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Un relevo pactado entre bambalinas mientras Vox exige retrocesos en derechos y libertades
LA DIMISIÓN DE MAZÓN, UNA OPORTUNIDAD PARA REAFIRMAR EL AUTORITARISMO
Carlos Mazón ha dimitido, pero lo que debería abrir una etapa de limpieza democrática en la Comunitat Valenciana ha sido convertido por el PP en una operación para atornillarse al poder, a cualquier precio.
No hay intención alguna de devolver la voz a la ciudadanía valenciana. Ni una palabra de elecciones. Lo que hay es un teléfono: el de Alberto Núñez Feijóo marcando a Santiago Abascal. Y una rendición: el PP dispuesto a pagar el precio que imponga Vox por el relevo.
Una vez más, la derecha española asume sin disimulo que su proyecto político no se sostiene sin la tutela de la extrema derecha. Y Vox lo sabe. Por eso presiona. Por eso sube la apuesta. Porque sabe que el PP, atrapado en su propia estrategia de blanqueo, ya no tiene escapatoria.
Mientras en Madrid los barones del PP se pasean vendiendo moderación y pactos civilizados, en València se cocina una contrarreforma social de la mano de quienes niegan la violencia de género, agitan el odio racial y rechazan los derechos de las mujeres. Y todo eso se negocia sin luz ni taquígrafos, en plena precampaña extremeña, con un partido en descomposición y con el Gobierno central tomando nota.
Feijóo quiso evitar esta crisis. Pero la dimisión de Mazón lo obliga a retratarse: o elecciones limpias o investidura pactada con los que consideran que la migración empobrece, que el cambio climático es un cuento y que el feminismo es una amenaza.
VOX QUIERE MÁS: MACHISMO, RACISMO Y ECOCIDIO
“Tenemos que ser más firmes y exigentes”, ha declarado Santiago Abascal en una entrevista aún sin publicar. Ya no se conforman con figurar. Ahora quieren gobernar, imponer, derogar. Quieren desmantelar la poca agenda verde que queda, devolver competencias, invisibilizar a las víctimas, criminalizar a la infancia migrante.
Y el PP les sigue el paso. Ha bloqueado el reparto solidario de menores migrantes, incluso cuando comunidades gobernadas por los suyos lo solicitaban. Ha votado resoluciones para segregar estadísticamente a la población extranjera, como si fueran un riesgo o una carga. Y ha impulsado mociones en Madrid que obligan a informar a las mujeres sobre un inventado “síndrome postaborto”, en línea directa con los delirios de la ultraderecha estadounidense.
Esto no es una anécdota. Es una estrategia. Es ideología pura. Y es un pacto político.
Porque cada gesto de sumisión del PP fortalece a Vox. Cada vez que callan, consienten. Cada vez que negocian, legitiman. Y cada vez que gobiernan juntos, el Estado de derecho retrocede un poco más.
Lo dijo este miércoles el ministro de Presidencia, Félix Bolaños: “Existe el riesgo real de que Feijóo asuma esas políticas solo para mantenerse un poco más en el poder”. Ese riesgo no es una hipótesis. Es un hecho. Basta mirar la trayectoria reciente de gobiernos PP-Vox: censura cultural, vetos educativos, ataques a asociaciones feministas, eliminación de direcciones generales de Igualdad, retrocesos en memoria democrática.
Ahora quieren más. Y la Comunitat Valenciana, golpeada por la DANA y por una gestión desastrosa del PP, es el nuevo campo de pruebas de esa agenda reaccionaria.
Desde la izquierda, las voces se alzan para exigir lo obvio: elecciones. No otro Mazón, no otro acuerdo en la sombra. Lo reclamó Joan Baldoví de Compromís, lo reiteró Pilar Alegría desde el Gobierno. “Hay que dar la voz al pueblo y no insistir en poner a otro Mazón”.
Pero Feijóo no escucha. Feijóo pacta. Pacta con quienes desprecian las libertades, pacta con quienes propagan bulos, pacta con quienes ven al adversario político como enemigo. Pacta con quienes quieren transformar las instituciones en trincheras ideológicas.
Abascal ya lo ha dejado claro: “No tememos unas elecciones. Tememos defraudar a nuestros electores”. La frase es una amenaza. Y también un chantaje. Porque si el PP no se somete, habrá urnas. Y si hay urnas, puede haber castigo. Por eso Feijóo se doblega. Porque su único horizonte es sobrevivir. Aunque para ello tenga que entregar la democracia valenciana al peor postor.
No es una investidura lo que se negocia, es una capitulación.
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