Ayuso, Mayor Oreja y el frente antiabortista: cruzada reaccionaria contra la salud pública y los derechos de las mujeres 

La ofensiva ultra se rearma: viejos apellidos, viejas mentiras, nuevas plataformas

Una docena de provincias españolas no garantiza el acceso al aborto en su sistema sanitario público. Miles de mujeres se ven obligadas a desplazarse, a veces cientos de kilómetros, para ejercer un derecho reconocido por ley. Mientras tanto, quienes lo cuestionan no solo no desaparecen, sino que reaparecen con más fuerza, agitados por líderes políticos que ven rédito electoral en boicotear la igualdad.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a utilizar su altavoz institucional para alimentar una cruzada reaccionaria: el ataque al registro de objetores de conciencia, una herramienta legal y sanitaria que garantiza el acceso efectivo al aborto en la red pública. Ayuso, con su habitual retórica de enfrentamiento, ha tachado el registro de “lista negra”, alimentando bulos y blanqueando la desobediencia institucional. No es la primera vez. No será la última.

Bajo este discurso, organizaciones como Abogados Cristianos han encontrado la excusa perfecta para judicializar la sanidad pública. Acaban de recurrir ante la Audiencia Nacional la resolución del Ministerio de Sanidad que regula este registro, en vigor desde 2023 y pactado con todas las comunidades autónomas, incluida Madrid. Pero ahora Ayuso pretende desconocer ese acuerdo y convertir la objeción individual en un sabotaje colectivo al derecho de las mujeres.

Al frente de esta embestida legal se sitúa una nueva plataforma: Ginecólogos por la Objeción. Entre sus líderes figura Luis Chiva, miembro del Opus Dei y jefe del servicio de Ginecología en la elitista Clínica Universidad de Navarra. Su agenda es ideológica, no médica. Ha llegado a declarar que se opondría incluso a la píldora del día después, tachándola de «abortiva».

No es casualidad que el otro portavoz, Rodrigo Orozco, dirija una unidad del hospital privado Quirónsalud en Málaga. Esta alianza entre sanidad privada, integrismo religioso y política conservadora no defiende la libertad, sino la imposición de convicciones personales sobre derechos colectivos. No defienden la objeción de conciencia, sino la objeción por sistema.

UNA RED ULTRA COORDINADA CON APOYO INSTITUCIONAL

La ofensiva no se queda en los hospitales. Se extiende a la calle, a los medios, a las redes sociales y a los despachos de los viejos jerarcas del aznarismo. Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y actual referente de varias organizaciones ultra, ha reaparecido para dar cobertura a esta campaña. Desde su Fundación NEOS, uno de los epicentros del negacionismo de derechos en España, insiste en que “no existe un derecho a matar” y tilda de “totalitario” al Gobierno por defender la sanidad pública.

NEOS ha impulsado recogidas de firmas, campañas en redes y propaganda ideológica con fotografías de ministras señaladas públicamente. Utiliza un lenguaje de guerra cultural, donde las decisiones de las mujeres se presentan como ataques contra la nación, la fe o la familia. Con un discurso calcado al de la ultraderecha internacional, colocan a Ayuso como una heroína en su relato de «resistencia» frente al “relato de género”.

La organización HazteOír ha reactivado también su maquinaria. Más de 32.000 firmas ha recogido ya para presionar al Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es reintroducir el bulo del llamado “síndrome postaborto”, un invento sin base científica. Aunque el propio alcalde Almeida haya rectificado públicamente, reconociendo que tal síndrome “no existe”, la extrema derecha no da marcha atrás. No se trata de ciencia. Se trata de imponer miedo.

Detrás de la retórica están las cifras: 12 provincias no garantizan abortos en la sanidad pública. 2025, y en España todavía hay mujeres obligadas a coger trenes, autobuses o coches para acceder a un derecho básico. Mientras tanto, sus agresores se esconden detrás de cruces y de instituciones privadas con ánimo de lucro.

Surge también una web, quierosermadre.org, financiada y construida por colectivos antiderechos, que se presenta como “Wikipedia provida”. Esconde propaganda ideológica bajo apariencia de ayuda, alimentando mitos sin base médica: que el aborto no es seguro, que las mujeres no son libres, que la interrupción del embarazo se produce bajo coacción. Todo falso. Todo ya sentenciado por el Tribunal Constitucional, que ha recordado que el derecho a decidir forma parte del derecho a la dignidad.

El impulsor de la página, Pablo Mariñoso, afirma que no responde a ninguna organización, pero sus mensajes calcados al argumentario de NEOS o HazteOír lo delatan. Presenta el aborto como una imposición, no como una elección. Habla de democracia, pero niega a las mujeres el derecho a decidir. Habla de libertad, pero solo cuando se impone su moral.

Las y los profesionales que se oponen al aborto tienen derecho a la objeción individual, pero el sistema público tiene la obligación de garantizar el servicio. Lo contrario es convertir un derecho en papel mojado, y la objeción en un boicot institucional.

Esta ofensiva no es nueva, pero sí más coordinada y financiada que nunca. No busca defender a las y los profesionales. Busca impedir que las mujeres decidan. Lo llaman conciencia. Es control.