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Una protesta internacional por la dignidad, ocho meses después de la tragedia
CRÍTICA A LA GESTIÓN POLÍTICA
Este 29 de junio de 2025, más de 5 000 personas volvieron a ocupar el centro de València bajo un calor abrasador, para exigir la dimisión inmediata de Carlos Mazón, president de la Generalitat. Han pasado ocho meses desde la DANA del 29 de octubre de 2024, y el hartazgo no ha hecho más que crecer. Lo que empezó como una tragedia con más de 200 muertes, se ha convertido en una herida abierta que el Consell ha tratado de ocultar bajo capas de propaganda, contratos a consultoras y silencios administrativos.
Desde entonces, la protesta se ha repetido cada mes sin excepción, convirtiéndose en la movilización más sostenida en la historia democrática de la Comunitat Valenciana. No por costumbre, sino por rabia. Porque 243 días después, sigue habiendo casas inhabitables, colegios cerrados, y personas mayores atrapadas en edificios sin ascensor. Pero para Mazón, la prioridad fue maquillar su imagen en los medios y repartir culpas. Cuando no culpó al cielo, culpó al suelo. Pero nunca se miró al espejo.
Frente a él, las víctimas y sus familias han resistido. El relato oficial no resiste ni un paseo por los barrios afectados.
SOLIDARIDAD LOCAL Y CLAMOR GLOBAL
Bajo el lema “Mazón dimissió”, la manifestación recorrió las principales arterias de València. Con tambores, banderas negras y pancartas que pedían cárcel para los responsables políticos, miles de personas convirtieron el duelo en organización. A pesar del calor extremo, las calles se llenaron de cuerpos indignados y corazones en lucha. Porque la verdad no descansa en verano y la dignidad no pide vacaciones.
Lo que ocurre en València ya no es solo un conflicto autonómico. Es un símbolo internacional del desprecio institucional por la vida. Organizaciones vecinales, sindicatos, colectivos ecologistas y plataformas de defensa de los servicios públicos han encontrado en este caso un espejo de lo que ocurre en muchos otros territorios: la catástrofe no es solo meteorológica, es política. Y su causa tiene nombres y apellidos.
Mientras las ayudas no llegan, los contratos millonarios con consultoras privadas se firman a ritmo de vértigo. Mientras las víctimas no encuentran atención psicológica, la Generalitat lanza campañas de autobombo. Mientras el president elude responsabilidades, las familias se endeudan para rehacer lo que el Consell prometió reparar. ¿Cuántos muertos necesita la impunidad para ser llamada “gobernanza”?
No es solo València. En Madrid, Barcelona, Murcia o Sevilla, ya se preparan concentraciones de apoyo. Porque el dolor no se archiva en un cajón, ni la memoria puede ser barrida con una rueda de prensa. En un mundo donde las tragedias se explotan y se olvidan en el mismo ciclo informativo, hay quien no se resigna. Hay quien sigue saliendo a la calle y señalando con nombre y apellidos al poder.
Ni dimisión tardía. Ni tecnócratas al rescate. Ni olvido.
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Ayuso convierte la maternidad en trinchera ideológica con su “ley del concebido no nacido”
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el próximo 2 de julio llevará a la Asamblea de Madrid un pleno extraordinario para debatir y aprobar la llamada “ley del concebido no nacido”. No es una anécdota parlamentaria. No es una medida técnica. Es una pieza más en la ofensiva reaccionaria que intenta reescribir los derechos sexuales y reproductivos con lenguaje administrativo, una carpeta institucional y una sonrisa de superioridad moral.
La propuesta reconoce al “concebido no nacido” como “miembro más de la unidad familiar”. Dicho así parece una fórmula burocrática. Pero no lo es. Es política pura. Y de la más peligrosa: la que pretende colarse por la puerta de las ayudas sociales para instalar una visión ultraconservadora de la maternidad, del cuerpo de las mujeres y de la familia. No están ampliando derechos: están moviendo el marco para que el embarazo pese jurídicamente antes que la vida material de las mujeres.
El pacto entre EE.UU. e Irán redibuja Oriente Medio y deja a Israel mirando el desastre
El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, firmado el 18 de junio por Donald Trump y Masoud Pezeshkian, ya tiene su etiqueta grandilocuente: el “gran pacto”, el “acuerdo del siglo”, la jugada histórica que supuestamente cerraría una etapa de guerra y abriría otra de negociación. La liturgia también fue cuidadosamente escogida. Trump lo formalizó en Versalles, al margen de la cumbre del G7, como si el decorado imperial pudiera maquillar lo evidente: las potencias no reconstruyen el orden internacional, lo reparten.
Es el primer pacto firmado por un presidente estadounidense y un presidente iraní desde la Revolución Islámica de 1979. No es un detalle menor. Tiene 14 puntos, prolonga el alto el fuego durante 60 días, incluye a Líbano y abre la puerta a negociar un arreglo permanente, incluido el programa nuclear iraní. Dicho así parece diplomacia. Pero la diplomacia, cuando llega después de miles de muertos, suele ser el nombre elegante del fracaso moral.
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