de la responsabilidad política. Pero el cáncer no lo provocó un funcionario despistado. Lo provocó un modelo.
La sanidad convertida en ruina planificada
Moreno Bonilla habla de “errores humanos”, pero lo que hay detrás es una estrategia fría y calculada: debilitar lo público para fortalecer lo privado.
Durante años, el SAS ha externalizado servicios esenciales, multiplicado las adjudicaciones opacas y premiado a empresas con vínculos políticos. Lo que estalló con los cribados de cáncer es solo la punta del iceberg de una trama sanitaria donde los recursos se desvían y la vida de la gente se contabiliza como gasto.
Las 2.000 mujeres afectadas no son cifras, son víctimas de una gestión que eligió ahorrar en controles antes que invertir en salud. Víctimas de un sistema que permite que una paciente se entere de su diagnóstico tarde, o nunca. Y víctimas, sobre todo, de un gobierno que antepone su imagen electoral al derecho a la vida. Mientras se cerraban consultas, se abrían nuevas puertas giratorias. Mientras se bloqueaban diagnósticos, se blindaban presupuestos para propaganda institucional.
La dimisión de la consejera es un gesto vacío si el presidente que la nombró sigue en su despacho. Moreno Bonilla intentó despolitizar la sanidad, pero la convirtió en su campo de batalla. Quiso vender eficiencia y entregó abandono. Quiso parecer moderado y se reveló como lo que es: un gestor del desmantelamiento.
Dimisión, justicia y memoria
Moreno Bonilla debería dimitir por decencia. Por respeto a las mujeres a las que su gobierno dejó sin diagnóstico, por respeto a las miles de trabajadoras sanitarias que sostienen lo que él ha intentado destruir, y por respeto a un pueblo que no soporta más mentiras sobre su salud.
Porque Andalucía no puede seguir gobernada por quien ha convertido su sistema sanitario en un laboratorio de privatización. Porque no hay auditoría ni comité que repare el daño ya hecho. Y porque mientras no se asuma la responsabilidad política al más alto nivel, cada palabra que pronuncie el presidente sonará a coartada.
No fue un error. Fue una negligencia política masiva. Y en cualquier democracia digna, una negligencia así se paga con la dimisión.
El cáncer que mata a la sanidad andaluza no se trata con comunicados. Se trata con justicia.
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Dimisión.la Sanidad no se Privatiza para enriquecer a unos cuantos