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Reconocer a quien perpetuó el silencio: una paradoja moral insostenible
El reciente premio otorgado al papa Francisco en el contexto de los abusos sexuales sistemáticos dentro de la Iglesia católica pone sobre la mesa una verdad incómoda: las instituciones religiosas han sido, durante décadas, tanto el refugio como el manto que encubrió a los agresores. Mientras las víctimas siguen luchando por justicia, las palabras de agradecimiento del pontífice, enviadas mediante un mensaje grabado, parecen una bofetada a la memoria y al sufrimiento de miles.
El acto, organizado por varias asociaciones de víctimas, reconoció también la labor del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y de periodistas como Jesús Bastante e Iker Rioja, que han sido clave para exponer la verdad. Sin embargo, premiar al líder de una institución históricamente cómplice plantea una cuestión ética central: ¿es posible avanzar en justicia mientras se honra a quienes simbolizan el poder que permitió los abusos?
La Conferencia Episcopal Española, cuyas autoridades llegaron tarde al evento, continúa demostrando su indiferencia hacia las víctimas. En España, más de 900 casos documentados han salido a la luz desde 2020, aunque se estima que solo representan una fracción de la realidad. A pesar de los discursos llenos de buenas intenciones, los obispos españoles no han asumido responsabilidades reales. Mientras tanto, Bergoglio agradece el galardón con palabras vacías como “vale la pena luchar” sin acompañarlas de acciones concretas que reparen el daño.
En su intervención, Gabilondo afirmó que “una sociedad muestra su verdadero rostro en el modo en que escucha a los más vulnerables”. Pero la hipocresía institucional queda al descubierto cuando esta misma sociedad, a través de sus gobiernos y élites, sigue permitiendo que las estructuras de poder eclesiástico operen con opacidad y privilegios.
¿JUSTICIA O PROPAGANDA? EL PODER SE AUTOREGULA
El evento también destacó el discurso del arzobispo de Madrid, José Cobo, quien intentó justificar la lentitud de los cambios institucionales señalando que Francisco ha “iniciado procesos”. Este tipo de afirmaciones no son más que excusas que perpetúan la pasividad. Desde 2013, el Vaticano ha prometido transparencia, pero los mecanismos de rendición de cuentas siguen siendo débiles y controlados por la misma Iglesia.
Las víctimas de abusos, como Juan Carlos Cruz, han sido contundentes: “No dejaremos de estar presentes hasta que la última víctima reciba justicia, sin mendigarla”. Sin embargo, los testimonios parecen caer en saco roto cuando quienes deberían estar del lado de las víctimas, como el propio Defensor del Pueblo, optan por condecorar a figuras que representan el poder opresor.
Es irónico que el papa Francisco sea premiado por una labor que aún está incompleta. En su propio país, Argentina, los casos de encubrimiento por parte de la Iglesia siguen generando indignación. En España, las cifras del informe del Defensor del Pueblo revelan que más del 60% de las víctimas no denunció por miedo o desconfianza en el sistema. El premio al pontífice parece más un acto de propaganda institucional que un reconocimiento genuino a quienes han sido fundamentales para exponer estos crímenes.
El cardenal Cobo habló de “creer a las víctimas”, pero las acciones de la Iglesia muestran lo contrario. La institución no solo permitió, sino que protegió a los agresores, trasladándolos de parroquia en parroquia y dificultando el acceso a la justicia. El mismo informe presentado ante el Congreso deja claro que, en muchos casos, las denuncias fueron ignoradas o activamente bloqueadas por la jerarquía eclesiástica.
Las víctimas no necesitan palabras vacías ni reconocimientos hipócritas. Necesitan justicia.
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