La Iglesia exige elecciones, nosotras exigimos democracia 

Dos mil años sin votar y ahora quieren decidir por todas. Que hablen, pero pagando el IBI.

LA IGLESIA NO VOTA, PERO QUIERE GOBERNAR

En 2025, los obispos siguen creyéndose por encima del bien y del mal. O, mejor dicho, por encima del BOE. Esta semana, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, decidió opinar públicamente —con la contundencia de quien se sabe impune— que sería mejor adelantar las elecciones generales. Una institución que jamás ha pasado por las urnas pretende ahora marcar el calendario electoral de un Estado aconfesional. Qué curioso: predican que su reino no es de este mundo, pero se sienten con derecho a gobernar el nuestro.

Lo hizo, además, apoyándose en los titulares de corrupción sobre el exministro Ábalos, como si la Iglesia no tuviera su propio historial de escándalos que atraviesa siglos. Desde la pederastia silenciada hasta el saqueo inmobiliario, la jerarquía eclesiástica carga con una mochila que haría dimitir a cualquier gobierno democrático. Pero ellos no dimiten. Nunca. Nunca han rendido cuentas y, sin embargo, se sienten con derecho a pedir que las rinda el resto.

Argüello no estaba solo. El portavoz episcopal, César García Magán, respaldó sin matices su intervención. Lo que hace apenas unas décadas se llamaba “moral nacional” hoy se disfraza de “preocupación institucional”. Pero el veneno es el mismo: una Iglesia que bendijo fusilamientos y protegió torturadores, pretende ahora dar lecciones de regeneración política. Lo llaman “preocupación por España”. Lo es. Pero por la España que se les escapa de las manos.

UNA ACONFESIONALIDAD MERAMENTE RETÓRICA

La Constitución del 78, con todos sus límites, dejó una frase clara: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal.” Lo que no aclaró es si eso también se aplica a quienes tienen asignado un porcentaje del IRPF. Porque la Iglesia Católica sigue instalada en un régimen de privilegios que no se discute en ninguna tertulia televisiva. Exenciones fiscales. Inmatriculaciones fraudulentas. Subvenciones a centros educativos que segregan. Capellanes en hospitales y cárceles. Y, por si fuera poco, voz en los asuntos de Estado.

La reacción institucional ha sido, como casi siempre, tímida. Ha tenido que ser un grupo parlamentario, Sumar, quien registre una batería de preguntas al Gobierno. Pero el verdadero debate no es si debemos renegociar los acuerdos con la Santa Sede. Es si debemos mantenerlos en absoluto. No hablamos de hostilidad religiosa, sino de higiene democrática. Porque si el Estado no tiene religión, ¿por qué financia templos? ¿Por qué avala misas en homenajes fascistas? ¿Por qué permite que quienes no tributan ni votan condicionen la vida pública?

Que la Iglesia se exprese, como cualquier otro colectivo, es legítimo. Pero que lo haga mientras recibe trato de Estado dentro del Estado es sencillamente inaceptable.

Sumar ha puesto sobre la mesa varios puntos que merecen atención urgente:

• Revisión en profundidad de los bienes inmatriculados. Porque hay iglesias registradas como si fueran solares vacíos, y fincas enteras que cambiaron de manos con una simple certificación eclesial.
• Supresión de los privilegios fiscales. Que paguen el IBI, como cualquier asociación, sindicato o particular.
• Cancelación del convenio sobre la “resignificación” del Valle de Cuelgamuros. No puede haber resignificación sin desclericalización.
• Una queja formal al Vaticano. No por lo que piensen, sino por pretender influir como un actor político sin asumir las reglas de juego democrático.

Porque eso es lo que está en juego: si aceptamos que haya actores con poder político sin control democrático. La Iglesia española no es una confesión religiosa: es una multinacional ideológica con tentáculos mediáticos, económicos y educativos. Y como tal debe ser tratada.

¿Y qué hace el Gobierno? Mira para otro lado. Como siempre. Porque molesta menos exigir una comisión de investigación sobre mordidas que abrir el melón de los privilegios eclesiásticos. Pero sin revisar el Concordato, no hay democracia completa. Hay democracia condicionada, supervisada por quienes nunca han respondido ante una urna ni ante un juez.

¿Va a aceptar España que se le dé lecciones de legitimidad desde los púlpitos que protegieron a los verdugos del franquismo?

Ya va siendo hora de que el Gobierno no sólo escuche. Que actúe. Que revise. Que denuncie. Que legisle. Que retire los fondos públicos a quien pretende funcionar como partido sin pasar por las urnas. Porque una Iglesia que exige elecciones sin haber celebrado jamás una, no puede seguir financiada con dinero público.

Los obispos no votan, pero quieren decidir por ti.