El pasado 19 de agosto, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mintió al anunciar la apertura de expedientes informativos a la eléctrica
El polémico desembalse que Iberdrola llevó a cabo en el entorno de Monfragüe en el mes de agosto ha traído consecuencias como que el barco de Serradilla lleva más de cuatro meses parado ya que no puede navegar debido al bajo caudal y sin esa y otras actividades han bajado también las reservas turísticas de la zona.
Los alcaldes de la zona han criticado la inacción tanto de la Confederación Hidrográfica del Duero como la del Tajo, a pesar de que desde la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, se informó de la apertura de expedientes por mala praxis a las empresas concesionarias de los aprovechamientos hidroeléctricos.
El pasado 19 de agosto, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, era el encargado de anunciar de la apertura de dichos expedientes informativos a la eléctrica Iberdrola y señaló que si se comprobaba que había mala praxis derivarían en expedientes sancionadores.
También aseguró entonces que en los desembalses del pasado verano se había «superado lo que el sentido común recomienda en el uso de un recurso público tan sensible como es el agua».
Sin embargo, el Gobierno ha reconocido ahora que ni la Confederación Hidrográfica del Duero ni la del Tajo abrieron expedientes a Iberdrola por el vaciado en los pantanos de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres).
Los expedientes informativos no se recogen en la actual normativa del agua
El director general del Agua, Teodoro Estrela Monreal, ha argumentado que no ha abierto expedientes informativos como tales porque se trata de un procedimiento que no existe en el marco regulador actual sobre dominio público hidráulico. Al respecto, ha recordado que esa figura a la que aludió el secretario de Estado de Medio Ambiente, la del expediente informativo, no se recoge en la actual normativa del agua.
Ese tipo de expedientes no se contempla en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y se desarrolló la Ley de Aguas de 1985 en lo referente a los procedimientos que afectan al dominio público hidráulico.
El organismo se pronuncia así tras una pregunta de EFE a través del portal de Transparencia sobre el resultado de los expedientes informativos, admitiendo que no se han abierto y que ni siquiera existió esa posibilidad, pues no existen.
Al margen de las actuaciones en la vía administrativa, el desembalse de Ricobayo ha sido objeto de una querella criminal promovida por ciudadanos particulares por supuesto delito medioambiental que investigan los juzgados zamoranos, donde han sido llamados a declarar responsables de Iberdrola y de la propia Confederación Hidrográfica.
También la Xunta abrió expedientes sancionadores contra Naturgy e Iberdrola por el desembalsado de Belesar, As Portas, Salas y Cenza.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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