La evidencia desclasificada expone una trama golpista con el respaldo del expresidente
La democracia brasileña enfrenta un golpe directo a sus cimientos. El informe desclasificado por la Policía Federal de Brasil revela que Jair Bolsonaro tenía “pleno conocimiento” y un control directo sobre un plan para asesinar a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo en 2022, junto a su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y el magistrado Alexandre de Moraes.
Este plan, conocido como ‘Operación Puñal Verde Amarillo’, fue elaborado en los pasillos del poder, con evidencias que vinculan su impresión al Palacio de la Presidencia. El 9 de noviembre de 2022, uno de los implicados, el general Mario Fernandes, imprimió el documento en la sede presidencial antes de trasladarse a la residencia oficial de Bolsonaro. Las pruebas son claras: mensajes, audios e imágenes corroboran una asociación ilícita que va más allá de cualquier límite ético o político.
Entre los acusados, junto a Bolsonaro, destacan exministros y militares de alto rango como Walter Braga Netto, antiguo ministro de Defensa, y Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina. El resultado es un organigrama de conspiradores que evidencia cómo se utilizó el aparato estatal para intentar destruir la democracia desde dentro.
La narrativa ultraderechista de Bolsonaro no reconoce límites. Tras perder las elecciones de 2022 por un margen menor al 2%, el expresidente se negó a aceptar los resultados, acusando sin pruebas un fraude electoral. Este informe pone de manifiesto que la resistencia de Bolsonaro no era solo política, sino criminal, con planes de magnicidio y desestabilización diseñados desde las esferas más altas del poder.
MAGNICIDIO Y AUTORITARISMO: LA SOMBRA DEL TERROR EN BRASIL
El asesinato político es una táctica propia de regímenes autoritarios y un eco de épocas oscuras en América Latina. Según la Policía Federal, los planes de magnicidio no solo apuntaban a Lula y Alckmin, sino también a figuras clave como Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Electoral en ese momento y actual relator de esta causa. La intención no era solo eliminar a individuos, sino desmantelar el Estado democrático por completo.
El informe detalla cómo los conspiradores debatieron el uso de envenenamiento como método para ejecutar los asesinatos, evidenciando una brutalidad que recuerda a los regímenes militares del pasado. Bolsonaro, lejos de ser un líder aislado, era el eje central de una red de conspiración que incluía a su partido, el Partido Liberal (PL), y varios de sus aliados más cercanos.
La Operación Puñal Verde Amarillo representa algo más que un intento de golpe. Es un recordatorio de que la democracia no está garantizada y que la ultraderecha no duda en utilizar métodos extremos para imponer su agenda, incluso si eso implica el uso de violencia estatal.
La implicación de altos mandos militares, como los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, plantea preguntas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en Brasil. Estos actores, en lugar de garantizar la estabilidad institucional, optaron por participar en una conspiración destinada a acabar con el Estado democrático.
La gravedad de estos actos exige respuestas contundentes. Este caso no es solo una cuestión de justicia para Brasil, sino un precedente crucial para la región. Si el sistema judicial brasileño no actúa con firmeza, se enviará un mensaje alarmante: la impunidad sigue siendo el pilar de los proyectos autoritarios.
El informe de 884 páginas, entregado este martes a la Fiscalía General, no deja espacio para la duda. La participación activa de Bolsonaro y su círculo cercano en la planificación de estos actos delictivos redefine la dimensión de su responsabilidad.
No estamos hablando de meros crímenes políticos. Esto es un asalto deliberado contra los valores democráticos y la soberanía popular. El magnicidio no es solo un acto de violencia física; es una declaración de guerra contra todo lo que representa la democracia.
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Porque denunciar significa enfrentarse a un sistema que las cuestiona y las revictimiza. Denunciar no debería ser una experiencia traumática, pero mientras la justicia siga siendo aliada de los agresores, ¿quién se atreverá a buscar ayuda?
Que miedo me da , la extrema derecha está dispuesta a todo. Tenían que darse cuenta los partidos más democráticos , que tienen que gobernar
un poco más a favor de la clase trabajadora , porque a la gente cuando le niegan la esperanza de vivir con dignidad
Termina botando a estos ,, Salvapatrias
.Sin escrúpulos.