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Todos aquellos que adquieran una propiedad con un valor oficial de hasta 512.000 euros tendrán la obligación de residir en la vivienda durante los primeros cuatro años posteriores a la compra
A partir del 1 de abril Ámsterdam planea introducir una ley que regula la compra de bienes inmuebles por la cual se prohíbe a todos aquellos que adquieran una propiedad con un valor oficial de hasta 512.000 euros alquilarla durante cuatro años a partir de la fecha de compra. Con esta medida planea paliar la fuerte crisis de vivienda en la ciudad y proteger el 60% de las viviendas en propiedad del riesgo de caer en manos de grandes inversores.
La ciudad tiene disparados los precios desde hace años. En los últimos siete años, el coste de poseer una vivienda en la ciudad se ha más que duplicado, alcanzando un valor medio de unos 600.000 € y el precio medio de un alquiler es de 1.466 euros al mes. Además, no hay ya prácticamente viviendas asequibles para personas de ingresos bajos o medios.
Este jueves, Jakob Wedemeijer, concejal de vivienda, ha señalado que, en la actualidad, una de cada tres viviendas son propiedad de inversores privados y las últimas cifras muestran que «miles de viviendas ocupadas por sus propietarios han sido retiradas del mercado y se alquilan como propiedad a precios muy caros».
La protección de la compra de propiedades se implementa mediante una ley que entró en vigor el 1 de enero de 2022. A pesar de que el ayuntamiento todavía tiene que aprobar la medida, el concejal de vivienda no espera contratiempos. El comité de vivienda la discutirá el 9 de febrero, se votará el 16 de febrero en el concejo municipal, y entrará en vigor el 1 de abril.
Además de Ámsterdam, hay otros 130 municipios holandeses, incluidos Róterdam y Utrecht que también planean introducir esta medida.
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Trump amenaza, Irán se levanta de la mesa y la diplomacia vuelve a quedar secuestrada por el matón de siempre
Irán interrumpió este domingo 21 de junio las conversaciones con Estados Unidos en Suiza después de que Donald Trump volviera a hacer lo que mejor sabe hacer: convertir una negociación internacional en una demostración de chulería imperial. La delegación iraní abandonó el lugar de las reuniones en Bürgenstock, según informó la agencia oficial IRNA, después de reunirse con el intermediario qatarí. Las conversaciones se desarrollaban con mediación de Qatar y Pakistán. No hablamos de un malentendido protocolario. Hablamos de una potencia nuclear amenazando públicamente a otro Estado mientras sus representantes siguen sentados en una mesa que, supuestamente, debía servir para desescalar.
El mensaje de Trump en Truth Social fue una pieza clásica del manual mafioso de Washington: si Irán no detiene a sus “proxies pagados” y evita que “causen problemas”, Estados Unidos volverá a golpear “muy fuerte”, incluso “más fuerte” que la semana anterior. La frase no es diplomacia. Es amenaza. Es ruido de botas. Es la forma obscena en que el poder estadounidense pretende seguir dictando al mundo quién puede defenderse, quién debe arrodillarse y quién tiene derecho a existir sin pedir permiso.
Starmer se va hoy y deja al Reino Unido mirando al abismo ultra
Keir Starmer llega a este lunes 22 de junio al borde de anunciar su dimisión como primer ministro del Reino Unido, según The Guardian, The Observer y elDiario.es. No han pasado ni dos años desde aquella mayoría absoluta histórica que vendieron como regreso de la sensatez, del orden institucional, de la política adulta. Y ya está. Otra vez Downing Street convertido en sala de espera. Otra vez el país viendo desfilar primeros ministros como quien cambia fusibles en una casa que se cae.
La diferencia es importante. Starmer no se va arrastrado por una fiesta ilegal en pandemia, como Boris Johnson, ni por haber incendiado la economía en cuestión de días, como Liz Truss. No hay un gran caso de corrupción personal que explique la caída. Ese es precisamente el problema. Starmer no cae por un escándalo: cae por haber convertido la esperanza en gestión gris del derrumbe. Prometió reparar un país golpeado por 14 años de gobiernos conservadores, recortes, privatizaciones y Brexit. Pero ha gobernado como si bastara con administrar las ruinas con tono serio y cara de notario.
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Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
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