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La maquinaria del dinero se tambalea por primera vez en Tenerife, pero el monstruo sigue vivo y protegido por los despachos del poder político.
UNA VICTORIA PARCIAL FRENTE A UN PROYECTO ILEGAL Y DEPREDADOR
Este miércoles 30 de julio de 2025, la presión ciudadana en Costa Adeje ha forzado lo que parecía imposible: la paralización de una parte del macroproyecto turístico Cuna del Alma, concretamente la zona más cercana al mar, donde la empresa pretendía construir sobre terrenos históricos vinculados al almacén de tomates y plátanos, sin contar con licencias de obra ni de costas. ElDiario.es confirma que los colectivos han dado un ultimátum al Cabildo de Tenerife para detener todas las obras por «irregularidades graves».
La victoria es fruto de meses de lucha de activistas, vecinas y vecinos, ecologistas y personas dispuestas a plantarse ante excavadoras y amenazas. Se ha logrado demostrar que el proyecto avanza en ilegalidad y que el Ayuntamiento de Adeje, bajo el mando de José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), ha mirado hacia otro lado mientras se pisoteaban leyes, patrimonio natural y derechos colectivos.
Pero la obra general sigue en marcha. El ecocidio no se ha frenado, solo se ha ralentizado, y la impunidad de quienes lo impulsan continúa blindada por los tentáculos del poder político y empresarial.
UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN, ABUSO DE PODER Y SILENCIO INSTITUCIONAL
La denuncia penal presentada en los juzgados de Arona apunta directamente al alcalde Rodríguez Fraga, a Filip Hoste y a otros responsables políticos y empresariales del proyecto. Según la investigación publicada por Unidad Parlamentaria, se les acusa de delitos como prevaricación urbanística, tráfico de influencias, fraude a la administración, estafa agravada y delitos contra el medio ambiente.
El modus operandi descrito en la querella es un manual del caciquismo urbanístico: se reactivó una junta de compensación inactiva desde hace décadas para saltarse los mecanismos democráticos que exige la Ley del Suelo, evitando el escrutinio del Pleno municipal y la exposición pública de informes técnicos y jurídicos. La vieja política del favor y la mordida vestida de modernidad turística y falsa promesa de progreso.
Mientras los tribunales duermen y las máquinas avanzan, las agresiones a activistas son ya parte del paisaje. San Borondón ha documentado el intento de atropello de Filip Hoste contra manifestantes. La violencia no solo se ejerce contra la tierra, también contra quienes la defienden.
Los colectivos ecologistas advierten de nuevos hallazgos arqueológicos y naturales en la zona, ocultados o ignorados para favorecer la especulación. Atlántico Hoy ha revelado que existen yacimientos protegidos que el proyecto intenta enterrar bajo cemento y lujo para turistas ricos.
Lo que ocurre en Adeje no es un caso aislado. Es la fotografía del urbanismo mafioso en Canarias, donde licencias urbanísticas, galones policiales y autorizaciones de taxis son moneda de cambio, donde la tierra se vende a precio de saldo a intereses privados mientras el territorio y sus habitantes se convierten en daño colateral del negocio.
La paralización parcial lograda hoy no debe confundirse con justicia. La verdadera victoria llegará cuando las obras sean detenidas en su totalidad y se sienten en el banquillo quienes han pisoteado leyes, naturaleza e historia en nombre del dinero fácil.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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