Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Un contrato de 3,9 millones de euros fue asignado sin publicidad ni concurso público, bajo el paraguas de un procedimiento de emergencia.
El pasado 29 de octubre, la DANA arrasó la Comunidad Valenciana dejando un rastro devastador. Municipios como Sot de Chera, en la comarca de Los Serranos, quedaron al borde del abismo: casas destruidas, infraestructuras colapsadas y una presa, la de Buseo, en grave peligro de rotura. Según la Generalitat Valenciana, las aguas superaron en hasta 2,5 metros la coronación de la presa, construida entre 1903 y 1915, comprometiendo su estabilidad y seguridad. En un contexto de emergencia climática, las respuestas rápidas son cruciales, pero la urgencia no debe ser sinónimo de opacidad ni de amiguismo político.
El Consell, presidido por Carlos Mazón, adjudicó la reparación de la presa a la empresa Becsa SA, propiedad de Gabriel Alberto Batalla Reigada, condenado en 2018 por delitos vinculados a la financiación ilegal del Partido Popular en el marco del caso Gürtel. Un contrato de 3,9 millones de euros fue asignado sin publicidad ni concurso público, bajo el paraguas de un procedimiento de emergencia.
Este caso no es un hecho aislado. Becsa, además, ha recibido otros contratos para la rehabilitación de carreteras y puentes afectados por la DANA, incluyendo proyectos en Cheste y en la demarcación de Bétera y Serra, valorados en más de 1,5 millones de euros. ¿Estamos ante una respuesta legítima a una crisis o ante un patrón de adjudicaciones a dedo que perpetúan la corrupción?
EL VÍNCULO ENTRE POLÍTICA Y NEGOCIOS OSCUROS
La relación entre Becsa y el Partido Popular valenciano tiene raíces profundas. Gabriel Batalla, accionista de la empresa, no solo confesó haber participado en la financiación ilegal del PP, sino que su firma ya había sido señalada en casos como Fabra 2, donde se descubrió que la constructora costeó gastos personales del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Este entramado empresarial y político revela un modus operandi donde los intereses privados prevalecen sobre el interés público.
Además, Becsa no es una desconocida para el equipo de Mazón. El secretario autonómico y jefe de gabinete del presidente, José Manuel Cuenca, trabajó previamente en esta empresa. ¿Es coincidencia que una compañía con vínculos tan estrechos con el PP obtenga contratos millonarios de emergencia?
Mientras tanto, las y los habitantes de municipios como Sot de Chera viven bajo la amenaza de una presa que aún no ha recuperado su estabilidad. El escenario de peligro declarado el pasado 31 de octubre refleja una infraestructura frágil y una respuesta que, aunque urgente, está cargada de sombras.
OPACIDAD Y DESIGUALDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA
La DANA dejó al descubierto más que la vulnerabilidad de las infraestructuras valencianas. También evidenció las grietas de un sistema donde las emergencias se convierten en terreno fértil para el lucro privado. La normativa permite las adjudicaciones directas en situaciones de crisis, pero ello no exime al gobierno de su obligación de transparencia y rendición de cuentas.
La Generalitat justificó la elección de Becsa argumentando su “conocimiento previo” de la infraestructura, ya que había ejecutado obras menores en la presa en 2022. Sin embargo, esa familiaridad no debería ser un cheque en blanco. La confianza en una empresa condenada por corrupción es una afrenta para una ciudadanía que, en medio del desastre, exige respuestas limpias y efectivas.
Por otro lado, la comunidad científica lleva años advirtiendo sobre el aumento de fenómenos extremos debido a la crisis climática. En lugar de reforzar las infraestructuras y planificar con antelación, los gobiernos siguen actuando a golpe de improvisación, dejando a las comunidades más vulnerables expuestas a riesgos crecientes. La emergencia climática no debe ser excusa para políticas públicas erráticas ni para perpetuar redes de poder corruptas.
La gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana no solo es un recordatorio de la fragilidad de nuestras infraestructuras, sino también de la debilidad de nuestras instituciones frente a la corrupción.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Ayuso convierte la maternidad en trinchera ideológica con su “ley del concebido no nacido”
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el próximo 2 de julio llevará a la Asamblea de Madrid un pleno extraordinario para debatir y aprobar la llamada “ley del concebido no nacido”. No es una anécdota parlamentaria. No es una medida técnica. Es una pieza más en la ofensiva reaccionaria que intenta reescribir los derechos sexuales y reproductivos con lenguaje administrativo, una carpeta institucional y una sonrisa de superioridad moral.
La propuesta reconoce al “concebido no nacido” como “miembro más de la unidad familiar”. Dicho así parece una fórmula burocrática. Pero no lo es. Es política pura. Y de la más peligrosa: la que pretende colarse por la puerta de las ayudas sociales para instalar una visión ultraconservadora de la maternidad, del cuerpo de las mujeres y de la familia. No están ampliando derechos: están moviendo el marco para que el embarazo pese jurídicamente antes que la vida material de las mujeres.
El pacto entre EE.UU. e Irán redibuja Oriente Medio y deja a Israel mirando el desastre
El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, firmado el 18 de junio por Donald Trump y Masoud Pezeshkian, ya tiene su etiqueta grandilocuente: el “gran pacto”, el “acuerdo del siglo”, la jugada histórica que supuestamente cerraría una etapa de guerra y abriría otra de negociación. La liturgia también fue cuidadosamente escogida. Trump lo formalizó en Versalles, al margen de la cumbre del G7, como si el decorado imperial pudiera maquillar lo evidente: las potencias no reconstruyen el orden internacional, lo reparten.
Es el primer pacto firmado por un presidente estadounidense y un presidente iraní desde la Revolución Islámica de 1979. No es un detalle menor. Tiene 14 puntos, prolonga el alto el fuego durante 60 días, incluye a Líbano y abre la puerta a negociar un arreglo permanente, incluido el programa nuclear iraní. Dicho así parece diplomacia. Pero la diplomacia, cuando llega después de miles de muertos, suele ser el nombre elegante del fracaso moral.
Israel rompe con Kaja Kallas porque ya no soporta que Europa pronuncie la palabra apartheid
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció el 18 de junio que rompe “todo contacto” con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. La razón, según él, es que Kallas habría comparado a Israel con la Sudáfrica del apartheid durante una visita a México el pasado mayo. No hablamos de una ruptura por una masacre, ni por la expansión colonial en Cisjordania, ni por el asedio a Gaza, ni por la normalización de un régimen de privilegio étnico, militar y territorial. Hablamos de una ruptura por una palabra.
Ahí está el asunto. Israel no rompe con quien bombardea, ocupa, desplaza, bloquea o coloniza. Rompe con quien señala.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.