Del chiste al banquillo: Vox convierte una protesta popular en Zaragoza en causa judicial por “odio” 

La extrema derecha quiere prohibir la sátira porque no soporta que se rían de ella. Ni democracia, ni humor, ni crítica: solo obediencia

Javier F. Ferrero

LA CARICATURA COMO DELITO: CUANDO LA ULTRADERECHA SE CREE INTOCABLE

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No es una denuncia. Es un aviso mafioso. Santiago Abascal y Vox han llevado a los tribunales a Jorge Calderón, militante de la Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT), por haber impulsado un juego de dardos en una fiesta popular de Zaragoza donde figuraban los rostros de Milei, Trump, Netanyahu y el propio Abascal. Fue el 5 de marzo, en la Cincomarzada, jornada reivindicativa con más de 40 años de historia y de clara tradición antifascista. No fue un acto privado, no fue un mitin radical, no fue una barricada: fue una actividad lúdica, abierta y con sentido político, como tantas otras que pueblan las calles de Zaragoza cada año por estas fechas.

¿El “delito”? Haber ridiculizado a los amos del odio. El humor molesta cuando desmonta su discurso. La ironía se vuelve insoportable cuando apunta a los predicadores del miedo. Y la risa, en tiempos de oscuridad, es un arma peligrosa porque desarma la solemnidad hueca del totalitarismo. Abascal lo sabe, y por eso ha presentado una denuncia por “odio y amenazas”. Lo irónico es que quien aplaude los crímenes de Netanyahu, quien respalda deportaciones masivas, quien ataca diariamente al colectivo LGTBI y promueve el acoso a mujeres feministas, se declare ahora víctima de un “crimen”. Un crimen de papel y plástico.

Lo que pretende Vox es sembrar miedo. No buscan justicia, buscan castigo ejemplar. Que la próxima vez, antes de poner una caricatura en una pancarta, alguien se lo piense dos veces. Que la disidencia se repliegue y el silencio se convierta en norma. Se trata de criminalizar la crítica, de judicializar la risa, de domesticar el espacio público. Como cuando encarcelan a un tuitero, investigan a una artista o multan a quienes protestan en una plaza: la ofensiva es general, y el precedente que intentan sentar es gravísimo.

CUANDO PROTESTAR ES UN ACTO DE RESISTENCIA COLECTIVA

La extrema derecha no teme una revolución: teme un chiste. Porque sabe que la hegemonía se sostiene en símbolos, y que basta un dardo –real o metafórico– para pinchar la burbuja del relato patriótico, cristiano y neoliberal que han construido. En esta ocasión, ha sido Jorge Calderón. Pero mañana puede ser cualquier activista, periodista o profesora que ose cuestionar el dogma ultra.

No es un caso aislado. Desde hace años, se acumulan los ataques contra quienes protestan: desde las detenciones del 1-O en Catalunya hasta las condenas por manifestarse en barrios obreros, pasando por la represión a sindicalistas, las multas de la Ley Mordaza y el espionaje digital a periodistas. La crítica social está en el punto de mira, y Vox actúa como punta de lanza de un modelo político que aspira a blindarse frente a cualquier oposición.

Lo que más escuece es que esta denuncia llega tras el reconocimiento institucional. La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), que organiza la Cincomarzada, había premiado precisamente a la agrupación juvenil Contracorriente por su participación activa en la vida comunitaria. Premio vecinal por un lado, persecución política por otro. La hipocresía es total: se aplaude la implicación social mientras se criminaliza el pensamiento libre. Porque no quieren barrios activos, quieren barrios obedientes.

¿Dónde queda la libertad de expresión cuando el poder puede decidir qué humor es legal y qué burla se castiga? ¿Qué mensaje se envía cuando denunciar a Netanyahu se persigue más que masacrar a palestinas y palestinos? ¿Qué democracia puede permitirse este doble rasero? La respuesta la conocemos: una democracia enferma, vigilada, coaccionada.

Por eso el próximo 2 de julio no es una cita más. Es una línea roja. Una batalla cultural. A las 10:30 de la mañana, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, se decidirá si el derecho a reírse de un fascista sigue siendo parte del repertorio democrático o si empieza a formar parte del delito político.

Porque burlarse del poder no solo es un derecho: es una obligación ética.