Control del relato, borrado del lenguaje y una guerra que ya no se puede ocultar
En la novela 1984 de George Orwell, el poder no solo vigila. También reescribe la realidad. Decide qué se recuerda y qué se borra. Y castiga a quien se atreve a mirar con sus propios ojos. No es solo literatura. A veces parece una advertencia que llega demasiado tarde.
Algo de eso resuena cuando uno observa el modo en que se construye hoy el relato sobre Palestina. No es solo una disputa política. Es una batalla por el significado mismo de las palabras. Por lo que se puede decir. Por lo que se puede pensar.
La maquinaria de defensa de Israel, con sus redes institucionales, mediáticas y diplomáticas, funciona con una lógica muy clara: exigir adhesión total. Sin matices. Sin grietas. Quien cuestiona, quien duda, quien simplemente describe lo que ocurre, entra automáticamente en la categoría de sospechoso. Y ahí empieza el castigo. Social, mediático o político.
El ejemplo más evidente es la construcción del marco temporal. Para este aparato, la historia empieza el 7 de octubre de 2023 y todo lo anterior desaparece. Décadas de ocupación, desplazamientos forzados, bloqueos, violencia estructural. Todo queda fuera de plano. Como si nunca hubiera existido.
Desde ese punto, cualquier acción posterior se justifica. O directamente se niega. La narrativa se sostiene en una especie de doble pensamiento: lo que ocurre se ve, pero no se reconoce. Y si se reconoce, se legitima.
Sin embargo, esa construcción empieza a resquebrajarse. Las imágenes llegan. Los testimonios también. Y los datos, incluso desde fuentes próximas a Israel, no siempre encajan en el relato oficial. La propia reacción israelí a las acusaciones de crímenes de guerra, recogida en medios como The Times of Israel al responder a la ONU sobre la conversión de amplias zonas de Gaza en espacios de combate, evidencia hasta qué punto la narrativa se defiende más que se explica.
No es casualidad. Es estrategia.
Controlar el pasado para dominar el presente
En el universo de Orwell, quien controla el pasado controla el futuro. Aquí ocurre algo parecido. Se trata de fijar un punto de inicio que permita justificar todo lo demás. Y de eliminar cualquier contexto que incomode.
Pero la realidad insiste. Insiste con cifras. Con nombres. Con historias. Miles de niños y niñas asesinados. Familias enteras borradas del mapa. Periodistas muertos. Infraestructuras civiles destruidas. No son abstracciones. Son hechos.
Incluso aliados tradicionales empiezan a mostrar incomodidad. Las imágenes de colonos en Cisjordania arrasando aldeas enteras han cruzado líneas que antes parecían intocables. Y los documentos históricos desclasificados han vuelto a poner sobre la mesa algo que durante años se intentó diluir: la expulsión masiva de cientos de miles de palestinos y palestinas en la creación del Estado de Israel.
Todo esto complica el relato. Lo tensiona. Lo rompe.
Porque cuando la realidad es demasiado evidente, la propaganda necesita redoblar esfuerzos. Y ahí entra otro elemento clave.
El lenguaje como campo de batalla
Orwell lo explicó con precisión quirúrgica: reducir el lenguaje es reducir el pensamiento. Si no hay palabras, no hay ideas. Si no hay ideas, no hay disidencia.
Algo parecido ocurre hoy con el vocabulario permitido en el debate público sobre Palestina. Palabras como “ocupación”, “apartheid” o “genocidio” se convierten en territorio prohibido. Decirlas tiene un coste. Un coste alto.
En su lugar, se impone un término que lo ocupa todo: antisemitismo. Se usa como escudo. Como arma. Como etiqueta totalizadora. Y al hacerlo, se diluyen las diferencias entre crítica política y odio real. Entre denunciar crímenes y atacar identidades.
El efecto es claro. Se estrecha el margen de lo decible. Se empuja a la autocensura. Se castiga la complejidad.
Y, mientras tanto, desaparece algo más. Desaparece el propio sujeto. Palestina deja de nombrarse. Las y los palestinos se convierten en una abstracción o, peor, en una amenaza. Se les borra simbólicamente al mismo tiempo que se les expulsa físicamente.
Pero incluso ese mecanismo empieza a fallar.
Las redes, los medios independientes, las organizaciones de derechos humanos. Todo suma. Todo filtra. Todo muestra. Y cada imagen que circula, cada testimonio que se comparte, es una grieta más en ese muro de relato único.
En Estados Unidos, durante años epicentro de la llamada “excepción palestina” (esa censura sistemática de cualquier discurso favorable a sus derechos), algo se mueve. Las encuestas empiezan a reflejar un cambio. Parte de la opinión pública ya no compra la versión oficial sin cuestionarla.
No es casual. Es resultado de años de trabajo de activistas, periodistas, académicos, personas anónimas que han insistido. Que han pagado un precio por hacerlo.
Y aun así, nada está garantizado. La historia no se mueve en línea recta. La propaganda no desaparece de un día para otro. Se adapta. Mutua. Resiste.
Por eso la disputa sigue abierta. En cada palabra. En cada imagen. En cada silencio.
Porque lo que está en juego no es solo un territorio. Es la capacidad de nombrar la realidad sin miedo.
Y cuando nombrar la realidad se convierte en un acto de resistencia, el problema ya no es el lenguaje. Es el sistema que intenta controlarlo.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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