El hambre como arma, la ayuda como carnicería y la comunidad internacional como cómplice silente.
ISRAEL DISPARA CONTRA QUIENES BUSCAN COMIDA
Cuatrocientas diez personas. Mujeres, hombres, criaturas. Todas asesinadas entre el 27 de mayo y el 24 de junio de 2025 por el ejército israelí mientras intentaban recoger alimentos en los nuevos centros de distribución gestionados por una fundación israelí-estadounidense. La cifra ha sido confirmada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que no se ha andado con eufemismos: eso es un crimen de guerra.
Y no uno abstracto, no un tecnicismo jurídico: hablamos de ejecuciones de personas hambrientas, desesperadas, desarmadas. A eso se reduce hoy el derecho internacional en Gaza: a contar cadáveres mientras se permite que quien los produce siga comerciando armas con media Europa y recibiendo cobertura diplomática en la ONU.
Israel impone el hambre y después militariza el pan. La ayuda que antes gestionaban agencias internacionales como la UNRWA, desmantelada tras una campaña política coordinada con Estados Unidos y ciertos medios occidentales, ha sido reemplazada por un sistema caótico, improvisado y peligroso: convoyes privados, puntos de entrega controlados por soldados y rutas de acceso en las que la muerte acecha a cada paso. Los soldados disparan contra la multitud, y luego acusan a la multitud de desorden.
No es un fallo. Es diseño. Lo dijo con claridad el portavoz de la ONU, Thameen Al-Kheetan: usar alimentos como arma, impedir el acceso a suministros o condicionar la ayuda a la sumisión constituye un crimen de guerra. Y añadió que “puede formar parte de otros crímenes”. Porque aquí ya no se trata solo de derecho humanitario. Se trata de exterminio sistemático de población civil.
“Es el hambre convertida en arma, es un desplazamiento forzado, es una sentencia de muerte para quienes simplemente intentan sobrevivir”, denunció Jonathan Whittall, jefe de la Oficina de OCHA en Palestina. “Parece la eliminación de la vida palestina en Gaza”.
No, no parece. Lo es.
EL CRIMEN SE REPARTE ENTRE BALAS, BLOQUEOS Y BOMBARDEOS
Más de 400 asesinatos en los centros privados de ayuda. Al menos 93 personas más tiroteadas al intentar acceder a convoyes de la ONU. Más de 3.000 heridas en episodios similares. Las cifras son de Naciones Unidas. Son públicas. Están documentadas. Y, sin embargo, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni los grandes titulares de prensa se atreven a nombrar lo obvio: esto es una política de exterminio a cámara lenta.
La excusa de la seguridad se deshace al primer soplo. En medio del hambre y la desesperación, Israel ha impedido el paso de 8 de cada 16 misiones humanitarias durante el pasado fin de semana. Misiones destinadas a repartir agua, combustible, rescatar cuerpos de civiles asesinados o atender a bebés desnutridos. ¿Qué amenaza justifica disparar a un niño que busca pan? ¿Qué defensa nacional exige saquear convoyes médicos y cortar el paso a ambulancias?
La ONU ya ha advertido que las telecomunicaciones, recién reparadas, volverán a caer si no se permite la entrada urgente de combustible. Y eso implica el colapso de salas de urgencias, ambulancias, estaciones de desalinización y sistemas de saneamiento. La infraestructura civil se pudre bajo las bombas mientras se niega la gasolina que la mantendría en pie.
Y cuando no se muere por una bala, por una bomba o por un corte de electricidad, se muere de hambre. El dilema de Gaza es brutal y exacto: salir a buscar comida y jugarse el cuello o quedarse en casa a morir lentamente. Esa es la ecuación de la política israelí.
Israel dispara a quienes intentan vivir.
Y mientras tanto, el mundo observa. Balbucea. Tuitea. Pero no actúa.
¿Cuántos cadáveres más hacen falta para que las instituciones internacionales rompan relaciones con un Estado criminal?
¿Cuántos niños tienen que ser tiroteados en la cola del pan para que la ONU haga algo más que lamentarse?
¿Cuántas veces se puede usar el hambre como arma antes de que alguien detenga a los verdugos?
Hoy, Gaza es un laboratorio de la barbarie moderna. Y el silencio global es parte del crimen.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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