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La reapertura de la causa contra el exdiputado pone el foco en la fragilidad de los protocolos judiciales y las narrativas enfrentadas.
La declaración de Íñigo Errejón ante el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid marca un punto de inflexión no solo en la vida política del exdiputado, sino en la percepción pública de los casos de violencia sexual vinculados a figuras de poder. Elisa Mouliaá, actriz y periodista, es la única mujer que ha formalizado una denuncia admitida a trámite contra Errejón, quien dimitió en octubre tras las primeras acusaciones difundidas anónimamente en redes sociales. La conexión con una publicación de Cristina Fallarás, conocida por su trabajo en temas de violencia de género, disparó la atención mediática y desencadenó la caída política del portavoz de Sumar.
El caso plantea interrogantes más amplios. La rapidez con la que Errejón abandonó su cargo, en un entorno político donde las denuncias de violencia sexual suelen quedar relegadas al silencio o a la desacreditación, no es habitual. Tampoco lo es la carta en la que aludió a ser víctima del patriarcado y de una «línea política y mediática», sin admitir responsabilidades directas. Este discurso polarizante evidencia un problema recurrente: la dificultad de abordar las denuncias de violencia sexual desde una perspectiva que priorice la verdad y no la conveniencia partidista.
LA DINÁMICA JUDICIAL Y LA LUCHA DE NARRATIVAS
El caso no solo ha sido mediático; también ha puesto a prueba la flexibilidad del sistema judicial. Mouliaá ha cambiado de abogado en tres ocasiones, destacando la dificultad para obtener representación legal sólida en casos de esta naturaleza. La implicación inicial de Carla Vall, abogada reconocida por su trabajo en agresiones sexuales y maternidad, ejemplifica los retos estructurales que enfrentan las denunciantes, incluso con perfiles públicos y acceso a recursos.
Por otro lado, la estrategia de la defensa de Errejón apunta a deslegitimar el testimonio de Mouliaá, calificándolo de «débil y contradictorio». Este enfoque es una constante en los casos de violencia sexual, donde el peso de la prueba recae desproporcionadamente en las víctimas, amplificando su revictimización. La insistencia en posponer declaraciones y el uso de tecnicismos para dilatar los procesos son tácticas habituales que, lejos de buscar justicia, intentan desgastar emocionalmente a las partes implicadas.
Es significativo que las declaraciones se hayan programado con una hora y media de diferencia para evitar el cruce entre ambas partes, conforme a los protocolos en casos de agresión sexual. Sin embargo, esta medida resalta otra cuestión: la falta de espacios judiciales adecuados para gestionar estas denuncias sin aumentar el estrés psicológico de las víctimas.
UN CASO EMBLEMÁTICO EN LA ERA DE LA VISIBILIZACIÓN
La relevancia del caso Errejón radica en su capacidad de abrir debates sobre la justicia, el poder y la responsabilidad política. Más allá de la culpabilidad o inocencia, el tratamiento mediático y judicial de este tipo de denuncias expone las contradicciones de un sistema incapaz de proteger adecuadamente a las víctimas.
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