Este escándalo subraya la necesidad crítica de transparencia, rendición de cuentas y justicia en Madrid
El escándalo de las muertes en residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 sigue siendo un tema de gran controversia en la Comunidad de Madrid. Familiares de las víctimas, así como organizaciones y la oposición política, exigen transparencia y acceso a información crucial que sigue siendo retenida por el gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso. En particular, se han centrado en los atestados policiales generados por la Policía Municipal durante sus visitas a los geriátricos en aquellos momentos críticos, documentos que Ayuso se niega a publicar, argumentando la necesidad de reelaborar un gran volumen de información que incluye datos de carácter personal.
El origen de esta situación se remonta a la aprobación de protocolos por parte del Gobierno de Ayuso, que establecían criterios restrictivos para la derivación hospitalaria de residentes enfermos, basándose en su grado de dependencia o deterioro cognitivo. Esta medida provocó una situación en la que miles de residentes fallecieron sin recibir atención hospitalaria adecuada, lo que ha llevado a calificar estos protocolos como «de la vergüenza».
La demanda por transparencia no solo proviene de los familiares de las víctimas, que buscan respuestas y justicia, sino también de la oposición política en la Asamblea de Madrid, que prepara preguntas al Gobierno de Ayuso. Además, hay críticas hacia los intentos de modificar el Consejo de Transparencia, lo que se interpreta como un esfuerzo por limitar el acceso a la información sobre la gestión de la crisis en las residencias.
Los atestados policiales, en los pocos casos que se han hecho públicos, revelan una realidad alarmante sobre la situación en los geriátricos, con testimonios de directores y trabajadores que señalan la imposibilidad de derivar a los residentes a hospitales y el abandono por parte de las administraciones públicas. Estos documentos son clave para entender la magnitud de la tragedia y las decisiones que llevaron a ella.
La lucha por la verdad y la justicia se mantiene vigente, con familiares y organizaciones como Marea de Residencias y Pladigmare en primera línea, demandando respuestas claras y responsabilidades por las decisiones tomadas. La situación ha llevado a la reapertura de investigaciones judiciales para determinar las responsabilidades penales de Ayuso y otros miembros de su gobierno en relación con el fallecimiento de residentes que no pudieron ser trasladados a hospitales.
Este escándalo subraya la necesidad crítica de transparencia, rendición de cuentas y justicia en la gestión de las residencias de ancianos, especialmente en tiempos de crisis como la pandemia de COVID-19, donde las decisiones gubernamentales tienen consecuencias directas sobre la vida y la muerte de los ciudadanos más vulnerables.
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