Lo gritaremos hasta que llegue a Ábalos: ¡La vivienda es un derecho! 

Más de 70 organizaciones, sindicatos y decenas de diputados exigen al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que regule los precios del alquiler

Este jueves más de 72 colectivos (entre los que están UGT, Comisiones Obreras, la PAH y otras organizaciones de pensionistas, de consumidores y distintas mareas) y 68 diputados de nueve formaciones con representación parlamentaria se han plantado en el Congreso ante la propuesta de no regular de forma directa los precios del alquiler de José Luis Ábalos. «Ahora el conflicto no lo tiene el PSOE con Podemos, sino que lo tiene con millones de familias que viven de alquiler y que necesitan acceso a la vivienda», han advertido.

La iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda digna busca acabar con el problema de la vivienda en España, con medidas como acabar con los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, asegurar y ampliar el parque público de alquiler social y la regulación de los precios del alquiler.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha rechazado estas propuestas. Mientras el PSOE quiere conseguir que se bajen los precios de alquiler con incentivos fiscales a los propietarios, Podemos quiere limitar y congelar los precios en las zonas tensionadas. Según Ábalos, el PSOE prefiere incentivar y no penalizar.

Además, Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030, propuso el pasado 2 de febrero en el Congreso, que su partido pretende que las personas con más de cinco viviendas destinen el 30% de su vivienda a alquiler social.

En la Iniciativa por una ley que garantice el Derecho a la vivienda, los colectivos defienden que «después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público para el rescate bancario que no han sido devueltos, es de justicia que la nueva Ley haga frente a la emergencia habitacional que sufrimos. Garantizando, así, una vivienda para quien lo necesite mediante un presupuesto suficiente en políticas de vivienda pública y estableciendo mecanismos legales que obliguen, a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda, a asumir responsabilidad social y
evitar nuevas burbujas especulativas».

Las organizaciones firmantes del manifiesto unirán sus fuerzas para conseguir que la Ley por el Derecho a la Vivienda incluya como mínimo estas 8 medidas de aplicación directa en todo el territorio: el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo; acabar con los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.

También asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria; la regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.

Además, garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las
telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna; garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios; la ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal y la participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

Tal y como recoge Público, Paco Morote, portavoz de la PAH, ha señalado que se encuentran preocupados ante las manifestaciones que hacen tanto Ábalos como Calviño y por eso han acudido al Congreso para conseguir apoyos de grupos parlamentarios que están en disposición de apoyar este manifiesto.

Según Morote, los diputados de los grupos que han apoyado la iniciativa: Unidas podemos, En Comú Podem, ERC, Bildu, JxCat, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias y la CUP, unidos a los del PSOE suman 184 parlamentarios, «una mayoría lo suficientemente amplia y absoluta como para que la ley reconozca por vez primera el derecho a una vivienda en un país en el que no tenemos parque público, en el que el parque público no supera el 2,5% del total de vivienda disponible».

El portavoz de PAH ha revelado también que habían pedido una reunión con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra, pero que tras derivar la reunión hacia otra diputada del grupo, el PSOE les ha trasladado «que en estos momentos no tiene tiempo, que cuando puedan nos llamarán».

Movilizaciones para garantizar el derecho a una vivienda

Paco Morote ha anunciado que van a iniciar movilizaciones en los territorios y que espera «que los grupos políticos que nos han apoyado se pongan en marcha para conseguir que la ley realmente recoja y garantice el derecho de la ciudadanía a una vivienda». 

Carme Alcarazo, del Sindicato de Inquilinas de Catalunya ha declarado que: «Hace unos días escuchábamos al ministro Ábalos diciendo que no quiere regular el precio del alquiler porque la vivienda es un bien de mercado que genera actividad económica, pero ¿la especulación es una actividad económica? Señor Ábalos, la especulación no aporta riqueza, solo produce pobreza», ha defendido.

«El PSOE está intentando dinamitar un acuerdo que no solo ha hecho con Unidas Podemos, son también con todos los grupos que están aquí con nosotros hoy, y con más de 9.000 entidades sociales que defienden el derecho a la vivienda y con millones de familias que viven asfixiadas», ha añadido.

Alcarazo ha acusado al ministro de Transportes de situarse al lado de «los fondos buitres, los bancos y los beneficios especulativos por encima de las familias». «¿Qué ha pasado desde que firmaron el último acuerdo en el marco de los Presupuestos ¿Quién les ha estado llamando y qué presiones reciben? ¿Será que a usted también le están ofreciendo algo desde ASVAL, el lobby d los fondos buitres, como ya se lo ofrecieron al socialista Joan Clos?», ha preguntado.

«Estamos en un momento histórico; en nuestro país se puede garantizar por primera vez el derecho a la vivienda de forma real, un derecho como lo es la Sanidad o la Educación, yes muy importante preguntarle al PSOE de qué lado está, y si esta ley de vivienda va a garantizar que se paren los desahucios, que se pueda acceder a una vivienda de alquiler de forma digna», ha zanjado.