La extrema derecha volvió a actuar en cuestión de minutos tras la tragedia ferroviaria: señalar culpables sin pruebas, erosionar instituciones y rentabilizar el caos.
LA CATÁSTROFE COMO OPORTUNIDAD POLÍTICA
No habían pasado dos horas desde que se conocieron las primeras noticias del accidente ferroviario de Adamuz cuando la maquinaria ultra ya estaba en marcha. A las 22:40 del domingo, con cuerpos todavía atrapados entre hierros retorcidos y decenas de familias sin noticias de sus seres queridos, la extrema derecha decidió que el relato estaba cerrado. El culpable debía ser el Gobierno, aunque no existiera dato alguno que lo sostuviera. La tragedia, una vez más, era solo el pretexto.
El patrón es reconocible y reiterado. Ocurrió durante la pandemia, se reprodujo con la dana, se amplificó en los incendios forestales y ahora vuelve a aparecer tras un siniestro que ha dejado 45 personas muertas. Antes de la investigación, antes del duelo, antes incluso de conocer el número de víctimas, ya circulaban mensajes diseñados para sembrar desconfianza, enfado y desafección. No es improvisación ni exceso verbal. Es estrategia.
La secuencia se repite con precisión mecánica. Primero, un dirigente lanza un mensaje político sin base factual. Después, una red de portales digitales y perfiles amplifica la acusación. Finalmente, una lluvia de bulos actúa como cemento del relato. La verdad queda relegada a un segundo plano porque no es el objetivo. Lo importante es ocupar el espacio emocional que deja la incertidumbre y convertirla en combustible electoral.
En las primeras 72 horas posteriores al choque de los dos trenes de alta velocidad, la red se llenó de afirmaciones falsas o manipuladas que apuntaban en la misma dirección. Una de las más difundidas sostenía que el Ejecutivo había “donado” 247 millones de euros a Marruecos y Uzbekistán para infraestructuras ferroviarias mientras abandonaba la red española. El dato era falso por partida doble. No se trataba de una donación, sino de un crédito reembolsable concedido en 2019, y además el tramo donde ocurrió el siniestro había recibido 700 millones de euros en inversiones, con una renovación de vía finalizada en mayo de 2025. La corrección llegó tarde. El bulo ya había cumplido su función.
EL CAOS COMO NEGOCIO COMUNICATIVO
La desinformación no se limitó a cifras manipuladas. También circularon llamamientos falsos a la “colaboración ciudadana” para acudir a la zona del accidente con chalecos reflectantes, obligando a los servicios de emergencias a desmentir públicamente el mensaje ante el riesgo real de entorpecer los trabajos de rescate. El bulo no solo intoxica el debate público, también pone en peligro vidas.
A esto se sumaron imágenes generadas con inteligencia artificial, montajes sobre el comportamiento de periodistas de la televisión pública y acusaciones directas contra responsables institucionales. A las 21:59, apenas 45 minutos después de que el ministro de Transportes informara de que se encontraba en el puesto de mando de ADIF en Atocha coordinando la emergencia, un director de medio afirmaba que estaba “mudo ante la tragedia”. La falsedad era fácilmente comprobable, pero la rectificación no viaja a la misma velocidad que la mentira.
Otro de los ejes de la ofensiva fue ADIF. Se difundió que llevaba meses borrando registros de incidencias para ocultar pruebas, algo que se desmiente con las propias comunicaciones públicas del organismo. También se acusó al ministerio de haber eliminado la Unidad de Emergencias como parte de un supuesto desmantelamiento de los servicios públicos. El Real Decreto 690/2025 deja claro que se trató de un traspaso de competencias, no de una supresión de funciones. Los hechos importan poco cuando el objetivo es erosionar la confianza institucional.
Este comportamiento no es exclusivo del caso de Adamuz. Estudios académicos lo han documentado en crisis anteriores. La politóloga Anna López Ortega, junto con el profesor Germán Llorca-Abad, analizó la desinformación durante la dana en uno de los primeros estudios científicos sobre este fenómeno. Su conclusión es clara: se trata de un “framing de crisis”, una técnica que prioriza encajar cualquier desastre en una narrativa previa. La gestión real deja de importar. Lo relevante es que la catástrofe confirme el relato de un Gobierno corrupto y culpable de todo.
La extrema derecha explota momentos de máxima vulnerabilidad social. Miedo, incertidumbre y necesidad de información crean el caldo de cultivo perfecto. En ese contexto, ofrece respuestas simples, culpables claros y una avalancha de contenidos que saturan el espacio público. Memes, vídeos, tuits y titulares diseñados para impactar emocionalmente. No buscan acompañar a las víctimas ni esclarecer lo ocurrido. Buscan ruido, conflicto y adhesión.
Frente a esa ofensiva, la reacción institucional en Adamuz ha sido, según coinciden múltiples actores, ejemplar. La coordinación entre administraciones gobernadas por fuerzas distintas ha funcionado. La solidaridad vecinal y ciudadana ha sido inmediata. Pero incluso en ese escenario, el discurso ultra encuentra rendijas para colarse, demostrando que la desinformación no necesita grandes fallos para prosperar, solo necesita atención.
Mientras algunos agitadores difundían vídeos falsos de raíles inexistentes o alimentaban rumores sobre piezas “perdidas”, la investigación avanzaba con cautela. Se han hallado muescas de roce en los primeros coches del Iryo y en trenes que pasaron antes por la zona, indicios que todavía no permiten conclusiones definitivas. La diferencia entre el trabajo técnico y la propaganda es abismal. Uno requiere tiempo y rigor. La otra se alimenta de la prisa y del dolor.
Convertir una tragedia en munición política no es un accidente, es un modelo. Un modelo que desprecia a las víctimas, degrada el debate público y normaliza la mentira como herramienta de poder. Un modelo que no busca respuestas, sino culpables prefabricados. Y que vuelve a demostrar que, para algunos, el caos no es un problema: es un negocio.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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