Un contrato de 3,9 millones de euros fue asignado sin publicidad ni concurso público, bajo el paraguas de un procedimiento de emergencia.
El pasado 29 de octubre, la DANA arrasó la Comunidad Valenciana dejando un rastro devastador. Municipios como Sot de Chera, en la comarca de Los Serranos, quedaron al borde del abismo: casas destruidas, infraestructuras colapsadas y una presa, la de Buseo, en grave peligro de rotura. Según la Generalitat Valenciana, las aguas superaron en hasta 2,5 metros la coronación de la presa, construida entre 1903 y 1915, comprometiendo su estabilidad y seguridad. En un contexto de emergencia climática, las respuestas rápidas son cruciales, pero la urgencia no debe ser sinónimo de opacidad ni de amiguismo político.
El Consell, presidido por Carlos Mazón, adjudicó la reparación de la presa a la empresa Becsa SA, propiedad de Gabriel Alberto Batalla Reigada, condenado en 2018 por delitos vinculados a la financiación ilegal del Partido Popular en el marco del caso Gürtel. Un contrato de 3,9 millones de euros fue asignado sin publicidad ni concurso público, bajo el paraguas de un procedimiento de emergencia.
Este caso no es un hecho aislado. Becsa, además, ha recibido otros contratos para la rehabilitación de carreteras y puentes afectados por la DANA, incluyendo proyectos en Cheste y en la demarcación de Bétera y Serra, valorados en más de 1,5 millones de euros. ¿Estamos ante una respuesta legítima a una crisis o ante un patrón de adjudicaciones a dedo que perpetúan la corrupción?
EL VÍNCULO ENTRE POLÍTICA Y NEGOCIOS OSCUROS
La relación entre Becsa y el Partido Popular valenciano tiene raíces profundas. Gabriel Batalla, accionista de la empresa, no solo confesó haber participado en la financiación ilegal del PP, sino que su firma ya había sido señalada en casos como Fabra 2, donde se descubrió que la constructora costeó gastos personales del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Este entramado empresarial y político revela un modus operandi donde los intereses privados prevalecen sobre el interés público.
Además, Becsa no es una desconocida para el equipo de Mazón. El secretario autonómico y jefe de gabinete del presidente, José Manuel Cuenca, trabajó previamente en esta empresa. ¿Es coincidencia que una compañía con vínculos tan estrechos con el PP obtenga contratos millonarios de emergencia?
Mientras tanto, las y los habitantes de municipios como Sot de Chera viven bajo la amenaza de una presa que aún no ha recuperado su estabilidad. El escenario de peligro declarado el pasado 31 de octubre refleja una infraestructura frágil y una respuesta que, aunque urgente, está cargada de sombras.
OPACIDAD Y DESIGUALDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA
La DANA dejó al descubierto más que la vulnerabilidad de las infraestructuras valencianas. También evidenció las grietas de un sistema donde las emergencias se convierten en terreno fértil para el lucro privado. La normativa permite las adjudicaciones directas en situaciones de crisis, pero ello no exime al gobierno de su obligación de transparencia y rendición de cuentas.
La Generalitat justificó la elección de Becsa argumentando su “conocimiento previo” de la infraestructura, ya que había ejecutado obras menores en la presa en 2022. Sin embargo, esa familiaridad no debería ser un cheque en blanco. La confianza en una empresa condenada por corrupción es una afrenta para una ciudadanía que, en medio del desastre, exige respuestas limpias y efectivas.
Por otro lado, la comunidad científica lleva años advirtiendo sobre el aumento de fenómenos extremos debido a la crisis climática. En lugar de reforzar las infraestructuras y planificar con antelación, los gobiernos siguen actuando a golpe de improvisación, dejando a las comunidades más vulnerables expuestas a riesgos crecientes. La emergencia climática no debe ser excusa para políticas públicas erráticas ni para perpetuar redes de poder corruptas.
La gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana no solo es un recordatorio de la fragilidad de nuestras infraestructuras, sino también de la debilidad de nuestras instituciones frente a la corrupción.
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